Donald Trump durante la firma de las órdenes ejecutivas en el Despacho Oval. REUTERS/Evan Vucci
EEUU La Agencia Tributaria de EEUU se rinde a Trump: accede a no investigarle y crea un fondo para los agresores del CapitolioLos propios policías que defendieron el Capitolio el 6 de enero de 2021 acuden a los tribunales para frenar las compensaciones a sus agresores.
Más información: Trump rediseña el mapa mediático: dos colosos a su derecha, neutraliza a la CNN y solo tiene a Times enfrente
Itziar Nodal Publicada 22 mayo 2026 02:40h Las clavesLas claves Generado con IA
El presidente de Estados Unidos ha pactado el final de la demanda de 10.000 millones de dólares que presentó contra el IRS, la agencia tributaria estadounidense, por la filtración de sus datos fiscales.
El acuerdo extrajudicial no solo pone fin al pleito. También crea un fondo público de 1.776 millones de dólares para supuestas víctimas de la “persecución política” del Estado.
Añade además una cláusula que protege a Trump, a su familia y a sus empresas frente a auditorías fiscales pasadas. En Washington, donde la palabra “sin precedentes” se ha desgastado durante la última década, el caso ha vuelto a poner a prueba los límites.
Trump busca un nuevo Charlie Kirk: el voto joven puede decidir las próximas elecciones, pero no tienen líderes que seguirEl demandante era Trump. El Gobierno demandado estaba encabezado por Trump. Y el acuerdo final beneficia política y fiscalmente a ese mismo Trump.
Una demanda imposible
El origen del conflicto está en una de las heridas que Trump nunca ha dejado de exhibir. Una investigación del New York Times publicada en 2020 sobre sus declaraciones fiscales.
Los documentos revelaron que Trump había pagado solo 750 dólares en impuestos el año en que ganó las elecciones de 2016. La misma cantidad que abonó tras su primer año en la Casa Blanca. En diez de los quince anteriores, según aquella investigación, no había pagado nada.
La cifra era políticamente demoledora. No porque pagar pocos impuestos sea necesariamente ilegal, sino por lo que revelaba sobre la distancia entre el personaje y sus cuentas.
Trump se presentaba como un magnate de éxito, dueño de rascacielos, hoteles y campos de golf, y aseguraba tener una fortuna de miles de millones.
Pero sus declaraciones fiscales mostraban años de pérdidas, deducciones agresivas y una contribución fiscal inferior a la de la mayoría de trabajadores de clase media.
Para un presidente que había construido su carrera política sobre la imagen del empresario triunfador, aquellos 750 dólares abrían una pregunta incómoda: si no era tan rico como decía o si, por el contrario, había estafado a Hacienda.
La filtración salió de la propia Agencia Tributaria. Charles Littlejohn, un contratista del IRS, fue condenado por ello a cinco años de cárcel por robar datos fiscales de Trump y de miles de contribuyentes ricos.
Para Trump, aquello encajaba en el relato que lleva años repitiendo: el de un aparato federal dispuesto a perseguirle. Para sus críticos, explicaba otra cosa: por qué el presidente había roto en 2016 con décadas de tradición y se había negado a publicar sus declaraciones.
El pasado enero, un año después de regresar a la Casa Blanca, Trump decidió llevar esa herida a los tribunales. Demandó al IRS y al Departamento del Tesoro y reclamó la desproporcionada cantidad de 10.000 millones de dólares por la filtración.
En la demanda también figuraban sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, además de la Trump Organization. La causa colocaba al tribunal ante una situación insólita: el presidente pedía una indemnización al Gobierno que él mismo dirige.
La jueza que llevaba el caso, Kathleen Williams, pidió aclaraciones sobre si realmente había dos partes enfrentadas. No llegó a escucharlas. Antes de que la Administración respondiera, Trump y el departamento de Justicia que él mismo dirige llegaron a un acuerdo.
Una caja para los "perseguidos"
El republicano no cobrará directamente los 10.000 millones que reclamaba. Tampoco sus hijos ni la empresa familiar recibirán dinero del nuevo fondo. A cambio, obtendrán una disculpa formal.
Pero la solución pactada no está libre de polémica. El Departamento de Justicia ha creado el Anti-Weaponization Fund, un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a quienes aseguren haber sido víctimas del uso político del aparato judicial y federal.
La cifra tiene carga simbólica: 1776 es el año de la Declaración de Independencia. Pero el problema no está en el guiño patriótico. Está en quién puede acabar cobrando.
El fondo estará en manos de una comisión nombrada desde el Departamento de Justicia. Según el acuerdo, el presidente podrá apartar a sus miembros.
Esa comisión estudiará reclamaciones por investigaciones, procesos judiciales, costes legales o daños reputacionales atribuidos a la supuesta "persecución" del Estado.
Los demócratas lo han tildado de "caja opaca para premiar lealtades" y más de 90 congresistas han intentado bloquear el acuerdo. El temor no es abstracto.
El fondo puede beneficiar a algunos de los nombres más sensibles del universo trumpista: los indultados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Trump no ha querido cerrar esa puerta. Preguntado por si quienes cometieron violencia contra policías del Capitolio podrían recibir pagos, respondió que dependerá de la comisión encargada de estudiar los casos.
La respuesta pesa porque llega después de una cadena de decisiones en la misma dirección. Primero, Trump indultó a más de 1.500 acusados por el asalto al Capitolio.
Después, su Departamento de Justicia pidió anular algunas de las condenas más graves que quedaban en pie. Ahora, su Gobierno crea un mecanismo que puede compensar a algunos de ellos presentarse como víctimas del Estado.
Dos agentes que defendieron el Congreso aquel día, Harry Dunn y Daniel Hodges, han acudido a los tribunales para intentar bloquear los pagos. Sostienen que el Gobierno podría acabar indemnizando con dinero público a personas vinculadas a la misma violencia que ellos sufrieron.
Hacienda deja de mirar atrás
Por si el acuerdo no hubiera provocado suficiente estupor, la parte más delicada ha llegado después. El Departamento de Justicia ha publicado un documento adicional, firmado por el fiscal general interino, Todd Blanche.
En él, el Gobierno se compromete a no seguir adelante con asuntos fiscales pendientes relacionados con Trump, su familia, sus empresas o entidades vinculadas por declaraciones anteriores al 18 de mayo de 2026.
En la práctica, Hacienda queda apartada de posibles reclamaciones fiscales pasadas contra el presidente y su círculo empresarial. La cláusula no es menor. Una auditoría desfavorable podía costarle a Trump más de 100 millones de dólares.
Trump entra en crisis: retiene a los republicanos acérrimos pero pierde a los moderados que deciden las eleccionesLa operación ha dejado también señales de incomodidad dentro del propio Gobierno. Brian Morrissey, el principal abogado del Departamento del Tesoro, ha dimitido tras conocerse el acuerdo.
Trump lo presenta como una reparación histórica. Asegura que mucha gente fue “horriblemente tratada” por el Gobierno y que el fondo servirá para corregir abusos.
Durante años, el presidente ha sostenido que el Estado había sido utilizado contra él. Ahora, desde la Casa Blanca, ha convertido ese relato en una disculpa para su familia, un fondo para los suyos y una orden para que Hacienda deje de mirar al pasado.
Todo ello firmado por el Gobierno que él mismo dirige.