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La directora de la Guardia Civil volvió a contactar con Leire tras ser informada por escrito de que maniobraba contra la UCO

La directora de la Guardia Civil volvió a contactar con Leire tras ser informada por escrito de que maniobraba contra la UCO
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Anticorrupción pidió citar a declarar a Mercedes González "lo antes posible": las informaciones reservadas contra la UCO pudieron ser un "auténtico medio de intimidación institucional" a los agentes que investigan al PSOE. Más información: La directora de la Guardia Civil y el DAO, investigados por prevaricación y delitos contra la Administración de Justicia

Extractos de las notas de despacho enviadas a la directora de la Guardia Civil./ ArteEE

Tribunales La directora de la Guardia Civil volvió a contactar con Leire tras ser informada por escrito de que maniobraba contra la UCO

Anticorrupción pidió citar a declarar a Mercedes González "lo antes posible": las informaciones reservadas contra la UCO pudieron ser un "auténtico medio de intimidación institucional" a los agentes que investigan al PSOE.

Más información: La directora de la Guardia Civil y el DAO, investigados por prevaricación y delitos contra la Administración de Justicia

Publicada 3 julio 2026 02:44h Actualizada 3 julio 2026 02:48h Las claves

Las claves Generado con IA

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado miércoles al juez Santiago Pedraz que citara a declarar "lo antes posible" a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, como investigados.

Considera que las informaciones reservadas que abrieron a agentes de la UCO que intervienen en los procesos judiciales contra el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudieron no responder a una finalidad disciplinaria sino que fueron "una reacción constante frente a determinadas decisiones investigadoras".

La potestad disciplinaria habría dejado de actuar "como instrumento de control interno para convertirse en un auténtico medio de intimidación institucional", afirma Anticorrupción.

Pedraz ha tardado menos de 24 horas en atender la petición de las fiscales, y González y Llamas tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional dentro de dos semanas para defenderse de presuntos delitos de prevaricación continuada y obstrucción a la Justicia.

Nunca antes la Guardia Civil había vivido una situación en la que dos máximos directivos están investigados por tratar de "intimidar" a unos subordinados que trabajan a las órdenes de los jueces. Directivos que habrían intentado "comprometer la carrera profesional del investigador, afectar a su reputación, limitar sus expectativas de ascenso o generar un permanente clima de incertidumbre respecto de su continuidad profesional", señalan las fiscales.

Los indicios contra González y Llamas se centran en la "reiterada apertura" de informaciones reservadas (tres en nueve meses) carentes de una verdadera justificación disciplinaria, "exclusivamente respecto de aquellos funcionarios que desarrollaban investigaciones de especial trascendencia" que afectaban al PSOE y "coincidiendo temporalmente con actuaciones procesales particularmente sensibles".

La doble vía de la dirección de la Guardia Civil para perseguir y purgar a quienes investigaban al PSOE: bulos y expedientes

Esas informaciones reservadas (una pesquisa sumaria para decidir si procede abrir un expediente disciplinario) coinciden también temporalmente con las reuniones de González y Leire Díez, la llamada 'fontanera' del PSOE que, bajo la presunta dirección del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, coordinó las actuaciones para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO.

De acuerdo con las diligencias que instruye Pedraz, las reuniones entre la directora y la 'fontanera' se produjeron los días 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024, y 2 de abril de 2025.

En el último encuentro, Díez pidió a la responsable de la Guardia Civil que retornase a su último destino al comandante Villalba. Este agente se encuentra implicado en el 'caso Koldo' y Leire le prometió ventajas si le daba información que ella pudiera utilizar contra los investigadores de la UCO, en particular contra el teniente coronel Antonio Balas.

Unos días después de ese encuentro, el 29 de abril de 2025, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota de despacho en la que se daba cuenta de "la existencia de un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO".

La nota mencionaba expresamente a Leire Díez y añadía "este grupo de personas haría ver que detrás de esta 'estrategia' [de desacreditar a la UCO] se encontraría Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil".

