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La crisis climática 'empuja' a las niñas al matrimonio infantil y al embarazo: el 36% detecta un aumento tras los desastres

La crisis climática 'empuja' a las niñas al matrimonio infantil y al embarazo: el 36% detecta un aumento tras los desastres
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La sequía, las inundaciones y la pobreza ponen en riesgo a las menores y dificultan su acceso a la educación y a la salud sexual y reproductiva. Más información: La yemení que huyó de un matrimonio infantil y lucha por las niñas del mundo: "Mi único plan era no morir con 11 años"

Tati, 18 años, camina por su ciudad natal, Loreto (Perú). Plan International

Historias Día Internacional de la Niña La crisis climática 'empuja' a las niñas al matrimonio infantil y al embarazo: el 36% detecta un aumento tras los desastres

La sequía, las inundaciones y la pobreza ponen en riesgo a las menores y dificultan su acceso a la educación y a la salud sexual y reproductiva.

Más información: La yemení que huyó de un matrimonio infantil y lucha por las niñas del mundo: "Mi único plan era no morir con 11 años"

Publicada 11 octubre 2026 02:00h Síguenos

El 36% de las niñas y mujeres jóvenes encuestadas identifica un aumento de los matrimonios infantiles tras episodios climáticos extremos. La emergencia también dificulta el acceso a la salud sexual y reproductiva. De hecho, el 76% afirma que las niñas y jóvenes de su comunidad encuentran más obstáculos para recibir al menos uno de estos servicios después de un desastre. En las zonas afectadas por la sequía, la proporción sube al 84%.

Las consecuencias también alcanzan a la salud durante el embarazo. El 49% de las participantes percibe un aumento de las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto entre las adolescentes de su comunidad tras un episodio climático. El porcentaje llega al 62% en las áreas afectadas por la sequía. Además, el 28% detecta un incremento de la violencia contra las niñas y las jóvenes después de estos acontecimientos.

Las cifras muestran cómo una crisis ambiental puede agravar desigualdades que ya existían. Y es que la pérdida de ingresos familiares, la interrupción de las clases, los daños en las infraestructuras y las dificultades para llegar a un centro sanitario reducen las posibilidades de que las menores continúen estudiando, reciban atención médica y decidan sobre su propio futuro.

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Los datos proceden del informe Cambia su pronóstico. El Estado Mundial de las Niñas 2026, elaborado por Plan International a partir de tres décadas de datos de 52 países, una encuesta a 5.000 niñas y mujeres jóvenes de cinco países y 139 entrevistas, documenta esta relación.

De acuerdo con sus conclusiones principales, las menores cuya escolarización se interrumpe tienen el doble de probabilidades de casarse antes de cumplir los 18 años o de sufrir un embarazo no deseado. Pues, como explica Reena Ghelani, directora ejecutiva de Plan International, "la sequía provoca esto de forma más fiable que cualquier otro fenómeno climático, ya que actúa lentamente".

La relación entre la educación y los matrimonios infantiles es uno de los principales resultados del análisis. ¿El motivo? La interrupción de las clases puede dejar a las niñas sin acceso a información sobre sus derechos, salud y protección, además de alejarlas de espacios en los que pueden encontrar apoyo.

Además, si a esa situación se suma la pérdida de ingresos, aumentan los riesgos de que abandonen los estudios y de que sus familias concierten un matrimonio antes de los 18 años, razón por la que Ghelani asegura que "mantener las escuelas abiertas es el factor de protección más estable".

Suriya, 16 años, vive en una región de Bangladés que sufre inundaciones con frecuencia. Plan International

Sin embargo, la continuidad educativa no depende solo de la reconstrucción de edificios tras una catástrofe. También requiere medidas que permitan a las familias sostener los gastos básicos y que eviten que las niñas tengan que dejar de estudiar para asumir tareas domésticas o de cuidados.

La representante de Plan International advierte de que el riesgo se acentúa durante la recuperación: "Aumenta de forma más acusada a medida que se agrava la presión económica y la interrupción de la escolarización se consolida".

