Pablo Bustinduy | Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
«La dependencia no volverá a ser nunca más moneda de cambio para los recortes»El político de Sumar celebra el apoyo a una de sus grandes apuestas: dotar de financiación y afianzar el futuro de un sistema de cuidados que «mejorará la vida de millones de personas»
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El ministro Pablo Bustinduy posa en la sede de su ministerio al día siguiente de lograr el aval del Congreso a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. (Virginia Carrasco)Madrid
19/07/2026 a las 00:05h.Apenas han pasado unas horas desde que el Congreso diera su aval a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia cuando Pablo Bustinduy ( ... Madrid, 1983), con el cansancio y la satisfacción aún palpables, recibe a este diario en su despacho del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para hablar de la trascendencia de este paso. A su juicio, supone la «refundación» del sistema de cuidados en nuestro país y, aunque suene grandilocuente, se para a explicarlo. Se diría que ahora le toca descansar tras meses de intensas negociaciones, pero el político de Sumar no piensa aún en las vacaciones. Queda por ver si salen airosos del segundo intento de sacar adelante el decreto de vivienda en el tiempo de descuento de un curso político tan intenso como hostil para grandes acuerdos.
–La pedí a sabiendas de que de Vox no hay nada que esperar. Son coherentes en estar contra los intereses de la gente trabajadora en España. Pero ayer [por el pasado martes] el respaldo fue muy importante. Y tiene mucho mérito en esta legislatura. Creo que la foto que salió del Congreso se pareció al enorme consenso social que hay en esta materia.
–El PP cambió el voto en contra que dio antes en la Comisión y optó por la abstención finalmente. ¿Cómo interpreta este gesto?
–Valoro mucho que modificaran su postura. Era incomprensible que votaran en contra porque habían esgrimido que querían que la ley viniera acompañada de financiación y pusimos 6.200 millones de euros; que se garantizara el 50% de aporte estatal, y lo blindamos por ley. Por tanto, no había motivo. El PP representa a millones de españoles y es importante que sea copartícipe y corresponsable de la refundación del modelo de cuidados.
–El blindaje del aporte estatal es de los aspectos que más celebra.
–El decreto garantiza la financiación porque la fija en la ley y si aumentan las necesidades del sistema aumentará automáticamente la financiación por parte del Estado. Ésta es finalista, va al sistema de la dependencia y no se puede usar para otra cosa. Además, el Estado queda obligado a financiar el 50% del coste total del sistema año a año. Blindamos la suficiencia financiera del sistema para que nunca más la dependencia sea la variable de ajustes y recortes.
–El futuro traerá más presión al sistema. En 2028 habrá medio millón más de beneficiarios y se alcanzarán los 2,1 millones. ¿Está preparado el país para destinar recursos públicos indefinidamente?
–Es lo que estamos haciendo, por eso es tan importante lo que sucedió ayer. Estamos actuando para dar respuesta a las necesidades de hoy, pero preparamos el sistema para las décadas que vienen. Abordar desde lo público que el estado del bienestar cubra las necesidades de cuidados es fundamental para que en el futuro podamos seguir teniendo una democracia digna de ese nombre. Y todo el mundo va a necesitar cuidados y cuidar a alguien a quien quiera. Lo que hacemos es corresponsabilizarnos para que esto sea una cuestión pública y no dependa de cuántos recursos tenga una familia para pagar ayuda o una residencia. Esa es la importancia que tiene y por eso he trabajado para que haya un consenso y que sea algo que esté al margen de la refriega política. Para que nunca más la dependencia vuelva a ser objeto de recortes y la pongamos al mismo nivel de las pensiones, la educación pública o la sanidad, como un derecho de ciudadanía.
Servicios
«Universalizar la teleasistencia o poder compatibilizar prestaciones tendrá un impacto enorme»
–Veo que se atreve a afirmar que no volverán a faltar recursos.
–Desde luego, por eso ayer se votó el cambio de modelo y la financiación para hacerlo posible. Esto es algo inédito en la historia de la política social en España. Hemos puesto la financiación por delante y las comunidades autónomas, que gestionan el sistema, tienen ya un 50% más de recursos para los próximos meses y un 100% más el año que viene.
