Tengo un librito escrito sobre la Ley de Amnistía aprobada como contrapartida al apoyo del independentismo catalán a la investidura de Sánchez (Athenaica, 2024). En él no se alude ni una sola vez a la Unión Europea. Primero, porque entendía que los hechos y delitos amnistiados solo afectaban tangencialmente al Derecho comunitario. Segundo, porque conozco el paño moral de la burocracia judicial europea, expresado en el reguero de sentencias sobre la ya olvidada euroorden: el nacionalismo de los Estados es antiguo y cutre, mientras que el derecho de autodeterminación de los pueblos oprimidos -Cataluña, sin ir más lejos- es respetable, legítimo y hasta sofisticado. Basta viajar un poco para saberlo.
Las cuestiones prejudiciales de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas eran una suerte de obstaculización procesal -resistirse a lo inevitable- que ha terminado despejando el Tribunal de Justicia de la Unión. Lo ha hecho, a mi modo de ver, de manera un tanto naíf. No era necesario enfatizar que en Cataluña había un "conflicto político" vinculado al proceso independentista o que la Ley de Amnistía ha contribuido a reducir las tensiones institucionales en España. Simplemente, porque más que hechos contrastados parecen opiniones periodísticas.
Con todo, lo peor es el asunto sobre la posible suspensión de la eficacia de la directiva sobre delitos de terrorismo. Aquí el Tribunal de Justicia dice, sin mayor desarrollo ni motivación, que un Estado miembro puede limitar el efecto útil de una directiva si los actos y hechos perdonados no han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos. ¿Derecho comunitario a la carta? Pues esa es la impresión: basta con hacer una ley de amnistía, manifestación de la soberanía interna, que se entienda como no arbitraria o que no deteriore sistémicamente el Estado de derecho europeo.
Es muy posible que hoy haya en España muchos ciudadanos enfadados con las dos decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia. No se azoren. Como he defendido siempre, el problema de la amnistía era y es básicamente interno. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, las Cortes, motivadamente, podrían llegar a amnistiar a toda la clase política condenada por corrupción alegando, por ejemplo, la existencia de lawfare. Bastaría un largo preámbulo de un jurista con alma de literato. Y tampoco la Unión diría o haría gran cosa: según Bruselas y Luxemburgo, aún no somos ni Hungría ni Polonia, aunque todo es cuestión de tiempo.