Pedro Sánchez registraba al arrancar 2025 una intención de voto ligeramente superior al 27%, según los sondeos de Sigma Dos. Eran cuatro puntos menos que año y medio antes, en las elecciones de julio de 2023 (31,7%). En medio: aprobó la Ley de Amnistía, estalló el caso Koldo, su esposa y su hermano fueron imputados, como también el fiscal general del Estado, y no hubo Presupuestos. 12 meses después, con varias de aquellas investigaciones abocadas a juicio -y alguna ya resuelta con condena-, con una fragilidad parlamentaria más acusada y, de nuevo, sin cuentas, Sánchez sumaría el 27,3% de los votos, según la encuesta de Sigma Dos de diciembre.
Los acontecimientos de 2025 no le han restado apoyo. O no de forma directa. Porque el encadenamiento de escándalos de los últimos meses sí ha propiciado que la derecha crezca hasta niveles de récord. PP y Vox aglutinan ya el 50% del voto -33,1% los primeros y 16,9% los segundos-, cuando hace un año reunían el 46,8% del apoyo (34,4+12,4) y en las elecciones de 2023 valían el 45,5% (33,1+14,4).
Sánchez inicia así a un nuevo año que se presenta como una continuación: que la mayoría de los casos estén aún pendientes de resolver hace aventurar que la tendencia podría consolidarse en 2026. Y, ahora, el termómetro no serán los sondeos, pues el país está ya inmerso en un nuevo ciclo electoral que será la respuesta a todo lo vivido. Son 20 los frentes que Sánchez arrastra a 2026 y que serán clave en el ir y venir de votos de los ciudadanos.
Los tribunales fueron protagonistas en 2025, y previsiblemente repetirán papel en el año que Sánchez abrirá, políticamente, en la Pascua Militar, mañana, ya finiquitadas las vacaciones de Navidad. En los últimos meses, cualquier agenda que pretendiera marcar el Gobierno se ha visto interrumpida, una y otra vez, por las novedades judiciales relativas a las causas que rodean al Ejecutivo y que, lejos de «quedar en nada», como tantas veces se aventuró el presidente y su equipo en Moncloa y Ferraz, siguen avanzando, con nuevas tramas a resolver en los próximos meses.
El caso Koldo es, por su alcance y sus implicados, el que más ha hecho tambalear la legislatura. El ex ministro José Luis Ábalos arrancó 2025 con una causa abierta en el Tribunal Supremo por la presunta compra irregular de mascarillas. Después se conocería que su ex novia fue contratada por dos empresas públicas y que la trama le pagó el alquiler de un piso, o que Ábalos percibió una «contraprestación económica» por sus gestiones en el rescate de Air Europa, según la UCO. El que fuera secretario de Organización del PSOE abre este año en prisión preventiva, procesado y a la espera de conocer la fecha del juicio -antes, declarará en el Senado el día 8-. «La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad», escribió Sánchez a Ábalos en julio de 2023, en uno de los whatsapps que reveló EL MUNDO el pasado año.
No es el papel del ex ministro en el caso Koldo lo único que mantiene al Gobierno y al PSOE en el foco. En junio de 2025, un segundo secretario de Organización socialista, esta vez en activo, cayó por su implicación en la trama corrupta: Santos Cerdán. La UCO reveló amaños en la adjudicación de obras públicas en los que el dirigente navarro habría mediado, y aquello supuso su imputación e ingreso en prisión preventiva, donde permaneció hasta el 19 de noviembre. Tuvo replica en el plano político: Cerdán dejó sus cargos, el PSOE perdió a su negociador con Junts en un momento delicado con los de Carles Puigdemont y Sánchez llegó a plantearse dimitir, según sostuvo después. Tras conocerse la presunta implicación de Cerdán en la trama corrupta, el PSOE tocó suelo en términos demoscópicos -26,8% en julio según Sigma Dos, su marca más baja desde las elecciones de 2023-.
'Caso PSOE'
La investigación de la UCO también llevó a que sus agentes entrarán el pasado año en Ferraz en busca de documentación. Y, después, reveló la existencia de entregas de dinero en metálico del PSOE a Ábalos. La unidad de la Guardia Civil señaló además que algunas de estas podrían no estar documentadas con la información aportada por el partido, y el juez de la Audiencia Nacional reclamó a los socialistas que detallaran todos los pagos en efectivo desde su caja entre 2017 y 2024, a cualquier dirigente. También a Sánchez, que reconoció haberlos recibido «en alguna ocasión» en concepto de liquidación por gastos. Un caso PSOE. El partido ya ha entregado la documentación, aún secreta, y será clave para revelar si hay algún indicio de financiación irregular en Ferraz.
