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Una anciana camina por la calle con la ayuda de otra mujer. M. ROJAS La espera para obtener la dependencia vuelve a aproximarse a un añoLa financiación del sistema está en máximos históricos, pero aún así es la mitad de la media de la UE, según los gerentes de servicios sociales
Madrid
Viernes, 13 de marzo 2026, 13:33
... dependencia y que le comunican que va a recibir una prestación y de qué tipo es de 341 días de media, once meses y una semana exactamente.Las autonomías con los mayores retrasos son Murcia, Andalucía y Canarias, con hasta año y medio, el triple de lo que permite la ley
Los 341 días no solo son un tiempo excesivo sino que, además, incumplen la ley, pues es casi el doble del plazo máximo que la norma da a las administraciones para trasladar una respuesta al dependiente, que es de seis meses. Aunque esta falta de diligencia es un mal extendido (solo cinco autonomías cumplen el plazo legal), no todos los territorios tienen la misma culpa. Hay tres en los que la espera de los dependientes para lograr su ayuda sobrepasa con creces el año. En Murcia la media de la dilación es de 559 días (más de año y medio), en Andalucía, de 496 días (un año y cuatro meses), y en Canarias, de 430 días (14 meses). A ellas se suma Madrid, que con 348 días también supera por poco la espera media nacional.
Solo cinco autonomías resuelven los expedientes en menos de los seis meses que exige la ley. Las más eficaces son Castilla y León, que da la respuesta en 113 días (no llega a cuatro meses), y el País Vasco, con 129 días. Les siguen, también por debajo de los 180 días legales, Aragón (141), Castilla-La Mancha (165) y La Rioja (174).
El efecto directo de estos retrasos es la enorme acumulación de mayores y ciudadanos con alguna discapacidad (los principales usuarios del sistema) en espera de recibir la prestación que han solicitado. Según los datos del Observatorio, el año pasado concluyó con 258.167 españoles esperando a recibir la ayuda de dependencia, 109.260 estarían pendientes aún de que les digan si tienen derecho a prestación y 148.907 la tendrían ya reconocida, pero estarían a la espera de recibirla. Serían 12.178 aspirantes en espera menos que un año antes, lo que, si no mejora el ritmo de reducción, obligaría a que pasasen 20 años para acabar con los ciudadanos en espera.
El Ministerio de Derechos Sociales rechaza esta contabilidad y reduce la lista de espera de la dependencia a 152.693 personas, lo que supondría un recorte del 18% sobre el año anterior. ¿Dónde está la explicación del desfase? En que ministerio y autonomías solo incluyen en la lista a quien presentó la solicitud hace más de seis meses (el tope legal para que le den una respuesta y la ayuda) mientras los gerentes cuentan a todo el que está a la espera de contestación a su solicitud.
32.000 fallecidos sin respuesta
En cualquier caso, como resultado de estas dilaciones, el año pasado fallecieron 32.704 solicitantes españoles sin haber recibido la ayuda, 17.994 pendientes de que les concediesen el estatus de dependientes y 14.710 a la espera de recibir la prestación a la que ya tenían derecho. Son 90 fallecidos en espera al día, uno cada 16 minutos.
Según el ranking que el Observatorio realiza cada año sobre la calidad de la aplicación de la ley de dependencia en cada comunidad, en base a 20 indicadores, solo seis autonomías superan el examen. Con notable lo pasan las dos Castillas y entre el bien y el suficiente se mueven Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón. El resto suspenden, con Extremadura, Murcia, Cataluña y Cantabria a la cola.
Los directores y gerentes de servicios sociales admiten que la financiación del sistema de la dependencia, con 13.506,6 millones de euros, alcanzó su máximo histórico en 2025, especialmente por el fuerte impulso inversor del Ministerio de Derechos Sociales, que aportó un 150% más que en 2020 y el triple que en 2014, cuando los recortes del Ejecutivo del PP dejaron esta red de protección al borde del colapso. Sin embargo, aseguran que se trata de una aportación insuficiente por parte de todas las administraciones para atender a los casi 1,8 millones de dependientes españoles, ya que, con un desembolso actual equivalente al 0,8% del PIB, gastan la mitad de la media de los países de la UE.
Los autores del informe calculan que para evitar las esperas y superar una atención a la dependencia que califican de «bajo coste», los Presupuestos del Estado deberían elevar su partida de financiación en al menos 1.000 millones de euros.
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