La legisladora precisó que “el dictamen que se presenta no prohíbe de manera absoluta los teléfonos celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática. Entendemos que sólo restringir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo. Además, una limitación total podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos”.
Por su parte, Laura Alejandra Álvarez, diputada del Partido Acción Nacional y promotora de la reforma, indicó que el 75% de los docentes consideran que los estudiantes se distraen constantemente con sus teléfonos durante las clases. Añadió que, además de las repercusiones académicas, el uso permanente de dispositivos sin vigilancia también representa un riesgo para la seguridad y la integridad de niñas, niños y adolescentes.
En México, de acuerdo con Álvarez, más de 3 millones de adolescentes han sido víctimas de ciberacoso o explotación sexual en línea. “Ante esta realidad, la iniciativa que presenté buscaba establecer protocolos y acciones que limitaran el uso y portación de celulares en escuelas primarias y secundarias, además de impulsar un empleo responsable y consciente de la tecnología”, subrayó.
destacó que el objetivo no es demonizar las herramientas digitales, sino comprender sus alcances y efectos en el desarrollo de las nuevas generaciones para construir entornos más saludables, menos competitivos y más solidarios dentro y fuera de las aulas.“Hablar del uso de tecnologías digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental es un imperativo que nos incumbe a todas y todos, por el presente y el futuro educativo de este país. Necesitamos una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías”, concluyó.