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Leire Díez Efe La Fiscalía archiva la investigación sobre el pendrive de la 'fontanera' d al no hallar indicios de nuevos delitosEl Ministerio Público concluye que los datos aportados por Leire Díez sobre las supuestas «cloacas del Estado» ya se encuentran judicializados en otros procedimientos
Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
Martes, 17 de marzo 2026, 11:16 | Actualizado 11:27h.
... datos ya conocidos de sumarios judicializados. Ninguna novedad. Ninguna revelación en esa memoria que la 'fontanera', hoy imputada en otros procedimientos de corrupción, blandió el pasado verano para tratar de defender que era una periodista de investigación y que sus reuniones con fiscales, policías e imputados para tratar de malbaratar investigaciones judiciales que salpican al Gobierno, a Pedro Sánchez o al PSOE solo tenían como objetivo obtener información para un futuro libro sobre la y la guerra sucia policial y judicial-El estudio técnico del pendrive, llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha determinado que el centenar de archivos recopilados por Díez no tiene recorrido procesal autónomo. Según las conclusiones de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, y el fiscal jefe, Jesús Alonso, el material supuestamente sensible que Díez fue acaparando en los últimos años —gran parte del cual procedía de grabaciones originales del excomisario José Manuel Villarejo— ya consta en distintos procedimientos judiciales actualmente en curso.
Esta decisión, que pone en cuestión su versión de estaba llevando una investigación periodística, complica todavía más la situación judicial de la 'fontanera'. En la actualidad, Díez está siendo investigada por un juzgado de Madrid por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, tras la difusión de unos audios en los que se le escucha ofrecer supuestos favores de la Fiscalía a cambio de obtener información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, quien dirige varias de las investigaciones que salpican al PSOE y al Ejecutivo, y el fiscal de Anticorrupción, José Grinda. De forma paralela, la Audiencia Nacional mantiene abierta otro procedimiento contra ella por el presunto amaño de contratos públicos en colaboración con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el exsocio en la sombra de Santos Cerdán, imputado a su vez en la trama 'Ábalos-Cerdán-Koldo'.
Baja voluntaria
El origen de la investigación sobre este dispositivo electrónico se remonta al pasado mes de junio, cuando Díez solicitó su baja voluntaria como militante tras la publicación de las grabaciones en las que trataba de obtener datos para comprometer a altos mandos policiales. En ese momento, hizo entrega del USB al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La portavoz del partido, Esther Peña, justificó entonces la entrega del material a la justicia bajo la premisa de que la formación buscaba transparencia total. «Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país», aseguró Peña en defensa de la actuación de Ferraz.
Entre los archivos analizados por los investigadores figuraban carpetas con informaciones relativas al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según los datos que constan en las diligencias, Díez habría iniciado una búsqueda activa de elementos comprometedores contra Luzón, contactando para ello con dos fiscales que trabajaron bajo su mando y que denunciaron haber sido objeto de intentos de extorsión. Estos contactos se produjeron coincidiendo con el inicio de la investigación del Tribunal Supremo sobre José Luis Ábalos, un procedimiento liderado precisamente por el fiscal Luzón y que ha acabado destapando la enorme trama corrupta en la que estaba embarcado el exministro y otros cargos de Transportes, además del propio Santos Cerdán, acusado de liderar una red de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.
Asimismo, el pendrive contenía documentación relacionada con la supuesta «guerra sucia» que el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández habría orquestado en el año 2014 contra el entonces recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Esta parte del contenido se vinculaba a una denuncia del empresario Javier Pérez Dolset, quien aportó notas informativas atribuidas al comisario Villarejo. En dichos informes se vertían acusaciones sobre los negocios de las saunas de Sabiniano Gómez, suegro del presidente del Gobierno.
Leire Díez siempre ha mantenido en sus comparecencias públicas y ante el juzgado que su actividad se limitaba a una «labor periodística» para la redacción de un libro sobre las cloacas del Estado. «Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie; ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE», manifestó durante una rueda de prensa.
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