–¿Está siendo previsor?
–Bueno, tenemos experiencia en materia de política social de lo que ha pasado en las últimas décadas y estamos blindando las condiciones de posibilidad de un sistema. Solo con recursos no basta. Hay que refundar leyes. Las condiciones están puestas para que la decisión de ampliar la red de protección social sea irreversible.
–¿Cómo se controlará que las comunidades cumplan?
–La financiación es a dos niveles. Uno, que transfiere una cuantía fija por cada usuario en el sistema y va a pagar las prestaciones y las necesidades de cada persona usuaria. Así, si aumenta las necesidades del sistema, aumenta la financiación automáticamente. En otro nivel, se financia a las comunidades autónomas en función del cumplimiento de determinados objetivos (reducción de lista de espera, mejora de las condiciones laborales en el sector, etc.) y del mantenimiento del compromiso financiero. Es decir, que ninguna comunidad va a tener un incentivo para utilizar la financiación del Estado para reducir la suya, porque en ese caso recibirá menos. También la cuantía a recibir dependerá de la que pongan ellas. Es un sistema pensado para que ninguna comunidad pueda destinar los fondos a otra cosa que no sea mejorar la dependencia.
–¿Entiende los recelos sobre la aplicación correcta cuando hablamos de competencias transferidas?
–Sí, porque hay precedentes en los que se ha puesto a disposición recursos que no han redundado en la mejora de los servicios públicos o que se han utilizado vía privatizaciones u otras artimañas para otros fines. Pero estoy seguro de que la presión social y la demanda ciudadana en este ámbito van a conseguir que esta transformación sea realidad pronto.
Aplicación
«El efecto más inmediato del cambio para mucha gente será salir de las listas de espera»
–Bajemos a esa realidad. ¿Cuándo y cuánto van a notar el beneficio los usuarios de la dependencia?
–Pues ya, porque en el mes de julio ya estamos transfiriendo el aumento de la financiación. Las leyes todavía tienen que cumplir su proceso y habrá un plazo para adaptar los nuevos derechos y crear las nuevas prestaciones. Pero tiene que haber un impacto inmediato en la reducción de las listas de espera y de los tiempos, así como en la mejora de las condiciones laborales del sector. Esto se medirá y evaluará en tiempo real. A nivel particular, lo que se notará primero será salir de la lista de espera.
–¿Cómo califica que el tiempo medio para resolver una solicitud esté en casi un año?
–Pues es absolutamente inaceptable. En el último año, se ha reducido la lista de espera un 21% y el tiempo medio de espera en 27 días. Se están haciendo las cosas bien, vamos en buena dirección. Pero es inaceptable, sí. La explicación a esta realidad es clarísima: 5.406 millones de euros, que es la cantidad que recortó el gobierno de Rajoy en la financiación a la dependencia. El sistema ha estado infrafinanciado, asfixiado y fue prácticamente desmantelado al poco de nacer.
–La cartera de servicios se amplía y cambia. ¿Cuáles tendrán más impacto en el día a día de los beneficiarios?
–Hay muchos, pero creo que universalizar la teleasistencia va a tener un impacto enorme, eliminar la incompatibilidad entre prestaciones, también. Generar una prestación transitoria mientras se libera el recurso elegido es otro gran cambio. También que la ayuda a domicilio permita acompañar a actividades como ir a la compra o al médico. Muchísimas cosas van a cambiar la vida de muchos millones de personas.
–Dice que el modelo no es apostar por las residencias, en las que hoy hay 340.000 personas institucionalizadas. ¿Por qué?
–Creo que en la pandemia hubo un gran despertar colectivo diciendo: «Este no es el modelo que queremos». Y cuando se pregunta a la gente cómo quiere envejecer, lo tiene clarísimo: quiere estar en su casa todo el tiempo que pueda. Las grandes residencias suelen estar ubicadas fuera de las ciudades y es muy difícil mantener las condiciones de arraigo. En ellas es muy difícil tomar decisiones cotidianas y sentirse en casa. El objetivo, evidentemente, no es hacerlas desaparecer porque hay situaciones en las que son absolutamente necesarias. Pero el objetivo sí es transitar hacia un modelo donde la prioridad sea ofrecer el apoyo necesario para que la gente pueda seguir viviendo en su casa, con su gente.
