La acusación popular ha presentado este lunes su escrito de petición de pena para el futuro juicio ante un jurado popular del caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.
La dirección letrada de Hazte Oír, que unifica al resto de acusaciones personadas en el procedimiento, solicita 24 años de prisión para la esposa de Pedro Sánchez, a la que atribuye cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
La acusación popular pide, además, 22 años de cárcel para la asistente de Gómez Cristina Álvarez, y otros seis para Juan Carlos Barrabés, el empresario que supuestamente se benefició de diversos contratos con la Administración.
Peinado ha decidido enviar a juicio a Gómez por distintos hechos que según su criterio constituyen indicios de posibles delitos. En primer lugar, por haber aprovechado su condición de cónyuge de Sánchez para lograr decisiones públicas favorables a su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. También por haberse presuntamente apropiado del software de la cátedra, así como por haber tratado de aprovecharse económicamente económicamente de la plataforma digital que empresas como Google, Indra o Telefónica estaba construyendo en una cátedra que financiaban La Caixa y Reale Seguros.
Por otro lado, el instructor quiere que sea juzgada por haber encomendado a su asesora en Moncloa realizar cuestiones vinculadas a sus negocios particulares.
Sobre estos extremos, el escrito de acusación recoge que "desde el momento del nombramiento de su esposo como presidente del Gobierno, aumentó la proyección institucional de la investigada, así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados y su ámbito de relaciones sociales y posibilidades de acceder a los directivos de grandes empresas; siendo la misma consciente en todo momento de todo ello, y por tanto de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales. E igualmente accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios".
A lo largo de toda la instrucción del caso Begoña Gómez, la Fiscalía no ha presentado acusación alguna contra la mujer del presidente del Gobierno.
El pasado 13 de abril, el magistrado Juan Carlos Peinado dio por concluida la instrucción de la causa y dio cinco días a las partes personadas para que se pronunciaran sobre la apertura de juicio oral. La Sección 23 de la Audiencia de Madrid está en la actualidad pendiente de pronunciarse sobre el procesamiento de Gómez.
Por otro lado, entre el amplio listado de testigos propuesto por las acusaciones populares se encuentra el propio jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez. También el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el rector de la Universidad Complutense de Madrid Joaquín Goyache Goñi, el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio o el empresario Rosauro Varo, entre otros.
A la esposa del presidente del Gobierno, en concreto, la acusación popular le pide seis años de cárcel por tres presuntos delitos de tráfico de influencias (así como la prohibición de contratar con la Administración y obtener subvenciones durante 10 años), cuatro años de prisión por corrupción en los negocios (y seis de inhabilitación para comerciar), ocho años de cárcel por malversación (y 20 de inhabilitación absoluta), y seis años más por apropiación indebida.
Para el empresario Juan Carlos Barrabés, se piden dos años por tráfico de influencias (además de inhabilitación de 10 años para contratar con el sector público), y otros cuatro por corrupción en los negocios (junto con seis de inhabilitación para realizar negocios).
Las acusaciones populares consideran que "existiendo un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres acusados", derivado de la "gravedad de las penas solicitadas en el presente escrito", por lo que solicita que se le impongan como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte, con expresa prohibición de expedición de uno nuevo mientras dure el presente procedimiento y la obligación de comparecencia ante el Juzgado cada quince días.