En paralelo, alrededor del PSOE saltó un nuevo escándalo: el caso Leire Díez. La ex militante socialista -apodada como «la fontanera» del partido- presuntamente buscó material comprometido sobre los mandos de la UCO que investigan las causas que afectan al entorno de Sánchez. Ella, en una rueda de prensa en junio, se limitó a negar la responsabilidad del PSOE en su operación contra esta unidad de la Guardia Civil. Antes de darse de baja del partido, pidió verse con Cerdán. El pasado 10 de diciembre, la UCO la detuvo, junto al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el marco de una nueva rama de investigación que alude a contratos públicos bajo sospecha y de la que se verán nuevos avances este año.
El entorno familiar
A la par que el caso Koldo, en todas sus aristas, el jefe del Ejecutivo ha visto su acción política interrumpida por los avances de las investigaciones a su familia. Su esposa, Begoña Gómez, inició el pasado año imputada por 4 delitos: tráfico de influencias y corrupción en el sector privado -por la adjudicación de contratos públicos a una empresa recomendada por ella- y apropiación indebida e intrusismo -por el software de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense-. En 2025, el juez añadió otro: malversación de fondos públicos. El instructor analiza si la asesora de Gómez en Moncloa, siendo una trabajadora pública, ayudó a la esposa de Sánchez en tareas profesionales privadas.
Más avanzada se encuentra la causa que afecta al hermano del jefe del Ejecutivo. David Sánchez se sentará en el banquillo a finales de mayo, acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Junto a él, también como procesado, se sentará Miguel Ángel Gallardo, ex líder de los socialistas en Extremadura -dimitió tras la debacle electoral del 21 de diciembre-. No es el único candidato autonómico del PSOE salpicado por los escándalos que rodean al Gobierno y al partido: la líder en Aragón, Pilar Alegría, afronta los comicios en su comunidad del próximo 8 de febrero bajo la sombra de su comida con quien fue estrecho colaborador de Sánchez, Francisco Salazar, acusado de acoso sexual. Las denuncias por este motivo, que han desencadenado un Me Too en el PSOE en las últimas semanas, son otro quebradero para Sánchez en este arranque de año.
De los que le rodean, solo hay una causa judicial que no debería alterarle ya en 2026: el de Álvaro García Ortiz. El ya ex fiscal general del Estado se sentó en el banquillo en noviembre y resultó condenado por revelación de secretos contra el novio de Ayuso. El capítulo judicial quedó, pues, cerrado, aunque el eco político de la sentencia perdura. El Gobierno, que había sostenido la «inocencia» de García Ortiz, cargó contra los jueces: «Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?», dijo el ministro Óscar López. Declaraciones que se sumaron a las acusaciones de lawfare que ya antes había hecho Sánchez, en referencia implícita a las investigaciones a sus familiares: «Hay algunos jueces que están haciendo política», subrayó en una entrevista en septiembre en el periódico británico The Guardian.
Más allá de esa decena de frentes en los tribunales, la Justicia fue protagonista este 2025 desde el Tribunal Constitucional, que avaló la Ley de Amnistía que Sánchez y sus socios de investidura habían aprobado un año antes. Los magistrados respondieron así al primer recurso de inconstitucionalidad interpuesto, del PP, sosteniendo que el perdón a los líderes del procés no es arbitrario ni contrario al derecho a la igualdad. A la espera de que el Tribunal de la Unión Europea se pronuncie sobre la ley -el abogado de la UE ya la avaló e instó a la Justicia comunitaria a no impedir su aplicación-, Puigdemont sigue huido, pues el Supremo considera que el delito de malversación no queda recogido en la amnistía. El TC debe resolver ahora el recurso que el fugado interpuso.
Que el perdón no se haya aplicado íntegramente a Puigdemont es uno de los obstáculos que dificultó la relación entre el Gobierno y Junts. Pese a los numerosos intentos del Ejecutivo por reconducir la situación, intentando sacar adelante medidas de los neoconvergentes -competencias de inmigración a Cataluña, oficialidad del catalán en la UE, financiación singular...-, 2025 terminó siendo el año de la ruptura. A finales de octubre, Junts decidió «dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos». Anunciaron que no apoyarán ninguna ley registrada del Gobierno. La gobernabilidad de España a través del Congreso queda, por tanto, aun más complicada este 2026.
