La Audiencia Nacional ha detenido al empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu por blanqueo de capitales en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. La Fiscalía Anticorrupción ya puso el foco en este ex banquero radicado en Suiza al principio de las pesquisas tras la información facilitada por Francia y el país helvético en relación con las operaciones de préstamo de la aerolínea española de capital venezolano y lo sitúan como una pieza relevante de la trama.
Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a la investigación, la detención se practicó el pasado miércoles en la isla caribeña de Aruba. El empresario, clave dentro del presunto entramado delictivo, fue además registrado. Asimismo, el objetivo del juzgado que dirige José Luis Calama es poder poner en marcha los trámites de extradición para tomar declaración en España a este empresario. El Ministerio Público atribuye a Baca el lavado de fondos de origen ilícito a través de diversas operaciones inmobiliarias así como mediante la concesión de préstamos a la compañía aérea Plus Ultra. La investigación que gravita en torno a esta compañía tiene su génesis, precisamente, en este tipo de operaciones, a las que recurrió la compañía aérea en plena pandemia para intentar solventar sus graves problemas de liquidez.
Junto a Baca, el Ministerio Público ubica como vértice de este entramado, que llegó a facilitar a la aerolínea 1,3 millones a través de sociedades off shore establecidas en Suiza y Reino Unido, al financiero Simon Leendert Verhoeven. La investigación judicial, que se encuentra en estos momentos bajo secreto, arguye que los imputados, entre los que se encuentran además los máximos ejecutivos de Plus Ultra, su presidente Julio Martínez Sola y su mano derecha, Roberto Roselli, reintrodujeron en el circuito legal fondos de origen ilícito a través de las referidas operaciones de préstamo. Estos fondos, que fueron otorgados a la aerolínea con intereses del 9%, fueron devueltos con cargo al rescate de 53 millones aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. De ahí que en los autos dictados tras las primeras detenciones practicadas el pasado mes de diciembre se atribuyera a los investigados «la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales con utilización de fondos públicos».
Junto a los financieros vinculados a estas operaciones de préstamo también fue detenido el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y asesor externo de Plus Ultra.
Martínez, al que le fueron intervenidos entre 300.000 y 400.000 euros en su domicilio, fue contratado por la compañía para realizar labores de conseguidor ante las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro. Tal y como ha desvelado este periódico, Plus Ultra le encargó la negociación para lograr el aplazamiento de una deuda millonaria de combustible o la agilización de todo tipo de trámites operativos.
Martínez percibió por sus servicios una cantidad que osciló entre los 600.000 y los 700.000 euros y transfirió 660.000 euros a Zapatero y a la empresa de marketing digital de sus dos hijas. Estos últimos esgrimen la realización de labores de asesoría para Julito. Este empresario de origen alicantino asegura que no tiene vinculación alguna con los préstamos investigados, defiende la legalidad de sus servicios de consultoría y desvincula al histórico dirigente socialista de cualquier tipo de irregularidad.