La cuestión es que los efectos de una sequía pueden prolongarse durante meses, mientras que los daños provocados por inundaciones y tormentas pueden dejar fuera de servicio escuelas, carreteras y centros de salud.

La diferencia entre ambos tipos de fenómenos importa a la hora de responder. Una inundación puede destruir de forma inmediata infraestructuras esenciales y obligar a las familias a desplazarse. La sequía, por su parte, deteriora progresivamente los medios de vida de las comunidades que dependen de la agricultura y la ganadería.

En ambos casos, las necesidades específicas de las menores pueden quedar relegadas frente a otras prioridades de emergencia. "Para cuando una familia se plantea si mantener a su hija en la escuela o concertar su matrimonio, el sistema de protección ya ha fallado. La catástrofe ya se ha producido. Simplemente aún no ha salido en las noticias", sostiene Ghelani.

Futuro 'tormentoso'

La previsión de El Niño para 2026-2027 añade urgencia a este escenario. UNICEF estima que más de 347 millones de menores de casi 100 países y territorios estarán expuestos a condiciones inusualmente húmedas o secas entre octubre y diciembre de 2026.

El fenómeno podría agravar las inundaciones y las sequías, con efectos sobre la disponibilidad de agua, la producción de alimentos, la salud y la continuidad de la educación.

El riesgo se superpone a una exposición climática que ya afecta a la infancia. Según la organización, 1.100 millones de niños y niñas, casi la mitad de la población infantil mundial, están expuestos a al menos tres amenazas climáticas simultáneas, como sequías, calor extremo o inundaciones.

Los fenómenos meteorológicos provocaron, además, más de 20.000 desplazamientos infantiles al día entre 2016 y 2023.

Las consecuencias pueden alcanzar también a la protección de las menores. UNICEF señala que, durante la sequía que afectó al Cuerno de África en 2022, el matrimonio infantil aumentó una media del 119% en las zonas de Etiopía afectadas.

La entidad advierte de que el deterioro de los ingresos, los desplazamientos y la interrupción de los servicios esenciales pueden incrementar el riesgo de violencia, explotación y matrimonios infantiles.

La prevención exige actuar antes de que las familias agoten sus recursos. En ese sentido, las transferencias económicas, la ayuda alimentaria y el apoyo a los medios de vida pueden reducir la presión que favorece decisiones como el matrimonio infantil.

También es necesario garantizar que las escuelas sigan abiertas, que la educación sea gratuita y que las niñas que han abandonado las aulas puedan regresar.

El informe identifica, además, una desigualdad dentro de la propia desigualdad. Las menores pertenecientes a minorías tienen el doble de probabilidades de encontrar dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y casi el triple de probabilidades de declarar un embarazo no deseado. También presentan más del doble de probabilidades de casarse antes de los 18 años.

La discapacidad, el desplazamiento, el aislamiento rural y la dependencia familiar de actividades vulnerables al clima pueden añadir obstáculos.

Atención sanitaria

El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva constituye otro de los frentes más afectados. Según el informe, el 68% de las encuestadas ha experimentado personalmente dificultades para acceder a al menos uno de estos servicios tras un episodio climático.

Las barreras no se limitan a la falta de centros abiertos, ya que el coste de los anticonceptivos, la ausencia de información, la falta de orientación y las dificultades de transporte también impiden recibir atención.

El 59,5% señala el precio como un obstáculo para acceder a anticonceptivos; el 62% apunta a la falta de asesoramiento; el 51% afirma que no dispone de información suficiente sobre dónde acudir y el 48,3% encuentra dificultades de transporte o carece de medios para desplazarse.

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Julia López, responsable de Incidencia e Investigación de Plan International España, advierte de que la salud sexual y reproductiva y la crisis climática se han abordado históricamente por separado, pese a que existían evidencias suficientes para actuar.

La organización calcula que alrededor de 11,5 millones de mujeres han perdido ya el acceso a anticonceptivos por causas relacionadas con el clima, una cifra que podría alcanzar los 14 millones. De ahí que, a su juicio, la falta de integración responda también a las prioridades políticas y presupuestarias.