En ese momento aún no se conocían los tres encuentros ya celebrados entre Mercedes González y Leire Díez.

Una nota de contenido casi idéntico a la de la Jefatura de Información fue elaborada el 6 de mayo de 2025 por la UCO, que la hizo llegar al jefe de Policía Judicial, general Alfonso López Malo.

Este mando despachó personalmente la nota de la UCO con el DAO el 8 de mayo de 2025. Fue entonces cuando López Malo se enteró por boca de Llamas de la existencia de la nota de la Jefatura de Información, "ocultada" (dice Anticorrupción) por el DAO desde el 29 de abril anterior pese a afectar a una unidad clave.

Contravigilancias

La preocupación de López Malo por los datos contenidos en la nota del 6 de mayo fue tal que ordenó que se estableciera un servicio de contravigilancia en torno a dos oficiales de la UCO objetivos de la trama.

Pero lo más relevante, señalan las fiscales anticorrupción, es que Llamas manifestó a López Malo en ese despacho del 8 de mayo que ya había trasladado a la directora la nota de la Jefatura de Información de 29 de abril.

Anticorrupción también considera destacable que, pese a ser evidente que González conoció las dos notas de despacho que alertaba del grupo formado por Leire Díez para tratar de desacreditar a la UCO, la directora de la Guardia Civil aún mantuvo contactos telefónicos con la 'fontanera' del PSOE.

A las 09:16 horas del domingo 11 de mayo de 2025, día en que se publicaron informaciones sobre mensajes de 'whatsapp' entre el exministro Ábalos y Pedro Sánchez (que la UCO no tenía en su poder), se registraron mensajes en el chat de Leire Díez y la directora. González activó en ese momento la función de borrado automático.

El 29 de mayo de 2025, la responsable de la Benemérita mantuvo una reunión con Llamas, López Malo; el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el teniente coronel Balas, "sin que Mercedes González les hiciera saber que conocía y se había comunicado y entrevistado personalmente con Leire Díez", afirman las fiscales, que no creen la versión que la directora dioen el Senado.

Informaciones reservadas

En llamativo paralelismo con los planes de la 'fontanera' del PSOE, las informaciones reservadas contra agentes de la UCO se iniciaron el 4 de diciembre de 2024, 12 de mayo y 1 de septiembre de 2025, y ello pese a que el general jefe de la Policía Judicial y el coronel jefe de la UCO habían dado explicaciones que hacían innecesarias esas actuaciones pre-disciplinarias.

Las dos últimas informaciones reservadas, abiertas tras informaciones de prensa cuya filtración se pretendía atribuir a la UCO, coinciden con nota aparecida en la agenda de Leire Díez fechada en abril de 2025: "Investigación interna GC para filtraciones".

Imagen de la agenda de Leire Díez. E.E.

El 24 de abril de ese año, la 'fontanera' preguntó al entonces abogado de Koldo García, Ismael Oliver, si en la documentación de la causa aparecían las fechas en las que la UCO presentaba sus escritos al instructor.

"Es la manera de armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo", le dijo Díez, en referencia a posibles actuaciones para atribuir a los agentes supuestas filtraciones a la prensa.

La Fiscalía ve en la apertura de esas informaciones reservadas indicios de prevaricación y de obstrucción a la Justicia. Indicios derivados de "la reiteración de expedientes respecto de los mismos investigadores, la coincidencia temporal entre su incoación y determinadas actuaciones procesales relevantes, la ausencia de fundamento disciplinario suficiente, el archivo sistemático de tales actuaciones o la inexistencia de expedientes equivalentes respecto de otros funcionarios que desarrollaban funciones similares".

"Pudo existir una utilización reiterada y desviada de la potestad disciplinaria como mecanismo de presión sobre los funcionarios policiales" a cargo de diligencias que afectan al partido en el Gobierno, sostienen las fiscales. A ello podrán responder el día 16 Mercedes González y Manuel Llamas.

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