El padre de la víctima, que aún trata de recuperarse de las secuelas psíquicas, asevera que el acusado sabía lo que hacía y critica la inimputabilidad que defiende la Fiscalía y su abogada tras el informe de una forense
Regala esta noticia Añádenos en Google 02/07/2026 a las 21:36h.A Francisco le cuesta disimular el dolor y la indignación. Quedan horas para que un jurado popular emita un veredicto en el juicio por el ... caso de su hija, que se vio obligada a saltar desde el balcón de su casa en Torremolinos para escapar del ataque de su expareja con un hacha, y decide alzar la voz: «Lo que ese chico le hizo a Lucía la ha cambiado para siempre. Le ha truncado la vida». Su familia pide que el acusado, para quien su abogada y la Fiscalía solicitan la eximente completa alegando que se encontraba bajo un brote psicótico, pague por lo que ha hecho.
El principal punto de fricción para la familia es la eximente por anomalía psíquica que defiende la Fiscalía tras el informe forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga. «Yo conozco a Pablo, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo», defiende. A la familia de Lucía le preocupa especialmente que el internamiento en un centro psiquiátrico suponga una «puerta de atrás» para el procesado: «Este tipo de medidas pueden modificarse si el paciente presenta mejoría».
Francisco señala además al entorno del acusado. Según el padre, el procesado fue evaluado por especialistas que habían compartido profesión con un familiar del presunto autor: «No creo que las cosas se miren de la misma manera», lamenta, temiendo que reciba un trato de favor y termine en la calle antes que si cumpliera una pena de prisión.
Para comprender la dimensión del caso, el padre recuerda que la relación comenzó cuando Lucía tenía solo 15 años y el acusado 19. Durante ese tiempo, la familia nunca tuvo constancia de que el joven sufriera ningún trastorno mental. Sin embargo, sí detectaron cómo el agresor fue apartando a la menor de su entorno. «Se fue aislando mucho Lucía de la familia; cada vez se fue haciendo más complicada la relación», relata su padre.
El punto de inflexión llegó en el puente de diciembre de 2022. Tras romper la relación, la menor descubrió que su expareja le había destrozado el coche y lo denunció. Él reconoció su responsabilidad en los hechos y la autoridad judicial le impuso una orden de alejamiento. Durante los tres meses siguientes, su padre asegura que no tuvieron ningún contacto y la joven recuperó la calma: «La veíamos muy bien».
Pero todo explotó el 28 de marzo de 2023, cuando el acusado quebrantó la medida de alejamiento, entró en la vivienda y la atacó por la espalda, de forma sorpresiva y sin mediar palabra. Tras ser alertado de lo sucedido, Francisco recuerda que encontró a su hija «en un estado de shock absoluto»: «Lo único que me decía era: 'Hay alguien en la casa, papá. Alguien me ha atacado'».
Ahora, el jurado popular deberá emitir un veredicto y resolver la clave del juicio: el estado mental del procesado en el momento de la agresión. Mientras que la acusación particular —la abogada que defiende a la víctima y a su familia— considera que el procesado sabía lo que hacía y pide que cumpla 19 años entre rejas, la defensa y la Fiscalía coinciden en que el joven tenía sus facultades mentales mermadas y que, por tanto, es inimputable. El Ministerio Público solicita, en su lugar, que ingrese en un centro médico.
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