"Un plan puede prever el impacto del calor extremo sobre la salud y, sin embargo, no ver a una adolescente que pierde el acceso a anticonceptivos, una joven embarazada que no puede acudir a una revisión médica o la falta de acceso a un servicio contra la violencia cuando su comunidad se inunda", explica.

Solo el 6% de la financiación destinada a la adaptación climática y el 0,5% de la financiación climática multilateral se dirige a iniciativas relacionadas con la salud, razón por la que la organización reclama que la atención sexual y reproductiva forme parte de las medidas de adaptación y resiliencia, en lugar de quedar relegada a una respuesta sanitaria complementaria.

En Loreto (Perú), las pasarelas y las casas se construyen sobre pilotes para combatir las inundaciones. Plan International

Anahí Almeida, asesora regional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de Plan International en Ecuador, sostiene que los servicios esenciales deben estar disponibles desde las primeras horas de una emergencia.

Defiende que la respuesta debe incluir anticoncepción, anticoncepción de emergencia, atención obstétrica y neonatal, tratamiento preventivo frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, productos menstruales y asistencia a supervivientes de violencia sexual. También debe garantizar la continuidad de los tratamientos contra el VIH y el acceso al aborto seguro conforme a la legislación aplicable.

Almeida advierte de que la atención no puede depender de que los centros sanitarios recuperen su funcionamiento habitual, porque, como señala, "las emergencias no producen nuevas problemáticas en sí, profundizan, complejizan y multiplican las que ya existen".

La experta aboga por la preparación de equipos especializados, reservas de medicamentos y anticonceptivos, clínicas móviles y vías alternativas para llegar a comunidades aisladas o desplazadas. Asimismo, mantiene que los refugios y los espacios de acogida también deben disponer de atención sanitaria y mecanismos de derivación seguros.

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La rapidez en la respuesta resulta especialmente importante para las adolescentes embarazadas. Los embarazos antes de los 15 años entrañan mayores riesgos de complicaciones, entre ellas la eclampsia, anemia y malnutrición.

En ese sentido, las dificultades para recibir controles prenatales y reconocer señales de alarma pueden agravar esos peligros. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud estima que nueve de cada diez muertes maternas son evitables.

La asistencia debe tener en cuenta, además, que las adolescentes pueden encontrar obstáculos específicos incluso después de que los servicios vuelvan a funcionar. Y es que la falta de privacidad, los horarios incompatibles con sus necesidades, la exigencia de consentimiento adulto, el trato juzgador o la ausencia de suministros pueden disuadirlas de acudir a consulta.

Por ese motivo, Almeida reclama servicios confidenciales y adaptados a su edad, con personal preparado para atenderlas sin exponerlas a situaciones de estigma o revictimización. También defiende que las supervivientes de violencia sexual puedan recibir atención médica y tratamiento preventivo frente al VIH y otras infecciones en un mismo lugar.

Protección 'bajo mínimos'

El 28% de las participantes en el estudio percibe un aumento de la violencia contra las niñas y las jóvenes tras un episodio climático. En el acceso a los servicios de prevención y respuesta frente a la violencia de género, el 24% afirma que las dificultades aumentan después de una emergencia y el 18,5% declara haberlas sufrido personalmente.

El problema es que los desplazamientos, la pérdida de redes de apoyo y la saturación de los servicios pueden dejar a las niñas expuestas a nuevas formas de violencia.

Asimismo, la falta de privacidad en los alojamientos temporales y la ausencia de mecanismos de protección dificultan que puedan pedir ayuda con seguridad. A ello se suman los riesgos de matrimonio forzado y mutilación genital femenina, que pueden agravarse durante crisis económicas, conflictos, desplazamientos y recortes de la ayuda internacional.

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Beatriz Martos, activista de derechos de las mujeres de Amnistía Internacional España, señala que las emergencias no eliminan las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

Apunta a que la respuesta debe incluir leyes aplicadas de forma efectiva, financiación estable, asistencia sanitaria y psicológica, acceso a la justicia y apoyo para que las niñas puedan regresar a la escuela y sostiene que las organizaciones locales de mujeres también necesitan recursos para sostener su trabajo.

