Apenas había transcurrido una hora desde que Pedro Sánchez hizo oficial el adelanto electoral cuando Santiago Abascal animó a los españoles "a que no voten por correo". "A que voten en la urna". Casi simultáneamente, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lanzó un mensaje idéntico "a todo el mundo": "Ni se le ocurra votar por correo". El goteo de declaraciones en este sentido ha sido constante en las horas siguientes entre los dirigentes de la derecha, que cuestionan así abiertamente la fiabilidad de esta forma de participación.
En Vox agitan las dudas con convencimiento: "Es fundamental votar presencialmente", ha escrito este martes el partido en su cuenta de redes sociales. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha trasladado que la formación tiene "todas las reservas" respecto al voto por correo, y ha sostenido que sus dudas no son fruto de la "inventiva", sino de la "experiencia". Vox ya venía, en los últimos meses, poniendo en tela de juicio las garantías que ofrece el sistema, sugiriendo que Sánchez "está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones". A "cualquier artimaña", en palabras de Millán. Que Abascal, en su primer mensaje tras el adelanto electoral, pidiera unos comicios "limpios" da cuenta de cuán asumidas tienen estas sospechas en la calle Bambú.
Por su parte, el Partido Popular se mueve en la indefinición. Por un lado se ve impelido a defender la seguridad del proceso electoral español y, por otro, afirma "entender" que haya votantes que recelen e incluso teman que el voto por correo puede ser manipulado, como sugirió Ayuso. A ella se ha sumado este martes, secundando sus dudas en cierto grado, el presidente de Aragón, Jorge Azcón: "Podrían votar por correo, [...] pero yo a mis hijos los voy a traer a votar a Zaragoza".
Oscilando entre un planteamiento y otro, la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, urge a los ciudadanos a "votar masivamente" pero, "si albergan sospechas, que lo hagan en urna". Solo el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se ha alejado de estas dudas al asegurar que el sistema es "garantista". "Pedimos que los españoles vayan a votar, con voto presencial y por voto por correo", ha añadido.
Los motivos que llevan a Vox y a diversos dirigentes del PP a sembrar dudas son, en buena medida, compartidos. Millán, portavoz de la derecha dura, ha mencionado hoy el caso de la presunta trama de compra de voto por correo en Melilla durante las elecciones autonómicas y municipales de 2023 como argumento para justificar su desconfianza. Tras polémicas como esta, la Junta Electoral Central aclaró que, de cara a los comicios generales que se celebraron dos meses después, quienes fueran a votar por correo deberían identificarse con DNI, pasaporte o documento similar. Abascal lo celebró entonces, y Millán se ha remitido a ello.
En los últimos meses, Vox también ha cuestionado con especial ahínco el voto por correo desde el extranjero porque, a su juicio, este "no ofrece hoy un nivel de garantías equivalente al exigido para el voto por correo en territorio nacional". Cuestionaba el partido desde la identificación personal del elector hasta la "integridad de la cadena de custodia de la documentación electoral", y pidió a la Junta Electoral su suspensión, pero esta no aceptó la demanda.
En la cúpula del PP entienden el recelo de una parte de los electores tras ver que la presidencia de Correos ha estado en manos de un socialista, Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez durante su etapa como secretario general del PSOE, imputado, el pasado julio, por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el denominado caso Leire, que investiga presuntas maniobras para favorecer los intereses del PSOE y del Gobierno e interferir en las investigaciones judiciales que les afectan. Así como la presencia de la propia Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, en un puesto de relevancia de la sociedad pública como directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros.
A estos motivos, los populares -y Vox- añaden las sospechas que han anidado en la ciudadanía a la vista del descontrol detectado en la aplicación de la llamada ley de nietos con la nacionalización masiva de descendientes de españoles sin justificar la causa de exilio que establece la Ley de Memoria Democrática.
El PP afirma que estará "con todos los ojos puestos en el procedimiento" para garantizar su limpieza y acudir a la Junta Electoral ante cualquier sospecha. También Vox se encuentra alerta, y es más, así insiste en trasladarlo públicamente.