La Sala rechaza la suspensión cautelarísima solicitada por el SUP y permite que siga adelante la ocupación de 16.000 metros cuadrados pese a que la Autoridad Portuaria había considerado el proyecto incompatible con la normal explotación del recinto
Regala esta noticia Añádenos en Google Trabajos de construcción del campamento en el puerto de Ceuta. (Laura Rincón/Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Javier Arias Lomo
17/09/2026 Actualizado a las 15:27h.La Audiencia Nacional ha levantado el ... en la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para suspender de inmediato El SUP acudió a la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Transportes de 5 de septiembre que autorizó la utilización temporal de los terrenos. El proyecto contempla la instalación de carpas y espacios de descanso, enfermería y dispensario, zonas de atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal y una caseta de seguridad. La autorización se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, aunque deja abierta una eventual prórroga. El proyecto contempla la instalación de carpas y espacios de descanso, enfermería y dispensario, zonas de atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal y una caseta de seguridad Uno de los datos más relevantes que revela el auto está en la tramitación previa del expediente. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta había rechazado el 4 de septiembre la ocupación de los terrenos al considerar que resultaba «incompatible con la normal explotación del puerto». El expediente fue elevado posteriormente a Puertos del Estado, que informó favorablemente al proyecto al apreciar razones de interés general, aunque condicionó la instalación a la adopción de medidas que asegurasen su compatibilidad con la seguridad, la protección y la actividad ordinaria del recinto. La Audiencia Nacional reconoce que el asunto reúne el requisito de «especial urgencia» por la inminente ocupación de los 16.000 metros cuadrados para la atención humanitaria de migrantes. Sin embargo, después de ponderar los intereses enfrentados, concluye que esa circunstancia no justifica paralizar cautelarmente el proyecto. El SUP había planteado un escenario de riesgo muy distinto. En su recurso sostiene que no consta suficientemente acreditado el cumplimiento de los controles exigibles en materia de seguridad portuaria, emergencias, incendios, protección civil y prevención de riesgos laborales. También denuncia que no existe constancia de una evaluación específica sobre las condiciones en las que deberán prestar servicio los policías destinados al nuevo dispositivo. La SUP también denuncia que no existe constancia de una evaluación específica sobre las condiciones en las que deberán prestar servicio los policías destinados al nuevo dispositivo El sindicato advierte además de la eventual proximidad de instalaciones relacionadas con el almacenamiento o distribución de combustibles, energía eléctrica y otros servicios esenciales. A su juicio, esa circunstancia obligaba a activar los mecanismos propios de protección de infraestructuras críticas y convertía en potencialmente irreversible la puesta en funcionamiento del centro sin haber completado previamente todas las garantías. Los magistrados no entran todavía a decidir si esas objeciones son fundadas. La clave de su resolución es otra: consideran que las preocupaciones expresadas por el sindicato afectan a la forma concreta en que funcionará el centro y a las condiciones en las que trabajarán allí los agentes, mientras que la resolución ahora recurrida se limita a autorizar la ocupación temporal del terreno. La Sala subraya que la decisión del Ministerio de Transportes «no hace pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones» en las que se prestará la atención humanitaria ni sobre las condiciones de servicio de los policías. Esas cuestiones, recuerda, deberán desarrollarse posteriormente. La propia autorización establece que Interior deberá colaborar activamente y aportar los medios necesarios para reforzar la seguridad de las instalaciones. El tribunal destaca además que Puertos del Estado informó favorablemente de la ocupación y que la resolución administrativa exige adoptar las medidas necesarias para garantizar la compatibilidad del dispositivo con «la seguridad, protección y normal explotación del puerto». Con esos argumentos, la Audiencia concluye que, «sin entrar en cuestiones de fondo», no está justificada la suspensión solicitada. La resolución deja así abierta la continuación del procedimiento principal, en el que sí podrán discutirse con mayor profundidad las objeciones planteadas por el SUP, pero elimina el obstáculo inmediato que impedía ejecutar la autorización. El Gobierno, por su parte, no ha tardado en celebrar la decisión. Fuentes del Ejecutivo recalcan su satisfacción por la celeridad con la que la Audiencia Nacional ha resuelto el recurso interpuesto y recuerdan que esta medida permite «desbloquear con urgencia una situación crítica» y «ofrecer una respuesta habitacional inmediata» a quienes actualmente se encuentran pernoctando en las calles de Ceuta. Asimismo, desde Moncloa insisten en que los terrenos del Puerto se erigen como la opción más idónea para el despliegue del operativo. Subrayan que la ubicación cuenta con todas las garantías de seguridad necesarias, lo que «permitirá llevar a cabo la atención y gestión humanitaria de forma eficiente y coordinada». El propio Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y responsable del mando único creado para la gestión de la crisis en la ciudad ceutí, colgaba un mensaje en 'X' minutos después de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional. «Acabamos de recibir el auto de la Audiencia Nacional que levanta la suspensión del traslado de 1.700 personas migrantes a espacios habilitados en el Puerto de Ceuta. Una magnífica noticia, que nos permite seguir trabajando para alcanzar, lo antes posible, la normalidad en la Ciudad Autónoma», reza el texto. Moncloa, satisfecha
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