Política andaluza
La crisis de Ceuta examina la solidez del pacto andaluzLas diferencias operativas y legales en la gestión de los menores no acompañados someten a un test de estrés al gobierno de la Junta
Regala esta noticia Añádenos en Google Juanma Moreno exhibe una bandera de Ceuta a las puertas del Parlamento Europeo junto a un grupo de europarlamentarios. (Efe)Sevilla
06/09/2026 a las 00:20h.Periódicamente, las entidades financieras se someten a unas pruebas denominadas 'test de estrés bancario», unos exámenes de simulación con los que se evalúa la capacidad ... de un banco para soportar una crisis económica grave. Las pruebas consisten en crear de manera ficticia escenarios críticos pero posibles de máxima presión para comprobar si la entidad sobreviviría o quebraría. La crisis que atraviesa Ceuta, a la que podría adjuntarse un puñado de adjetivos -humanitaria, migratoria, de seguridad, política, geopolítica-, sin que ninguno estuviera errado, supone para el pacto de gobierno firmado en Andalucía un auténtico test de estrés aunque con una gran diferencia: No se trata de un escenario ficticio, sino dramáticamente real.
La intención indisimulada de Moreno fue cerrar un acuerdo con Vox que le permitiera garantizarse no sólo su investidura, sino la estabilidad legislativa y parlamentaria y al mismo tiempo intentar mantener el perfil moderado sobre el que construyó el proyecto político que lo llevó al éxito. La estrategia parecía ser no entrar en confrontaciones dialécticas ante el discurso incendiario de Vox y dejar que fuera el propio desarrollo de los hechos y los límites legales a los que obliga la gestión la que fuera demostrando que muchos de los planteamientos de la formación de Santiago Abascal tienen muy difícil, por no decir imposible, ir más allá de las meras declamaciones discursivas.
La aparición del conflicto de Ceuta apenas unas semanas después de la firma del acuerdo de gobierno somete al pacto a un examen de máximo rigor
La aparición del conflicto de Ceuta apenas unas semanas después de la firma del acuerdo de gobierno somete al pacto a un examen de máximo rigor. Es el escenario menos favorable a la estrategia del PP de que fuera la administración diaria de los asuntos públicos la que hiciera confluir en la gestión a dos formaciones que tienen en muchos asuntos posiciones encontradas.
No se trata en este caso de las diferencias ya expresadas tras la firma del pacto sobre el concepto de prioridad nacional. En la trastienda parlamentaria, la postura del portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha sido clara: su formación ha presionado fuertemente para introducir de manera efectiva ese principio, exigiendo que los ciudadanos españoles tengan absoluta preferencia en el acceso a ayudas sociales, empleo público y recursos de la comunidad autónoma. Por su parte, la postura de Moreno y el Partido Popular se ha desmarcado de interpretaciones excluyentes que vulneren la legalidad o el marco constitucional, matizando el alcance de estos conceptos frente a las exigencias más duras de sus socios.
Sin embargo, ahora de lo que se trata es de algo muy concreto. La lectura del pacto entre ambas formaciones lleva a concluir que los negociadores del PP evitaron entrar en la confrontación ideológica, cedieron en ese terreno (incluso en la utilización de términos raramente o nunca usados por los populares) y se centraron en establecer el cumplimiento de la legalidad como límite a las aspiraciones maximalistas de Vox. La cuestión de la inmigración no fue una excepción.
El acuerdo de gobierno en Andalucía suscrito entre el PP y Vox incluye un apartado específico, el punto 12 del documento, dedicado en exclusiva a los menores extranjeros no acompañados. El texto recoge un rechazo tajante a las políticas de reparto estatales, pero introduce matices legales importantes para equilibrar las exigencias de ambos partidos. Por un lado, consagra la premisa de «no más MENAS» (término con el que Vox se refiere a los menores extranjeros no acompañados) en territorio andaluz, comprometiéndose la Junta a oponerse por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de distribución ordenado por el Gobierno central. Como medida operativa, se estipula que no se habilitarán nuevos centros de acogida ni plazas adicionales, junto al compromiso de trabajar en un plan de retorno y repatriación.
A lo largo de todo el texto del pacto de gobierno late el matiz legal introducido a instancias de los negociadores del PP
Sin embargo, en el mismo párrafo late el matiz legal introducido a instancias del Partido Popular: toda la oposición a la acogida queda supeditada al estricto cumplimiento de la ley y el marco constitucional. Esto significa que la Junta está obligada a cumplir con la Ley de Acogida de Menores si las directivas estatales o judiciales son de obligado cumplimiento legal.
Redactado híbrido
Este redactado híbrido ha provocado que el pacto afronte momentos de severa tensión debido a la crisis migratoria. El respaldo del Ejecutivo autonómico al fondo estatal de 25 millones de euros para aliviar la saturación en Ceuta provocó la reacción inmediata de Manuel Gavira, quien exigió activar la comisión de seguimiento del pacto argumentando que cooperar incumple el espíritu acordado. El PP defiende que cumplirá la ley y los compromisos obligatorios, mientras pide al Gobierno central que priorice las devoluciones a Marruecos.
Preguntada por esta discrepancia, la vicepresidenta tercera y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha intentado rebajar públicamente cualquier tipo de fricción. Aseguró que el pacto goza de buena salud, no se ha incumplido y tiene vocación de durar toda la legislatura. «No se ha incumplido el pacto en ningún momento», aseveró, remarcando que el Ejecutivo equilibrará compromisos y legalidad: «Cumpliremos el acuerdo y también la ley». Con un mensaje de calma -«no se preocupen mucho, que de momento no tenemos esa tensión»-, otorgó «carta de normalidad» a la reunión pedida por Vox, recordando que responde a «lo que votaron los ciudadanos» dentro de un «compromiso serio» por la estabilidad.
Pese a los mensajes formales de tranquilidad institucional, la marejada de Ceuta demuestra que las costuras del pacto de gobierno tienen aún que someterse a prueba. La duda persiste: ¿prevalecerá la contención legalista del PP o acabará imponiéndose la presión doctrinal de Vox cuando se empiecen a tomar medidas concretas para superar esta crisis? El desenlace queda abierto en una legislatura donde la estabilidad permanente es todavía una incógnita.
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