Muchos años han pasado ya desde que Marcos Benavent, el ex gerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia, se presentó en el juzgado diciendo que era un "yonqui del dinero" y que estaba arrepentido. Reconvertido voluntariamente en un hippy, pretendía iniciar así un camino de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Un pacto que, como su vestuario alternativo al traje y corbata, quedó atrás hace tiempo, por lo que la Fiscalía ha elevado a 11 años su petición de cárcel para él por los presuntos amaños de contratos del Ayuntamiento de Valencia y para los que él supuestamente cobraba mordidas de los empresarios.
El fiscal Fernando Maldonado ha instado este lunes al tribunal a dictar una condena "dura y ejemplar" contra Benavent. De hecho, solicita 11 años de cárcel -cinco por cohecho, seis por malversación y nueve de inhabilitación por prevaricación-, a pesar de que en su escrito provisional reclamaba seis años y medio de cárcel por el atenuante de colaboración con la justicia. Sin embargo, el autodenominado "yonqui del dinero" y principal acusado en la pieza E del denominado caso Imelsa se retractó durante el juicio que se ha seguido en la Audiencia de Valencia.
Benavent se negó a ratificar su confesión en instrucción con el argumento de que cuando declaró ante la UCO de la Guardia Civil lo hizo "fumado" y "perjudicado" por la marihuana, y que su única intención era "perjudicar al PP".
De ahí que el fiscal haya pedido ahora una condena "dura" porque, según ha dicho, "la corrupción es el cáncer de la democracia". Y la democracia, ha insistido, "es un sistema fuerte, pero también es la débil y hay que mimarla, hay que cuidarla y hay que protegerla siempre y en todo lugar".
Así lo ha señalado en la exposición de su informe final en el juicio sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2007, cuando la dirigía la ya fallecida María José Alcón.
"Esto es la indignidad humana, el absoluto desprecio por la ley, por el procedimiento, con el buen hacer, y todo por un puñado de euros, por quedarse con 29.000 euros. ¿Merece la pena?", ha cuestionado.
En su declaración en el juzgado, Benavent aseguró que manipuló las grabaciones que originaron el procedimiento: "En esa época contaba muchas mentiras". E insistió en que estaba obsesionado con "implicar a todo el mundo" para salpicar al PP. "Se ha arrepentido de arrepentirse", ha cuestionado el fiscal.
Benavent no es el único acusado en esta pieza, pues hay otros cuatro. Se trata de Vicente Burgos, ex director de la Fundación Jaume II el Just, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel, y tres representantes legales o apoderados de empresas adjudicatarias -Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent-, para los que Fiscalía reclama tres años de cárcel. Según el fiscal, todos "estaban en el ajo".