A la división cronificada del movimiento feminista que se hace palpable cada 8-M y 25-N se le va a sumar este domingo el enfrentamiento con el Ministerio de Igualdad de una de sus facciones. La Comisión 8-M, entidad convocante de la manifestación que apoya la llamada Ley Trans y que no tiene una posición definida sobre la abolición de la prostitución, ha cargado contra el departamento que dirige Ana Redondo por intentar "anular la libertad de pensamiento del movimiento feminista", en referencia a la intención del Ministerio de hacer que aquellas asociaciones que quieran percibir subvenciones públicas reconozcan "expresamente" la prostitución como "forma de violencia contra las mujeres" en sus estatutos.
El abolicionismo de la prostitución es uno de los vértices que divide al feminismo. Este domingo las dos facciones del movimiento (que se divide entre las abolicionistas y contrarias a la Ley Trans y las partidarias de dicha norma y sin postura clara sobre la prostitución) volverán a marchar en dos concentraciones separadas. La manifestación que convoca la Comisión 8-M en Madrid partirá a las 12.00 horas desde Atocha y, en una ruta hasta Sevilla, realizarán paradas "en torno a Palestina y el antimilitarismo, el antiracismo, las violencias y derechos sexuales y reproductivos, las disidencias y el desarrollo de la Ley Trans y", en concreto, una específica para protestar en torno al "tema de las subvenciones".
A juicio de esta asociación, el Gobierno de Pedro Sánchez "está imponiendo un marco ideológico en un tema sobre el que no hay consenso social, ni legal, ni dentro de los feminismos ni en las calles". De ahí que consideren que este movimiento de Igualdad supone un "ataque al derecho de libertad de asociación" y lo ven como un "veto ideológico". Por ello, han expresado las portavoces, quisieran "que el Ministerio escuchrara al movimiento feminista organizado, que escuche las voces colectivas de las personas que hacemos el trabajo diario" porque consideran que "esto supondría un peligro en la investigación y prevención de las violencias machistas", así como para su lucha contra las mismas.
El Ministerio de Igualdad elevó a audiencia pública la modificación de las bases reguladoras de las líneas de crédito que otorga a programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata. Para percibir estas fondos, indica el texto -que aún no se ha aprobado-, las entidades solicitantes deberán declararse abolicionistas.
En esta línea, Redondo encargó al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) un estudio sobre la Percepción de la prostitución que, en base a 10.019 entrevisttas a población residente en España de 16 años o más, concluía que el 71,6% de la población cree que fomenta la violencia contra las mujeres. En una rueda de prensa posterior a la presentación del sondeo, la ministra Redondo empuñó estas cifras para asegurar que la ecuesta "avala" la hoja de ruta esbozada por el Gobierno para abolir esta práctica.
En la Comisión conviven "desde siempre" diversas posturas con respecto a esta cuestión, han asegurado, y por eso consideran que "se puede trabajar desde el disenso, la pluralidad y la diversidad". "Se puede seguir avanzando en todas las cuestiones sobre las que estamos de acuerdo, que son muchas: como la lucha contra la trata", han asegurado las portavoces, toda vez que han exigido a la ministra del ramo que elimine "este requisito ideológico" y que, en su lugar, "garantice requisitos técnicos y no discriminatorios para la concesión de fondos".
Esta rama del feminismo considera "gravísimo" que las concentraciones se bifurquen y acusan a las organizaciones abolicionistas y contrarias a la Ley Trans de "aliarse con el fascismo". En esta línea, consideran que ellas están haciendo lo que les "corresponde", que es "defender los derechos de todas y de todes".