PSOE, Podemos y la defensa del extesorero respaldaron la tesis del fiscal de que la operación buscó proteger al Ejecutivo y frustrar la investigación sobre la financiación irregular del PP
Regala esta noticia Añádenos en Google El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, en el primer día del juicio del 'caso Kitchen'. (EP) 02/07/2026 a las 15:56h.Las acusaciones cerraron filas este jueves en el juicio del 'caso Kitchen' con la tesis que ya sostuvo la Fiscalía al inicio de los informes ... finales: la operación desplegada desde el Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy no perseguía recuperar el dinero oculto de Luis Bárcenas, sino hacerse con la documentación comprometedora que el extesorero del PP conservaba sobre la financiación del partido y sus dirigentes para proteger al Ejecutivo y torpedear la investigación del 'caso Gürtel', que trataba de arrojar luz sobre la financiación irregular del PP. La Abogacía del Estado, siguiendo la línea del Ministerio Público, situó al exministro Jorge Fernández Díaz en la planificación y coordinación de ese operativo y la trama en sí como una operación que pretendía «robar» los papeles que pudieran comprometer al que fuera presidente del Gobierno por aquel entonces, mientras que la defensa de la familia Bárcenas, a cargo de la letrada María Giménez, resumió el supuesto móvil de la trama con una idea: «Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer al Gobierno».
Los servicios jurídicos del Estado incidieron además en que toda la operación se financió con fondos reservados, utilizados para sufragar los pagos al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, -que acabó siendo bautizado por el excomisario José Manuel Villarejo como 'chef'- cuya captación como confidente consideraron clave para el desarrollo del operativo, puesto que consideran que es el responsable de que la trama pudiese hacerse con la documentación y las grabaciones que guardaba Luis Bárcenas en su casa y en el taller de restauración de su mujer. La Abogacía sostuvo que ese empleo de los recursos públicos permitió levantar una «estructura opaca y paralela», dirigida desde los órganos superiores del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, que actuó al margen de la autoridad judicial -puesto que no reportaron a ningún juzgado las actividades que estaban desarrollando- con el único propósito de hacerse con información sensible del extesorero y proteger a los responsables políticos que podían verse afectados por la investigación de 'Gürtel'.
Las acusaciones
Tras la Abogacía del Estado tomó la palabra la letrada encargada de la defensa de la familia Bárcenas, que insistió en que la operación respondió a una decisión política adoptada desde la cúpula de Interior. Giménez sostuvo que el operativo convirtió durante casi dos años a Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y su hijo en «víctimas directas» de una vigilancia «ilícita», con seguimientos, interceptación de comunicaciones, volcado de dispositivos electrónicos y el uso de su entonces chófer, Sergio Ríos, como confidente, todo ello —dijo— sin autorización judicial y al margen de la investigación que desarrollaba la Audiencia Nacional.
La letrada rechazó, asimismo, la tesis de los acusados de que 'Kitchen' constituyera una operación de inteligencia destinada a localizar el patrimonio oculto del extesorero -como hizo también hace dos días el propio fiscal durante la lectura de su informe final. Recordó que, cuando el operativo se puso en marcha, la investigación judicial ya había identificado las cuentas de Bárcenas en Suiza y las comisiones rogatorias internacionales estaban dando resultado, por lo que calificó de «absurdo» sostener que ese fuera el verdadero objetivo. A su juicio, las vigilancias a Rosalía Iglesias, el acceso al taller de restauración donde trabajaba y el volcado de dispositivos electrónicos solo respondían al intento de apoderarse de la documentación que pudiera comprometer al PP y evitar, con ello, que esa información aflorara y pudiera «hacer caer al Gobierno».
Cerrando los turnos de palabras de las partes acusatorias, los letrados de PSOE y Podemos también respaldaron la tesis de la Fiscalía y situaron a Fernández Díaz en la «cúspide» de la presunta trama. La representante de los socialistas, Gloria de Pascual, apuntó que el exministro no fue «un mero pasivo» de la operación, como intentó exponer este durante su declaración, sino que participó activamente en la estrategia para utilizar la información obtenida de Bárcenas y en la transmisión de datos sobre el desarrollo del operativo. A su juicio, esta operación supuso una utilización de las instituciones del Estado para fines ajenos a la persecución del delito y quebró la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por su parte, Podemos defendió que los acusados conformaron una «organización criminal» cuyo objetivo era obstaculizar la investigación del caso Gürtel para proteger a la cúpula del PP. El abogado de la formación rechazó, como el resto de intervinientes de la jornada, la versión de Fernández Díaz, que negó conocer la operación, al sostener que tanto los mensajes intercambiados con su entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como las anotaciones del comisario José Manuel Villarejo evidenciaban su implicación. Según la acusación popular, esa estrategia se articuló mediante las presiones ejercidas sobre Bárcenas en prisión, la captación de su chófer como confidente, la obstaculización de la investigación policial y el intento de frustrar el procedimiento judicial.
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