Martos subraya que el reconocimiento de un problema no basta si no va acompañado de presupuestos, medidas concretas y mecanismos que permitan exigir responsabilidades. También destaca el papel de docentes, personal sanitario y periodistas para detectar situaciones de violencia, orientar a las niñas hacia los recursos disponibles y contribuir a cambiar las actitudes que normalizan estas prácticas.

En ese sentido, la coalición NO QUIERO, formada por Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children, ha celebrado la proclamación por Naciones Unidas del 27 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado.

La coalición reclama que la nueva fecha sirva para impulsar compromisos políticos, reforzar programas de prevención y mantener la financiación de las organizaciones que trabajan en las comunidades. Entre sus demandas figuran la aplicación efectiva de leyes, el acceso a la atención sanitaria y psicosocial y los apoyos necesarios para que las niñas en riesgo o supervivientes de matrimonios infantiles puedan continuar o retomar sus estudios.

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Y es que la protección requiere coordinación entre los servicios sanitarios, educativos, sociales y de atención a la violencia. De ahí que Almeida defienda una asistencia centrada en las supervivientes que reúna en un mismo lugar la atención médica, el apoyo psicológico inicial y las vías de protección.

El objetivo es evitar que una niña tenga que relatar repetidamente lo ocurrido para recibir ayuda y garantizar su confidencialidad, razón por la que Almeida asegura que los protocolos deben contemplar también a quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad antes del desastre. Es decir, niñas desplazadas, con discapacidad, fuera de la escuela, casadas o embarazadas.

Partícipes de su futuro

El informe de Plan International también examina el papel de las menores en la respuesta climática. Ante la pregunta sobre cómo querían participar en las decisiones posteriores a una emergencia, el 39% de las 5.000 encuestadas pidió que se escucharan sus ideas.

"La participación real significa que estén presentes cuando se decidan las asignaciones de fondos, no solo cuando se redacten las descripciones de los problemas", afirma Ghelani. Fatou, de 15 años, en Senegal, resume una de esas carencias tras las inundaciones: "Nuestras necesidades específicas siguen siendo invisibles".

López defiende que los planes nacionales de adaptación climática incorporen objetivos verificables sobre educación, salud y protección. Pues, no basta con anunciar recursos; es necesario comprobar si las escuelas permanecen abiertas, si las niñas regresan a las aulas, si los centros sanitarios disponen de anticonceptivos y si las supervivientes reciben atención.

También reclama financiación directa, flexible y plurianual para las organizaciones locales y juveniles que trabajan con las comunidades.

La necesidad de estos recursos coincide con un retroceso de la ayuda internacional que, tal y como señala Ghelani, cayó un 23% en 2025 fundamentalmente por los recortes de Estados Unidos y otras grandes economías, convirtiéndose en el mayor descenso anual registrado. Lo que, según la entidad, se traduce en una amenaza a la continuidad de programas esenciales para proteger a las niñas durante las emergencias y en los meses posteriores.

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UNICEF estima que por cada euro invertido en reducción del riesgo de desastres y prevención se pueden ahorrar hasta 15 euros en costes de recuperación. Sin embargo, menos del 1% de la financiación humanitaria se destina a la acción anticipada.

Las medidas propuestas por Plan Internacional abarcan desde mantener la educación gratuita y reforzar los sistemas de protección social hasta asegurar suministros sanitarios, formar equipos especializados y reservar financiación para las organizaciones que conocen las necesidades de cada comunidad.

De acuerdo con su planteamiento, la planificación climática debe contemplar también los efectos sobre los ingresos familiares, la permanencia escolar, la salud sexual y reproductiva y la violencia de género.

  1. Embarazo
  2. Matrimonio Infantil
  3. Objetivo 1: Fin de la pobreza
  4. Objetivo 2: Hambre cero
  5. Objetivo 3: Salud y bienestar
  6. Objetivo 4: Educación de calidad
  7. Objetivo 5: Igualdad de género
  8. Objetivo 6: Agua limpia y saneamient
  9. Objetivo 10: Reducción de las desigualdades
  10. Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas
  11. Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
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