La esposa del presidente del Gobierno se sentará en el banquillo ante un jurado para responder por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Así lo ha acordado este jueves por unanimidad el Pleno de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, encargada de revisar los recursos contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado en la causa en torno a Begoña Gómez.
Se trata de dos de los cuatro delitos que se le atribuían. Otro de ellos, el de la apropiación indebida del software de su cátedra en la Complutense, el tribunal lo reconduce al delito de malversación, en el que también entra el uso de su asesora en La Moncloa como ayudante en las actividades profesionales privadas. El cuarto delito, el de corrupción en los negocios, queda eliminado de la causa al estimar la Sala que no hay inicios de su comisión.
En la misma resolución, el tribunal retira las medidas cautelares sobre la esposa del presidente del Gobierno, a la que Peinado había prohibido salir del país sin autorización y obligaba a comparecer cada 15 días.
Los cinco magistrados de que integran la Sección también ratifican que se siente ante el jurado junto a Begoña Gómez su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. En su caso, solo por el delito de malversación y en lo referido a su presunta colaboración para aprovecharse del software que era propiedad de la universidad.
Al tercer acusado, el empresario Juan Carlos Barrabés, se le aparta del juicio con jurado. El tribunal no ve indicios suficientes en su caso del delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que se le atribuían.
Eso no implica que quede exonerado penalmente. La Sala cree que el supuesto favorecimiento por parte de Begoña Gómez, que aportó cartas de recomendación para adjudicaciones públicas a su empresa, podría suponer un delito de prevaricación. Se trata de un delito que no puede ser juzgado por un jurado y que aún no está suficientemente investigado, por lo que la Audiencia acuerda tramitarlo de forma separada y que, si finalmente hay indicios para ello, sea juzgado ante un tribunal profesional, no un jurado.
El balance del tribunal sobre la esposa de Pedro Sánchez es que existen indicios de "su participación en unos presuntos delitos de tráfico de influencias cometidos por particular tanto en relación con la creación de la cátedra como en la intermediación en favor de Juan Carlos Barrabés y malversación de patrimonio público cometido por funcionario público en relación tanto al destino del software como en la utilización para fines privados de su asistente personal, designada como esposa del Presidente de Gobierno".
La decisión del tribunal de retocar los delitos y los acusados que van ante el jurado supondrá cierta demora en la causa, ya que deben repetirse ciertos pasos que ya se habían dado.