Combatientes talibanes viajan en un vehículo blindado en un puesto de control cerca del cruce fronterizo de Torkham entre Pakistán y Afganistán, 28 de febrero de 2026. Europa Press.
Europa La Comisión Europea desata la polémica al recibir en Bruselas a los talibanes para abrir vías de deportación a AfganistánSe desconoce quién componía la delegación talibán y con quiénes se reunieron. Las ONG advierten de que los retornos a Afganistán podrían exponer a los deportados a graves violaciones de derechos humanos.
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Juan Sanhermelando Bruselas Publicada 24 junio 2026 02:45h Las clavesLas claves Generado con IA
La Comisión de Ursula von der Leyen ha desatado una intensa polémica al invitar a Bruselas a una delegación talibán -cuyo régimen sigue sin reconocer como Gobierno legítimo de Afganistán y varios de cuyos dirigentes figuran en la lista negra de la UE por graves vulneraciones de los derechos humanos- para explorar vías que faciliten la repatriación de inmigrantes afganos, tanto voluntaria como forzosa.
Tanto el jefe de DDHH de la ONU, Volker Türk, como las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido a Bruselas que abandone los planes de deportación con el argumento de que Afganistán no puede considerarse un lugar seguro. "Cualquier participación de la UE en las deportaciones a Afganistán resulta irresponsable y peligrosa, además de ignorar las obligaciones jurídicas de la propia Unión".
Lejos de rectificar ante las críticas, Bruselas ha seguido adelante con el encuentro, celebrado finalmente este mismo martes a nivel técnico. La delegación talibán -de composición desconocida y sin confirmación de si alguno de sus miembros figura en listas de sanciones- ha podido entrar en la UE gracias a cinco visados de corta duración concedidos por el Gobierno belga, un salvoconducto válido únicamente para Bélgica y por un solo día.
Bélgica concede visados de un día a una delegación talibán para asistir a una reunión de la Unión Europea sobre migraciónEl Ejecutivo comunitario se ha limitado a señalar que los invitados eran “representantes técnicos de las autoridades de facto de Afganistán responsables de los retornos y la readmisión”. El encuentro, copresidido por los servicios de la Comisión y por Suecia, ha contado con la participación de 15 Estados miembros, que la Comisión ha preferido no identificar.
La reunión ha permitido "dar seguimiento a las conversaciones técnicas celebradas en enero de 2026 en Kabul, en particular en lo relativo a la identificación de las personas a retornar, la expedición de documentos de viaje y su repatriación", según ha explicado el portavoz de Interior de la Comisión, Markus Lambert. Las discusiones se centraron en "personas que han cometido delitos graves y que representan una amenaza para la seguridad".
La Unión Europea no ha ofrecido a los talibanes -al menos de momento- ninguna contrapartida económica o de otro tipo a cambio de que colaboren en las deportaciones, asegura el portavoz.
"Me complace que Suecia haya podido facilitar el avance del diálogo técnico con las autoridades de facto sobre los retornos a Afganistán, contribuyendo así a hacer posible el retorno de delincuentes condenados y de personas que representan una amenaza para la seguridad", ha dicho el ministro de Migraciones sueco, Johan Forssell.
"La capacidad de devolver a las personas que no tienen derecho legal a permanecer en el país es un pilar fundamental de un sistema de asilo y migración creíble y que funcione adecuadamente, tanto para Suecia como para la UE", subraya Forssell.
El Ejecutivo comunitario alega que si ha convocado esta reunión con los talibanes es porque se lo ha pedido una amplia mayoría de Estados miembros. En octubre de 2025, un total de 20 países escribieron a Bruselas en la que denunciaban que "en muchos países de la UE hemos observado un aumento de incidentes violentos protagonizados por ciudadanos afganos".
Los firmantes de la misiva (entre los que no figura España) son Bélgica, Bulgaria, Chipre, Alemania, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Austria, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Suecia.
En 2024, 22.870 afganos recibieron una orden de retorno en la UE, pero solo 435 regresaron a su país de origen, lo que equivale a una tasa de retorno de apenas el 2%.
"La organización del retorno voluntario y forzoso a Afganistán constituye un desafío europeo compartido que requiere una respuesta coherente y colectiva. Por ello, es esencial que la UE aborde esta cuestión a nivel comunitario, considerando el retorno y la reintegración en Afganistán como una responsabilidad conjunta", señalaba la carta.
La Comisión ha subrayado que las deportaciones son competencia de los Estados miembros: son las autoridades nacionales quienes examinan cada caso de forma individual y tienen la última palabra. El papel de Bruselas se limita al apoyo y la coordinación, objetivo precisamente de estos contactos técnicos con los talibanes.
"El retorno involuntario a Afganistán de personas que corren un grave riesgo de sufrir violaciones de los DDHH es contrario al principio fundamental de no devolución", ha avisado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
"El sistema de represión institucionalizado de los talibanes afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana e incluye severas restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas, el uso de la tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales", ha denunciado la responsable de la oficina en Bruselas de Amnistía Internacional, Eve Geddie.
"Los países de la UE están socavando su credibilidad al condenar los abusos de los talibanes y promover que rindan cuentas por un lado, mientras cooperan con los talibanes para devolver por la fuerza a afganos por otro. Cualquier interacción con los talibanes debe priorizar la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas, no la deportación de personas hacia situaciones de peligro", alega Fereshta Abbasi, de Human Rights Watch.
El Ejecutivo comunitario replica que invitar a Bruselas a una delegación talibán no implica reconocer su legitimidad y asegura que la prioridad en las deportaciones de migrantes serán aquellas personas que representen un riesgo para la seguridad pública. No obstante, reconoce que no dispone de cifras concretas y que el poder de decisión seguirá en manos de los Estados miembros.