El juez de la Audiencia NacionalJosé Luis Calama, en coordinación con la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, han solicitado a los ex directivos de Plus Ultra imputados, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, que aporten las actas de las reuniones que mantuvieron con la Sepi antes de que el Gobierno accediera a conceder el rescate de 53 millones de euros de ayudas públicas a la aerolínea.
Tal y como avanzó ayer EL MUNDO, tanto el instructor como la representante del Ministerio Público han decidido profundizar en las condiciones que rodearon al polémico rescate.
Fuentes jurídicas consultadas explican que se les han reclamado las actas de las reuniones con la Sepi así como diversa documentación bancaria y de distintas sociedades.
Los abogados de los ex directivos, de acuerdo con la estrategia colaboración que han decidido establecer con la Justicia, se comprometieron a recabar toda la información solicitada y aportarla al juzgado en lo sucesivo.
Distintas fuentes presentes en la declaración del ex CEO Roselli añaden, además, que las respuestas del ex directivo han reflejado el escaso control de la Sepi sobre la situación financiera real de Plus Ultra. El investigado era en esas fechas responsable financiero de la aerolínea.
Parte del interrogatorio se ha centrado en los créditos que Plus Ultra había recibido para sanear su situación financiera y poder así reclamar el rescate de 53 millones. Roselli ha declarado que la Sepi no indagó en esos créditos, ni controló adónde fue destinado el dinero del rescate pese a que los préstamos que tenían origen en paraísos fiscales y ahora están bajo sospecha.
Otra parte de las preguntas formuladas por el juez y la fiscal viró en torno a la propia legalidad del rescate, tal y como había hecho el lunes Anticorrupción al interrogar al ex presidente Martínez Sola.
El control venezolano
La fiscal volvió a poner el foco ayer en el hecho de que el venezolano Rodolfo Reyes y su esposa, la española Aurora López, llegaran a atesorar el 64% de la compañía. Los investigadores sospechan que Plus Ultra no cumplía con los requisitos legales para ser rescatada por el Consejo de Ministros.
En concreto, persiguen saber cómo una empresa controlada por capital extranjero pudo acceder a las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia del Covid. No en vano la fiscal Lorente llegó a preguntar al ex CEO de Plus Ultra si tenía conocimiento desde cuándo tenía la nacionalidad española López, a lo que Roselli respondió que no.
Por otro lado, el ex CEO declaró ayer ante el juez Calama que «el Grupo Zapatero» recibió una comisión del 1% por interceder para la concesión del rescate. El investigado ratificó así el contenido del escrito remitido en julio a la Audiencia Nacional, así como la declaración del lunes en la misma línea del ex presidente de la compañía, Julio Martínez Sola.
Roselli abundó en que se trataba de una comisión «a éxito» que se desembolsaba si Plus Ultra recibía la ayuda de 53 millones de euros, algo que finalmente sucedió en marzo de 2021. Añadió que Plus Ultra supo con unos días de antelación que iba a recibir la ayuda pública.
Fue a través de una llamada de la considerada mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, 'Julito', a Rodolfo Reyes. El 26 de febrero les informó de que la decisión se había tomado. El 2 de marzo recibieron la información oficial de que la Sepi respaldaba la ayuda y el 9 de marzo el Consejo de Ministros la formalizó.