Domingo, 28 de diciembre de 2025 Dom 28/12/2025
RSS Contacto
MERCADOS
Cargando datos de mercados...
Política

La empresa de Santos Cerdán escondía un millón de euros listo para repartir justo antes de ser descubierta por la UCO

La empresa de Santos Cerdán escondía un millón de euros listo para repartir justo antes de ser descubierta por la UCO
Artículo Completo 1,446 palabras
Servinabar remansó en sus cuentas 1.017.986 euros a finales de 2023 según su impuesto de Sociedades, de los 8,9 millones que llegaron a pasar por ella, tal y como han cuadrado los investigadores Leer

Servinabar, la empresa en el epicentro de la presunta corrupción del PSOE, nunca fue una firma con actividad real sino, sencillamente, un instrumento a través del cual conseguir vehicular y finalmente gastar comisiones ilegales -esta última es muchas veces la parte más complicada: cómo disponer del dinero robado-. Una caja fuerte con fondos de, entre otros, Santos Cerdán, el ex escudero de Pedro Sánchez.

Así lo ve la Guardia Civil y ciertamente eso es lo que sugieren los números: la jugosa sociedad instrumental que recibía mordidas, como comisiones aparentemente legales, participando sobre todo en contratos con Acciona y que facilitaba el cobro muchas veces en especie de los réditos.

Pero no sólo eso. Servinabar 2000, la firma de la que el ex número dos del PSOE posee el 45% a tenor del contrato privado hallado por la Guardia Civil, acumuló hasta 2024 (a finales del ejercicio 2023) algo más de un millón de euros en reservas listo para ser repartido entre sus socios, según ha podido extractar EL MUNDO de las declaraciones del Impuesto de Sociedades.

Es decir: justo antes de ser descubierta por los investigadores a finales de 2024, Servinabar escondía en su seno un millón listo para ser gastado, parte del botín de 8,9 que ingresó.

En concreto, la empresa administrada por Antxon Alonso declaró en 2023 haber remansado en su cuenta de reservas 1.017.986 euros (757.000 más el capital social y las reservas), lo que significaría que a Cerdán le pertenecían, entonces, un total de 458.093 euros de ese millón. Ése sería el dividendo que correspondería al ex colaborador de Pedro Sánchez por ser socio de la mercantil si se hubiera repartido en 2024.

¿Quiénes tendrían derecho a cobrar ese millón? Con los datos conocidos, un 51% iría para Antxon, un 45% para Cerdán y un 4% para el último actor en aparecer en la función: presuntamente un hijo de Joseba Santamaría, periodista íntimo amigo de Alonso y director del Diario de Noticias de Navarra. De nuevo, por contrato privado y cuando el chico era aún menor de edad, según medios navarros. Su madre, por cierto, trabaja también en el Gobierno navarro, según ha podido saber este periódico.

En realidad, más allá del dinero contante y sonante, Servinabar pagó muchas cosas de Cerdán durante este tiempo, según la Unidad Central Operativa (UCO): renting de vehículos, consultorías, asesorías, arquitectos, despachos de abogados, ingenieros, gasolina, alquileres, compras personales... Por no hablar de sus familiares.

Su hermana, Belén, cobró de Servinabar 22.280 euros (y probablemente estuvo cobrando 1.800 euros al mes de la cooperativa Erkolan, a la que transfería fondos Servinabar, según los agentes). Su cuñado, Antonio Muñoz, cobró 61.673 euros. Su mujer, la célebre Paqui Muñoz a la que, según la esposa de Antxon Alonso, «conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés», recibió de Noran, la otra cooperativa encadenada a Servinabar, 9.500 euros.

En los desvíos de dinero a esas cooperativas, que no están obligadas por ley a presentar cuentas, estaría otra parte del león. Noran recibió de Servinabar entre 2015 y 2024, 730.000 euros. Erkolan, 258.000. La hipótesis de la UCO es que todo ese dinero es de origen potencialmente ilícito: Servinabar recibió 8,9 millones desde 2015, 6,7 de los cuales provienen de Acciona y de los contratos investigados. Pero mucho más. Servinabar también abonó los 44.650 euros del ático en Chamberí en que vivió apenas un año Cerdán, 160 metros cuadrados que han vuelto a salir ahora en arrendamiento, a unos prohibitivos 3.000 euros/mes. Y los 7.200 del piso de Cardenal Cisneros, Madrid, en el que estuvo antes. Y lo que gastaron él y su familia con la tarjeta, en restaurantes y en las vacaciones en Ibiza y Tenerife: 33.574 euros en total.

