- La 'era Sánchez' deja más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018
- La negativa de Hacienda a deflactar cuesta 12.000 millones al contribuyente este año
- Editorial. Un aumento asfixiante de la presión fiscal
La reiterada negativa a deflactar el IRPF cuesta este año 12.000 millones a los contribuyentes.
La nueva campaña de la Renta corrobora la elevada factura fiscal que supone para el conjunto de los españoles la política tributaria del Gobierno de PSOE y Sumar. La reiterada negativa a ajustar -deflactar- las tarifas del IRPF, el impuesto de mayor recaudación generada en España, con las alzas de los precios costará 12.000 millones a los contribuyentes. Y ocurre al inicio de un nuevo episodio inflacionista, derivado de la guerra en Irán, que agudizará los efectos negativos de la no deflactación sobre el poder adquisitivo de los salarios.
Resulta injustificable a estas alturas mantener sin actualizar las retenciones por IRPF teniendo en cuenta las previsiones de que se volverán a superar en esta campaña los récords de ingresos tributarios logrados durante los anteriores ejercicios. Lo que los fiscalistas denominan como "progresividad en frío" impacta en todos los contribuyentes, aunque de manera desigual: para un salario de 25.000 euros supone 255 euros de tributación extra, mientras que para quien ingrese 400.000 euros la factura se eleva en 2.100 euros.
Un dato que desmonta el argumentario de La Moncloa, que sostiene que sólo se han subido impuestos a "los ricos" y quienes más ganan. Porque lo cierto es que, desde el año 2018, los Ejecutivos encabezados por Pedro Sánchez y con María Jesús Montero de ministra de Hacienda hasta el pasado 27 de marzo, han llevado a cabo 141 subidas tributarias, que han dado como resultado que una familia media pague actualmente un 31% más en impuestos que hace ocho años. Además, la mayor parte del aumento sostenido de la presión fiscal para financiar las políticas de despilfarro y dádivas de PSOE y Sumar -antes Podemos- se ha focalizado sobre los salarios, hasta el punto de que el Estado detrae de media un 53,6% del coste laboral entre impuestos y cotizaciones sociales.
El Ministerio de Hacienda ha tratado de justificar esta voracidad recaudatoria en el objetivo de alcanzar una carga fiscal en porcentaje de PIB equivalente a la de otros países europeos, un guarismo en el que nuestro país permanecería por debajo de la media comunitaria. Sin embargo, esta medida no recoge el esfuerzo real que supone para los distintos contribuyentes, muy superior en España sobre los asalariados y sus empleadores que en la mayoría de las economías de la UE. Ítem más, mientras Sánchez y Montero han ido elevando la cuña fiscal, otros gobiernos han emprendido el camino opuesto para aliviar a sus ciudadanos la caída del poder adquisitivo.
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