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Imagen de la finca Veta la Palma en el Espacio Natural de Doñana. EP La Fiscalía demanda a Transición Ecológica por no actuar ante los robos de agua en DoñanaMITECO responde asegurando haber actuado dentro de sus competencias para cerrar pozos ilegales
EP
Viernes, 6 de marzo 2026, 20:22
... para que «ejerza su competencia en materia de responsabilidad medioambiental» y acuerde «medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación» sobre los particulares y entidades identificados por la Unidad Central del SEPRONA de la Guardia Civil como causantes de «extracción ilegal y masiva» de aguas subterráneas afectantes al espacio natural de Doñana.El 29 de octubre de 2025, la Secretaría de Estado emitió una resolución por la que acordó inadmitir la solicitud al no ser la Secretaría el órgano competente en la materia y al no ser los daños a las aguas continentales de Doñana exclusivos del Dominio Público Hidráulico: involucran «a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía».
Ahora, la Fiscalía ha impugnado esta resolución ante la Sala de lo Contencioso. De acuerdo con el Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional, el número de responsables identificados que, durante los años 2022 y 2023, realizaron extracciones ilegales de agua subterránea asciende a un total de 250: Huelva (198), Sevilla (51) y Cádiz (1).
Tal y como ha recalcado, la ausencia de la adopción de medidas efectivas para evitar y reparar el daño medioambiental sobre las aguas de Doñana motivó en 2021 que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya declarado la responsabilidad de España por incumplimiento del derecho de la Unión Europea (UE).
En este marco, la exigencia de responsabilidad medioambiental «concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo». «En cuanto principio rector de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», ha destacado el organismo.
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