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líderes de PP y Vox, en el Congreso.Alberto di LolliColapso legislativo
Por esa falta de una mayoría en la Cámara Baja el Ejecutivo no ha logrado sacar adelante, tampoco para este año, los Presupuestos. Sánchez abre enero con una tercera prórroga de las cuentas de 2023, aprobadas en la anterior legislatura por un Gobierno y un Congreso distintos. Pero no son los Presupuestos la única norma que permanece sin visos de prosperar por la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo. La mayoría de las medidas del Plan de Acción por la Democracia que anunció Sánchez como respuesta a la investigación a su esposa siguen en la fase preliminar de su tramitación, como también aquellas que promulgó tras la imputación de Cerdán para reforzar la lucha contra la corrupción -algunas, incluso, han decaído en su primer examen en el Congreso-. Las reformas de la Justicia propuestas desde el Ministerio de Félix Bolaños tampoco avanzan, ni la mayoría de medidas recogidas en el pacto de coalición de PSOE y Sumar.
Ante la falta de apoyos, Sánchez buscó en 2025 formas alternativas para mantener la viabilidad de la legislatura. Se hizo especialmente patente cuando, ante las presiones llegadas desde la UE, el Gobierno elevó el gasto en defensa al 2,1% sin necesidad de aprobar unos nuevos Presupuestos -mediante inversiones y paquetes de financiación-. En cualquier caso, este asunto, como el relativo a la compra de armas a Israel, marcó el año de Sánchez en el panorama internacional. Las amenazas vertidas por Donald Trump ante la negativa de España a elevar más su gasto militar -poniendo incluso en duda su permanencia en la OTAN- han dejado al Gobierno en una posición incómoda en Europa, que sí apuesta por elevar esta partida en seguridad.
Crisis en Exteriores
El nuevo escenario en Venezuela abre otra brecha, a la espera de saber qué papel tendrá España. Exteriores, el sabado, ofreció sus «buenos oficios» para lograr «una solución pacífica y negociada a la actual crisis». Pero ayer Sánchez ya se colocó nítidamente contra Trump, al condenar la acción. La caída de Maduro llega tras años con el Gobierno cuestionado por su postura respecto al régimen bolivariano, especialmente por la acción de José Luis Rodríguez Zapatero, que lleva una década ejerciendo como mediador en Venezuela.
Los asuntos internacionales son, precisamente, los que generan más choques en el Ejecutivo de coalición. Si Yolanda Díaz logró que Sánchez cediera a su petición de aprobar un embargo de armas a Israel, la líder de Sumar fracasó en su reclamación de una crisis de Gobierno que renueve la legislatura ante la cascada de casos de corrupción y acoso sexual conocidos en torno al PSOE. Díaz no suelta aún el brazo a Sánchez, pero su relación arranca 2026 con aquel choque en el tintero.
Apagones
Entre citaciones judiciales, autos de la UCO, fallos de tribunales y negociaciones parlamentarias in extremis transcurrió un 2025 que dejará huella en el historial del Gobierno por otros motivos, de carácter social, y que elevan los lastres hasta ese total de 20 fracturas que han movilizado especialmente al votante de la derecha.
Las imágenes de estaciones colapsadas y viajeros atrapados en trenes durante horas atestiguaron el caos en que se ha visto sumido este servicio esencial, mientras otro bien básico, la vivienda, se ha convertido ya en un problema de país. Las casas son, al cierre de 2025, un 13,1% más caras que hace un año -según un informe de Tinsa- y, en noviembre, alquilar costaba un 9,9% más que 12 meses atrás -estima Idealista-. Faltan pisos sociales pese a los recurrentes anuncios de Moncloa y, mientras la España rural acumula casas vacías, la escasez de suelo en las ciudades impide construir los inmuebles que se demandan. La ausencia de una mayoría consolidada en el Congreso dificulta dar solución a estas cuestiones, conduciendo al país al atasco. Ejemplo paradigmático de ello fue aquel 28 de abril, cuando al mediodía España se fue a negro. Un apagón que, como tantos episodios de 2025, lleva aparejado el calificativo de «histórico».
El jueves, Sánchez con Junqueras y en Moncloa
JUEVES 8. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, precisó ayer que la reunión con Pedro Sánchez, para abordar la viabilidad de la legislatura tras los casos de corrupción y acoso del PSOE, será este jueves 8 de enero. El líder del PSOE da un paso más al reunirse con un condenado por el 1-O.
«DESBLOQUEAR». El líder independentista vaticinó que la cita, en Moncloa, y por tanto con la máxima solemnidad, debe servir «para desbloquear el nuevo modelo de financia-ción», cuya concreción lleva pendiente un año y medio -fue acordado a cambio de la investidura de Illa en el verano de 2024-. Para saciar a ERC el modelo deberá permitir la recaudación del IRPF por parte de la Agencia Tributaria Catalana.