Cinco diputados de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo aterrizaron ayer en España en una misión para analizar la situación del Estado de Derecho en el país. Pertenecientes a distintos grupos políticos, los cinco parlamentarios (entre los que están los españoles Javier Zarzalejos, del PP, y Jorge Buxadé, de Vox) se han reunido con altas autoridades del ámbito judicial y político para recabar información con la que, en aproximadamente dos o tres meses, redactar un informe sobre la salud democrática de España.
En esa sucesión de reuniones, que la presidenta de la misión, Raquel García Hermida (Renew Europe), ha considerado muy "abiertos, constructivos y sustantivos", los eurodiputados se han interesado por cuestiones que van desde la libertad de prensa y de expresión hasta la lucha contra la corrupción y la independencia judicial. En este punto, que ha llevado a los parlamentarios a citarse con la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, uno de los asuntos que se ha abordado ha sido las "condiciones en las que los jueces y tribunales, especialmente aquellos que son responsables de casos del más alto perfil político, llevan a cabo su trabajo".
Zarzalejos, en una rueda de prensa ofrecida este martes, ha detallado que la misión europea ha analizado la "preocupación por los ataques [a los jueces] o la deslegitimación que pueden ir más allá de la crítica de las resoluciones judiciales", una cuestión que algunos interlocutores habrían planteado. La condena al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido otro de los asuntos que han surgido en la conversación -los eurodiputados se han reunido con su sucesora, Teresa Peramato-.
También ha sido un asunto a tratar el procedimiento judicial relativo a la aplicación de la Ley de Amnistía, así como las resoluciones aún pendientes al respecto, por ser un tema que "ha suscitado mucho interés" en Europa, en palabras de García. En este sentido, los eurodiputados se han interesado por el papel del Constitucional en esta norma -el Alto Tribunal la avaló el pasado junio-, aunque la conversación sobre el perdón a los encausados del procés se ha producido solo en tono "descriptivo", pues aún se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el texto.
El plan de medidas anticorrupción que Pedro Sánchez anunció tras la imputación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también ha sido objeto de evaluación de la misión europea, así como los planes del Gobierno para trasponer la normativa comunitaria en materia de lucha contra la corrupción. En este sentido, la "crispación social" que protagoniza hoy el debate público ha sido otro de los asuntos a tratar en las reuniones de los eurodiputados con autoridades nacionales, aunque García ha destacado la "riqueza del debate social" en España.
No se ha reunido la misión europea con el presidente del Gobierno, ni con los ministros de Presidencia e Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, algo que García ha lamentado. Pero, en todo caso, la presidenta de la misión ha agradecido la disposición de los interlocutores para facilitarles la información que requerían. No ha querido adelantar, como tampoco Zarzalejos, las conclusiones a las que han llegado tras los encuentros mantenidos.
En paralelo, el representante de los socialistas europeos en la misión, el italiano Alessandro Zan, se ha mostrado crítico con la evaluación de España que se ha desarrollado durante estos dos días. Zan ha señalado que populares y socialistas europeos acordaron la visita a España conjuntamente con otra evaluación a Italia -donde gobierna la derecha, con Giorgia Meloni al frente-, pero que este segundo viaje no se ha producido.
"Si se hubiera mantenido [la misión] en Italia, yo hubiera entendido que esto se hacía de buena fe", ha apuntado el eurodiputado ante los medios, para señalar que, al cancelarse ese viaje, "es evidente que se están instrumentalizando estas visitas con un fin político y que el PP está intentando utilizar este estudio sobre el Estado de Derecho contra el Gobierno de Pedro Sánchez".