El abogado del PP ha criticado que se lucrasen de la compra de mascarillas mientras «los españoles morían por la pandemia»
Regala esta noticia Alberto Durán, abogado del PP. (Efe)Almudena Santos y Melchor Sáiz-Pardo
06/05/2026 a las 14:17h.La acusación popular, que ha liderado el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, lanzó durante la última sesión que acoge el Tribunal Supremo por el ' ... caso mascarillas' un alegato final en el que definió la gestión del Ministerio de Transportes durante la pandemia como una «organización criminal» que perseguía el lucro personal de los tres acusados, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Según el letrado, el exdirigente socialista habría liderado una estructura delictiva que aprovechó la emergencia sanitaria que comenzó a partir del 14 de marzo de 2020, cuando se declaró el estado de emergencia, para inyectar contratos públicos a la empresa Soluciones de Gestión a cambio de comisiones ilegales.
Durán, a lo largo de las dos horas que ha durado su alegato final, ha desgranado el «reparto de responsabilidades» de una trama donde «Ábalos hacía lo más grande, puesto que se encargaba de abrir las puertas necesarias», mientras Koldo García ejecutaba las gestiones y Víctor de Aldama se «incrustaba» en el Ministerio con información privilegiada. La acusación popular ha calificado, además, de «absolutamente vergonzoso» que, en el peor momento de la crisis sanitaria, los implicados «falsificaran pases de movilidad y llenaran coches oficiales con señoritas» o colocaran a su parejas en empresas públicas. Para el abogado, no hay duda de que existió un cohecho continuado alimentado por las famosas «chistorras», que según el desglose de los pagos en efectivo y los gastos del piso de la pareja del exministro, evidencian que «el propósito desde el principio era corromper a quien estaba fresco para ser corrompido».
Finalmente, la acusación ha subrayado que «enriquecerse no es un delito, lo que es un delito es hacerlo de manera ilegal», desarmando las justificaciones de la defensa sobre los incrementos patrimoniales de los implicados. El abogado ha insistido en que no existe una explicación lógica para que empresarios particulares costearan los gastos personales del exministro y ha tachado de «inconsistente» la versión de que el Ministerio no tuviera capacidad para auditar estas operaciones. Con un mensaje tajante, el letrado ha concluido que lo que se juzga es solo «una pequeñísima parte de todo lo que ha ocurrido», dejando la puerta abierta a las investigaciones que aún permanecen bajo secreto mientras recordaba que, en esta estructura, el poder político se puso al servicio de un negocio donde «se buscaban alojamientos vacacionales pagados con el dinero de todos» mientras el país vivía su etapa más oscura.
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