El suelo todavía está mojado y apenas queda sitio para colocar las cámaras detrás del Oso y el Madroño. Son las 9.30 horas y la Puerta del Sol está copada por tiendas de campaña, lonas y grupos de personas con evidentes caras de sueño después de pasar la noche en la plaza. La noticia de que se retrasa el Consejo de Ministros provoca cierto nerviosismo entre los acampados, que aguardan en una calma expectante mientras el Sindicato de Inquilinas lanza su ultimátum al Gobierno: o aprueba el llamado "decreto Maricarmen" en los términos que reclama la organización o considerará que se ha puesto del lado de los propietarios e inversores.
"Hoy es el primer Consejo de Ministros después del desahucio de Maricarmen. Es la última oportunidad que tiene este Gobierno progresista de dejar claro que sí puede parar los pies al rentismo", ha asegurado Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, durante una rueda de prensa celebrada literalmente entre las tiendas. "Si nosotras hemos sido capaces de doblarle el brazo al rentismo, ¿cómo se podría explicar que no lo hiciera un Gobierno estatal?".
Las tiendas se extienden prácticamente de un extremo a otro de Sol: desde la estatua del Oso y el Madroño hasta la estatua ecuestre de Carlos III. Quedan despejadas la calzada que discurre frente a la sede de la Comunidad de Madrid y el corredor peatonal, utilizado también por vehículos autorizados, que pasa junto a establecimientos como Montero y Casa de Diego. En el resto de la plaza, a primera hora de la mañana resulta difícil encontrar un hueco libre.
La comparecencia ha comenzado, sin embargo, con el anuncio de que Maricarmen podrá regresar a la vivienda de la que fue desahuciada la semana pasada después de haber vivido allí durante 71 años. "Empezamos un día muy importante con una de las mejores noticias que podíamos recibir: Maricarmen va a poder volver a su casa después de algo que no tenía que haber pasado", ha afirmado Racu.
La portavoz ha recordado las imágenes del lanzamiento. "No teníamos que haber visto esas imágenes de una señora de 87 años siendo desahuciada de la casa en la que llevaba viviendo 71 años, donde simplemente quería vivir tranquila y morir tranquila". Racu ha denunciado además la actuación policial durante el desalojo: "Fuimos cientos de personas las que defendimos ya no solo su derecho a la vivienda, sino el derecho a la vivienda en nombre de todos, y lo que recibimos fueron palos, pisotones, dedos en los ojos y agarres en los cuellos".
El regreso, ha precisado, todavía dependerá de la decisión de la propia afectada una vez conozca las condiciones concretas que se le ofrecen. "Maricarmen va a poder volver a casa. Eso sí, si ella quiere, porque basta ya de que la última palabra siempre la tengan ellos. Por una vez la última palabra la va a tener Maricarmen", ha señalado. "Cuando sepa todas las condiciones del contrato, ella decidirá".
Racu también ha rechazado que el acuerdo pueda ser presentado como un éxito de las administraciones. "Esto no es una victoria de una gestión, ni del Ayuntamiento ni de la Comunidad, que son partes de este conflicto", ha dicho, antes de endurecer el reproche: "Más bien partes culpables, responsables directos de este conflicto". Según la portavoz, ambas administraciones "se habían negado a negociar una y otra vez, se habían negado a mediar una y otra vez y se habían negado a ofrecer una alternativa una y otra vez".
Con Maricarmen ya ante la posibilidad de regresar a su vivienda, la presión de los acampados se dirige este martes hacia el Consejo de Ministros. "Hoy solo aceptamos un decreto Maricarmen sin que se le cambie una única coma o lo que tendremos será un decreto falso", ha advertido Racu.
Para el sindicato, uno de los puntos fundamentales pasa por modificar el carácter temporal de los contratos de alquiler. "Lo que le pasó a Maricarmen no empezó el miércoles 23 de septiembre. Empezó mucho antes, muchos años antes. Empezó con ese primer burofax que le comunicaba que ese contrato iba a expirar", ha defendido. "Si de verdad queremos que no haya ni una Maricarmen más, es esencial ir a la raíz del problema".
Racu ha comparado esa reivindicación con la estabilidad que reclaman en el ámbito laboral. "Los contratos tienen que ser indefinidos para poder tener un plan de vida, para poder proyectarse a futuro, para poder pensar hacia dónde va tu vida. Necesitamos exactamente lo mismo con la vivienda", ha afirmado. "No puede ser que cada pocos años nuestra vida entera tenga que cambiar simplemente porque un rentista quiere hacer más dinero y puede expulsarnos de casa sin ningún tipo de justificación".
"Hoy, o decreto Maricarmen o decreto falso", ha resumido la portavoz. "El Gobierno tiene que decidir dónde se posiciona. Tiene que dejar muy claro si las casas son para vivir o si las casas son para especular". Incluso en caso de salir adelante, el sindicato considera la medida solo un primer paso: "El decreto Maricarmen solo tiene que ser el principio, jamás el final".
Decreto "racista" sobre Ceuta
Durante su comparecencia, Racu también ha vinculado la protesta por la vivienda con el otro asunto que, según ha señalado, llegará este martes al Consejo de Ministros: las medidas relacionadas con las devoluciones en Ceuta. La portavoz las ha calificado de "decreto racista" y ha afirmado que "los verdaderos invasores son los inversores inmobiliarios". "Los culpables jamás van a ser los migrantes. Los que nos están destrozando el país ya están aquí, llevan mucho tiempo aquí y están en oficinas, en edificios altos y trajeados, moviendo mucho dinero y dejándonos a todos en la calle simplemente para hacer negocio con nuestras vidas", ha asegurado.
De ahí el mensaje que el Sindicato de Inquilinas dirige esta mañana al Ejecutivo desde una Puerta del Sol ocupada por las tiendas: "Hoy el Consejo de Ministros va a tener que dejar claro de qué lado se pone: si del lado de la gente o del lado de los inversores y de los especuladores".