El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin del 14 de mayo de 2026, días antes de estallar el 'caso Zapatero'. E.E.
Tribunales La defensa de Zapatero denuncia que la UDEF ha accedido sin autorización judicial a su cuenta bancariaReprocha a los investigadores policiales que, "sin habilitación legal", expongan "el medio de vida y la privacidad financiera" del expresidente.
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María Peral Publicada 21 julio 2026 02:39h Las clavesLas claves Generado con IA
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido contra la negativa del juez José Luis Calama a devolver a la UDEF y separar del proceso el informe policial en el que se analizó el cobro por el expresidente de 200.000 euros del grupo empresarial Gloria.
El pago se habría debido a la intervención de Zapatero ante las autoridades de Bolivia para que se dejara sin efecto una multa impuesta a la cementera boliviana Soboce, participada por el Grupo Gloria.
Calama "ampara indebidamente una instrucción que desborda las previsiones legales y propicia una investigación netamente prospectiva" respecto de Zapatero, "ampliando el perímetro del procedimiento sin cumplir las garantías legales", sostiene la defensa.
El contrato de ZP por influir en el Estado boliviano: el 50% de los 200.000€ por adelantado, 10.000€/día de dietas y gastosEl pago del Grupo Gloria, realizado a través de la empresa peruana Focus Social Research, apareció mencionado inicialmente en un informe de la UDEF fechado el pasado 22 de abril y fue objeto de un informe específico de 22 de junio. Este último es el que la defensa pide apartar del procedimiento.
La UDEF "ha analizado las actividades de todo orden de Rodríguez Zapatero, tanto de carácter profesional, como consultor en sentido genérico, como de orden personal, haciendo referencia a sus ingresos y a sus gastos, a su endeudamiento y a la amortización de los créditos, etc. Es decir, se perfila su economía personal y su cuenta bancaria sin ninguna habilitación legal", denuncia la defensa.
Ello es así, afirma, porque ninguna autoridad judicial autorizó a los agentes policiales a acceder a una cuenta bancaria de Zapatero cotitulada por su esposa, Sonsoles Espinosa.
En el informe de abril, la UDEF realizó "un inventario exhaustivo y ordenado de la práctica totalidad de los ingresos en esa cuenta bancaria, con 174 transferencias de once pagadores, sumatorios por pagador, importes exactos hasta el céntimo y rastreo del reenvío de fondos a otras cuentas cotituladas", además de todos los movimientos producidos en un periodo de cinco años.
"La exhaustividad y el orden contable de la información no parece una comunicación del SEPBLAC fragmentaria [la Fiscalía pidió información al servicio antiblanqueo, pero respecto a otros investigados], sino el análisis de un extracto bancario completo, realizado mediante un acceso íntegro a la cuenta, que es exactamente lo que exigiría mandamiento judicial nominal", indica.
"Examinar la vida financiera de alguien exige autorización judicial específica, motivada y proporcionada" que en este caso no consta, señala.
A su juicio, la inclusión en el informe de la UDEF de 174 transferencias de terceras entidades "absolutamente desvinculadas tanto de Plus Ultra como de cualquier presunto delito de tráfico de influencias o de blanqueo de capitales", no está justificada, "salvo que se pretenda abrir una suerte de expedición de pesca ('fishing expedition')" contra el expresidente del Gobierno.
"Aportar un inventario completo de todos sus pagadores no sirve para cerrar la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, sino para poder abrir futuras líneas que poco o nada tengan que ver con la compañía" aérea.
La UDEF "expone y aflora" en este procedimiento la "completa realidad económica" del expresidente, "que no es un dato público"
También exhibe "su medio de vida" y "su privacidad financiera". E incorpora esos datos al proceso con "una clara significación incriminatoria que ningún dato, individualmente considerado, por sí mismo contiene".
"Con ello se crea –o se puede crear– la impresión de unos ingresos desmesurados, de un patrimonio internacional, que se mueve por canales que pueden dar apariencia de sofisticación: sociedades extranjeras, premios de Emiratos Árabes Unidos, etc., y así termina por situarnos en una 'atmósfera' en la que se puede instalar la sospecha de ilegalidad, aunque ningún dato individual afirme nada ilícito, critica.
Calama ha mantenido los informes de la UDEF alegando que no se excluye que los hechos aparentemente lícitos mencionados en ellos "pueden tener naturaleza distinta" y "precisamente por eso deben ser analizados".
Para la defensa, el razonamiento del instructor "incurre en una petición de principio, porque presupone lo que debía indiciariamente acreditarse".
"La posibilidad abstracta de que un ingreso lícito 'pueda' encubrir otra cosa, sin indicio que lo sugiera, no es indicio sino sospecha o conjetura; y la mera sospecha no habilita la incorporación de un informe que fiscaliza una relación profesional calificada de lícita por la propia unidad instructora dos meses antes; en definitiva, si no hay indicio, no hay base para incorporar a las actuaciones el informe de junio [sobre el pago del Grupo Gloria], y si lo hay, debió comunicarse a las partes", argumenta.
"No es casual", dice, que el informe policial despliegue "esa prospección" sobre Focus Social Research y sobre la actividad de Zapatero. "Responde a un método sistemático de investigación: no hay conexión, ni indicios, ni siquiera sospecha sobre hechos concretos; lo que hay es un escrutinio general de su vida y de su actividad".
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