Causa frustración. Tienes hambre, sed o un antojo. Hechas la moneda o pasas la tarjeta, seleccionas el producto y... no cae. Se queda atascado. Entonces, es habitual golpear la máquina para hacer caer lo elegido o, incluso tumbar el vetusto aparato, dándole meneos. Pues así se siente la cúpula del PSOE. En pleno goteo de investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que cercan al partido de Gobierno, la estrategia pasa por ir al ataque, bajo la premisa dada hace días por Pedro Sánchez de resistir. En el centro de poder socialista abrazan la teoría de la máquina de vending.«Como no la puedes tumbar de una vez, hay que ir dándole golpes, meneos, hasta que la derribas. Pues eso es lo que quieren hacer con nosotros», explican desde la cúpula del partido.
La entrada de la UCO en Ferraz, en el marco de la investigación judicial en torno a las denominadas cloacas del PSOE -una presunta trama en el seno del partido, según el juez, liderada por Santos Cerdán para perseguir a jueces, fiscales y la UCO- ha afianzado en las altas esferas y el núcleo cercano a Sánchez la hipótesis de que hay una «campaña», una confabulación para derribarlos del poder. Esta sensación lleva instalada meses, pero ahora, tras el impás del caso Zapatero, vuelve a cobrar peso.
«Sólo hay que ver la cadencia de las noticias», desliza un miembro del Gobierno. Hasta un político con áurea de moderado como Salvador Illa, presidente de Cataluña, verbaliza esta sensación de ser víctimas de una persecución: «No soy ingenuo. Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es». Hace mucho tiempo que los socios a la izquierda del PSOE advierten y alimentan sobre una teoría acerca de un «golpismo» o una «guerra sucia» en marcha, que implicaría a partidos, organizaciones, medios, jueces... Y que ahora abraza ya sin tapujos el PSOE. «Al gobierno se llega con votos, no con atajos», lanzó Sánchez a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.
Así ven la situación, en palabras del ministro Óscar Puente, que actuó ayer como portavoz oficioso de La Moncloa y Ferraz: denuncian abiertamente «métodos no democráticos» para tratar de «derribar al Gobierno» ante la acumulación de causas judiciales que afectan al entorno de Sánchez. «Parece que los tiempos de la Justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente», añadió. En esos «golpes» deslizan una connivencia de intereses políticos, el foco al PP, y judiciales con el fin último de derribar al Ejecutivo.
Como ha sucedido en otros momentos muy comprometidos, son ministros como Puente u Óscar López, de mucho peso político, los que hacen de escuderos de Sánchez, tratando de proteger al líder. «Ellos dicen lo que el presidente no puede, pero piensa», señalan fuentes del Ejecutivo.
En la dirección del PSOE inciden en la teoría de la conspiración contra Sánchez, que definen como «la tormenta perfecta» antes del verano porque después la gente «se despistará» con el Mundial de Fútbol y las vacaciones. «¿Todas las cosas en los mismos días? Es sospechoso», deslizan apuntando a que las últimas actuaciones judiciales se enmarcan en una estrategia de «acoso y derribo».
Además, se afanan por incluir en el argumentario que el nuevo escándalo por las presuntas maniobras de la llamada fontanera Leire Díez para perseguir a jueces, fiscales y la UCO está «encapsulado» en los casos que afectan al «triángulo tóxico» de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, por el que el presidente pidió disculpas hace un año. Recuerdan que todos están ya «fuera» del partido.
En esta ocasión, sin embargo, ha sido imputada también la actual gerente del partido, Ana María Fuentes. En la cúpula socialista descartan por ahora tomar medidas contra ella, a pesar de que el juez Pedraz le atribuye un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de «facturas mendaces». Justificaban que operaba en un contexto de «confianza» y de «jerarquía» a las órdenes de Cerdán y no hacía comprobaciones de lo que este le ordenaba.
El goteo de investigaciones que cercan al PSOE y la exigencia de explicaciones de los socios, sin llegar a romper, obligaron a Sánchez a pedir su comparecencia en el Congreso.