Teresa Peramato, el pasado 11 de diciembre, en su toma de posesión, con su antecesor, Álvaro García Ortiz./ EP
Tribunales La Asociación de Fiscales, "indignada" por la "insuficiente explicación" de Peramato sobre las reuniones con Leire DíezLa organización mayoritaria ve comprometida la "credibilidad" de la fiscal general y pregunta: "Si aquello carecía de relevancia, ¿por qué se informó a García Ortiz? Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características? ¿Quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional?".
Más información: La mano derecha de García Ortiz se reunió al menos dos veces con la 'fontanera' del PSOE sin informar a Anticorrupción
María Peral Publicada 10 junio 2026 20:41h Las clavesLas claves Generado con IA
La Asociación de Fiscales ha expresado esta tarde su "profunda indignación" por la "insuficiente respuesta" de la fiscal general, Teresa Peramato, sobre la presencia en la sede del Ministerio Público "de una persona vinculada a un grupo criminal que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera", en referencia a la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez.
La AF, cuya representación mayoritaria en la carrera acaba de ser revalidada en las recientes elecciones al Consejo Fiscal, ha reaccionado ante la respuesta que Peramato ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a Díez y a dirigentes del PSOE como Santos Cerdán, entre otros, por haber llevado a cabo maniobras para desestabilizar procesos judiciales que afectan al partido y, en particular, al entorno de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tras recordar que los fiscales "nos debemos a la legalidad y a la sociedad", la Asociación de Fiscales sostiene que la explicación ofrecida por la Fiscalía General "es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones esenciales".
Destaca, a este respecto, que la primera reunión admitida entre la mano derecha del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, y Leire Díez, el 6 de marzo de 2025, "tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera del horario ordinario de atención al público y con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución".
"El vago comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado reconoce la existencia de reuniones mantenidas con un letrado [Jacobo Teijelo, también investigado como miembro de la trama] y afirma expresamente que en ellas éste 'informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante'".
"Sin embargo", señala la AF, "no consta la apertura de diligencias encaminadas a verificar tales informaciones ni la adopción de actuación alguna conforme a los cauces ordinarios previstos por la propia institución".
En concreto, "no se explica la aplicación de los criterios establecidos en la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado sobre la actividad extraprocesal en la investigación penal, precisamente el instrumento llamado a regular la respuesta institucional ante comunicaciones de esta naturaleza".
"Resulta especialmente llamativo que esta ausencia de actuación se produzca respecto de una Circular elaborada cuando Diego Villafañe desempeñaba responsabilidades directamente vinculadas a la preparación y elaboración de los documentos internos de la Fiscalía General del Estado", recuerda.
La Asociación de Fiscales considera que "si los hechos comunicados carecían de la mínima relevancia penal, resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos responsables de la institución. Si, por el contrario, merecían algún grado de atención, resulta igualmente difícil entender por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación".
Subraya el hecho de que se haya admitido también que Villafañe dio cuenta al entonces fiscal general, García Ortiz, pese a decirse que se trató de una reunión inocua.
"Si aquello carecía de relevancia, ¿por qué se informó al fiscal general? Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características? ¿Quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional? ¿Se concertó una cita con él y por eso hubo que dar cuenta?", pregunta la AF
"La transparencia no es opcional", defiende esta organización. "Nos encontramos ante hechos que afectan directamente a instituciones esenciales del Estado, entre ellas la propia Fiscalía General. En una situación así, la obligación de transparencia debe ser máxima. La confianza de la ciudadanía en las instituciones exige explicaciones completas, verificables y públicas. La falta de aclaraciones no protege a la institución; por el contrario, compromete la credibilidad de la propia fiscal general".
Para la AF, era el momento de "reivindicar los valores constitucionales que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal" y "rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia. Era también el momento de defender la honorabilidad de los fiscales afectados", muchos de ellos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, con su jefe, Alejandro Luzón, a la cabeza.
"Nosotros sí lo hacemos. Defenderemos a quienes fueron objeto de señalamientos, del mismo modo que defenderemos el prestigio de toda la carrera fiscal", dice el comunicado.
La Asociación de Fiscales afirma que "lo ocurrido no puede quedar reducido a una explicación genérica e insuficiente. Y la evolución profesional de los responsables en este marco es aún más denunciable", en referencia a la promoción de Villafañe a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
"La Fiscalía General del Estado debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución", reclama.
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