Corrupción
«Creo que tenemos razones para defender con la cabeza bien alta lo que hacemos»
–La mitad de las ayudas a dependencia son hoy para un familiar que asume los cuidados, mayoritariamente mujeres que acumulan cargas y renuncias sociales y personales. ¿Se remediará esta realidad?
–De eso trata el cambio. Las necesidades de cuidados, si no son atendidas por un sistema público que considere un derecho recibirlos, recaen –porque ha sido siempre así y sigue siéndolo– sobre la espalda de las mujeres. De esa situación se sale ofreciendo recursos como los centros de día, la teleasisencia, la asistencia personal, la ayuda a domicilio y que todos sean un derecho como lo es la Sanidad. No va a ser inmediato, pero es la apuesta para que los cuidados salgan de la esfera privada.
–Sacar adelante la agenda social es la prioridad de Sumar como socio de Gobierno. ¿Se sienten cómodos con los casos de corrupción?
–La izquierda tiene clarísimo por qué y para qué está en el Gobierno: para mejorar las condiciones de vida de la gente trabajadora. Y lo hacemos con mucho orgullo porque no hemos tenido un solo caso de corrupción en 15 años gobernando, desde municipios hasta el Gobierno central.
–De ahí que le pregunte si están cómodos.
–La política no es el lugar para sentirse cómodo ni lo ha sido nunca. Pero nuestros niveles de autoexigencia son muy altos y creo que tenemos muchas razones para defender con la cabeza bien alta lo que hacemos. La gente que votó a la izquierda la votó para esto: para subir los salarios, para subir las pensiones, para que nos ocupáramos de la desigualdad, para pelear por la justicia social. Eso es lo que hago cada día.
Transferencias
«Las comunidades no podrán destinar los fondos a otra cosa que no sea mejorar los servicios»
–En esta lista estaría la prestación universal por crianza, incluida en una Ley de Familias que sigue atascada. ¿Utilizarán un recurso como el decreto para sacarla adelante?
–No ha habido voluntad por parte de los grupos parlamentarios de negociarlo y queremos llevar esta prestación a los presupuestos generales. Existe en 17 países europeos y es de una eficacia probada para erradicar la pobreza infantil. Lo vamos a pelear. La prestación va a ver la luz. Tardaremos más o menos, pero cuando vea la luz y veamos los resultados nos llevaremos las manos a la cabeza por no haberlo hecho antes.
Un nuevo decreto de vivienda en julio
Si el sistema de cuidados es una cuestión sustancial para las políticas de Sumar, no lo es menos la vivienda. En abril, el decreto que regulaba la ampliación de la prórroga de alquileres, entre otros aspectos, fue tumbado en el congreso por Vox, el PP y Junts. «Lo que hemos anunciado ahora es que antes de final de mes habrá un nuevo decreto ley que incluya una prórroga de alquileres reforzada, también la regulación de los contratos de temporada y de habitaciones, que se están utilizando de manera fraudulenta para expropiar las rentas y los ingresos de las clases trabajadoras en este país, y también se prevé una fiscalidad disuasoria sobre pisos turísticos».
En este segundo intento de lograr los apoyos necesarios el texto será «más amplio y más ambicioso» del que se presentó el pasado mes de abril. «No está cerrado, la negociación está en marcha y además tenemos la obligación de recoger muchos de los planteamientos hechos por otros grupos parlamentarios como Junts, el PNV o Podemos para asegurarnos de que el decreto pueda salir adelante, que es el objetivo. En materia de vivienda no es una negociación fácil. No lo ha sido ni en la legislatura pasada ni en esta», reconoce el ministro. Uno de los escollos a salvar es la exigencia de Junts de incluir bonificaciones fiscales. «Tenemos modelos diferentes y el nuestro nunca va a ser el de las bonificaciones fiscales, pero es evidente que tenemos que incluir algunas de las demandas de los grupos que tienen que hacer viable la aprobación. Creo que el fin mayor es que salga adelante este decreto ley. No está cerrada la negociación, pero estoy convencido de que podremos alcanzar un acuerdo razonable».
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