Cerdán, así, ha asegurado ante el juez Leopoldo Puente que el contrato que le atribuye el 45% jamás llegó a tener validez. La UCO lo halló en el registro del domicilio de Antxon en Elorrio (Vizcaya), en un maletín oculto en el trastero: una escritura de compraventa según la cual el político compraba al empresario, el 1 de junio de 2016, un 45% de Servinabar -en concreto 1.350 de las 3.000 acciones- a cambio de 6.000 euros. Según Cerdán «nunca llegó a efectuarse el pago» porque él se planteó dejar la política y su mujer, la ya célebre Paqui, le disuadió.

La realidad destapada por los investigadores desmiente pues, que el ex número dos de Pedro Sánchez no tuviera nada que ver con Servinabar: la empresa pagó sus gastos, sin que mediara contraprestación, durante años. Antxon, por su parte, cobró de Servinabar en esos 10 años, en concepto de «remuneración», 591.457 euros. Iván Santos, el hijo del líder de UGT en Navarra, Jesús Santos, 206.120. Cantidad parecida, sólo que en apenas tres años, a la que se llevó Vicente Fernández Guerrero, ex presidente nada menos que de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

La caja de Servinabar, en todo caso, es para la UCO como una tienda de caramelos para un niño: todo lo que ha pasado por ahí es potencialmente irregular o delictivo para los agentes, que así abrieron la trama Leire Díez que acabó con la fontanera y el ex SEPI en prisión.

Servinabar fue constituida por Antxon como administrador y único accionista el 4 de septiembre de 2015. Alonso, que durante los 15 años anteriores había impulsado distintos negocios -entre ellos, y ambos frustrados, una urbanización en Milagro, pueblo de Santos Cerdán, y un polígono industrial en Cintruénigo, lugar natal de la presidenta navarra, María Chivite-, arrancó la empresa con un único empleado el primer año (luego, estuvo otros ocho en nómina): el hijo del líder de UGT en Navarra, Jesús Santos.

Apenas meses después entraba en escena en el capital de la firma el entonces secretario general del Partido Socialista de Navarra, Santos Cerdán. A partir de ese momento Servinabar se hincha a recibir adjudicaciones públicas. La primera, según los mensajes de la trama, llevaba urdiéndose antes incluso de la constitución de Servinabar, es la de las prospecciones en Mina Muga, ya de la mano de Acciona. El papel de la UTE en el proyecto, que a día de hoy aún no se ha llegado a explotar, se lo adjudicó una empresa privada, Geoalcali, pero dependió de permisos públicos, de los Gobiernos de Navarra y Aragón.

De golpe, y para «sorpresa» de los técnicos de Cohesión Territorial de Navarra, que vieron «aparecer de ninguna parte una empresa sin apenas trabajadores ni experiencia, pero que estaba ahí para lo que estaba», según han declarado funcionarios del departamento a EL MUNDO, Servinabar gana grandes adjudicaciones.

En octubre de 2017, siempre de la mano de Acciona, gana el concurso para la adecuación de las oficinas del Navarra Arena por 3,78 millones. Ese mismo año logra la reforma del Archivo General de la comunidad foral, por 2,4 millones. Un año después gana el contrato para la construcción de 62 viviendas de protección oficial en Erripagaña, al lado de Pamplona, por 6,8 millones de euros. La firma, que en esos primeros años apenas tenía tres trabajadores, era la llave para conseguir las adjudicaciones -en al menos dos de las UTE, Acciona pasaba de tener el 75% del capital de la unión, al 99,9% una vez conseguido el contrato-. De hecho, desde 2015 hasta 2019 Servinabar sólo tuvo como objeto social «trabajos administrativos; archivo, digitalización y lectura de contadores, organización de congresos y servicios de portería».

No fue hasta 2019 cuando incluyó, junto a todo eso, las labores de construcción inmobiliaria, cuando ya había logrado contratos por valor de millones en Navarra. Sin embargo, el nombre de la empresa empieza a sonar sospechoso el 18 de marzo de 2024. Al menos dos altos funcionarios denuncian irregularidades en la adjudicación de la obra del túnel de Belate, la más cara en la comunidad en 15 años, con esa empresa «que no pintaba nada» en una obra de tanta complejidad -un particular, además, lo denuncia regladamente-.

Con el tiempo, las sospechas sobre Belate se unirían a las certezas de la UCO sobre los contratos de mascarillas amañados que llevarían al ministro Ábalos y su escudero Koldo hasta Cerdán y Antxon Alonso. Y a Servinabar. El círculo se había cerrado.

Fuente original: Leer en El Mundo - España
Compartir