La Fiscalía General del Estado advierte en su Memoria correspondiente al año 2025 que la "posición extremadamente restrictiva" de Marruecos y Argelia es uno de los principales factores que frustran las expulsiones de ciudadanos extranjeros del territorio español.
"Así, Marruecos solo acepta la repatriación si el interesado presenta pasaporte original en vigor, documento que muchos penados ocultan deliberadamente y, Argelia, por su parte, prácticamente no documenta expulsiones, hasta el punto de que en algunas provincias esta vía se considera materialmente inviable", detalla el Ministerio Público en su informe anual.
Según la Fiscalía, "la ejecución efectiva de las expulsiones [...] continúa viéndose obstaculizada por problemas estructurales persistentes que, lejos de disminuir, se han consolidado como uno de los principales factores que comprometen la eficacia real de este instrumento legal", una realidad que se vuelve a poner de manifiesto, un año más, en las diferentes memorias territoriales.
La "falta de colaboración" de los dos países del norte de África ya fue señalada por la Fiscalía en su memoria de 2024. En esta ocasión, el Ministerio Fiscal considera que la "limitada colaboración consular" y el "déficit de documentación" son los principales factores de la frustración de las expulsiones.
Además, entre otras causas de estos retrasos, el documento contempla "la no localización del investigado o penado", "la no resolución en sentencia de la expulsión y su retraso a la fase de ejecución" o "la existencia de otras responsabilidades penales pendientes", entre otras. También hace referencia al "colapso que sufren los órganos judiciales" o simplemente "que el órgano sentenciador no comunica a la autoridad gubernativa puntualmente el fallo condenatorio".
Como único ejemplo de desarrollo positivo, la Memoria de la Fiscalía cita el caso de Segovia: "De 16 solicitudes de expulsión, 14 fueron autorizadas y 13 de ellas llegaron a ejecutarse efectivamente, demostrando que, cuando los elementos administrativos y documentales confluyen adecuadamente, la expulsión sigue siendo una herramienta eficaz".
Un 15% más de informes de expulsión
Este tipo de trabas se produjeron en un contexto en el que los informes de expulsión incrementaron un 15,2% en comparación con el año anterior, pese al descenso del número de llegadas por accesos irregulares durante 2025. Estas entradas fueron un 27,8% menos que en 2024. Así, el Ministerio Público informa que el año pasado se emitieron 1.287 informes relativos a expulsiones de ciudadanos extranjeros incursos en procedimientos penales, frente a los 1.117 emitidos en 2024, "consolidando así la tendencia ascendente ya iniciada en 2023".
En cuanto a su distribución territorial, señala la Memoria, en 2025 los mayores volúmenes de actividad se concentraron en Madrid (219), Gipuzkoa (100), Málaga (123) y Asturias (136).
El artículo 89 del Código Penal establece que se puede sustituir la pena de cárcel superior a un año con la expulsión del territorio. Así, los datos de la FGE correspondientes al ejercicio 2025 ponen de manifiesto que estas solicitudes mantienen una evolución "claramente ascendente". "Así, si en 2023 se registraron 4.144 solicitudes y en 2024 esta cifra se elevó a 4.656, en 2025 se alcanzaron 5.551 peticiones", indica la Memoria. Esto supone un incremento del 19,2% respecto a 2024; del 34% respecto a 2023, lo que consolida "una tendencia al alza continua en el empleo de esta medida, especialmente en procedimientos por delitos contra la propiedad, contra la seguridad vial o relacionados con el mantenimiento del orden público".
Asimismo, la Fiscalía destaca que en 2025 hubo un "incremento de peticiones voluntarias de expulsión por parte del penado" en fase de ejecución de su pena. Este "fenómeno emergente" se dio especialmente en Madrid, Navarra y Cataluña, "incluso cuando la sentencia no lo previó originalmente". La posibilidad ejecutar una expulsión bajo este supuesto está siendo estudiada, ante las dudas que ha suscitado en la Fiscalía de Madrid.
"A esta evolución cuantitativa se añade un incremento en la actividad desplegada en las distintas fases del proceso penal, así durante 2025, los fiscales formularon 481 solicitudes de expulsión sustitutiva en trámite de sentencia y otras 700 en fase de ejecución".