La Fiscalía Europea ha decidido abrir de oficio la investigación sobre el uso de fondos comunitarios en el mantenimiento de la vía de Adamuz (Córdoba), donde se produjo el pasado 18 de enero el accidente que costó la vida a 46 personas.
Se trata de una circunstancia «excepcional», ya que en la mayoría de ocasiones el organismo comunitario se decide a iniciar un procedimiento porque previamente ha recibido denuncia o querella. Las cifras hablan por sí solas y corroboran este extremo. Del centenar de procesos de verificación iniciados en el año 2025 (108 en total), la Fiscalía Europea sólo actuó de oficio en cuatro ocasiones.
Según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO, el fiscal europeo decidió actuar por iniciativa propia una semana después de la tragedia de Adamuz ante «la gravedad de los hechos», y ante las informaciones que apuntaban a que la vía de alta velocidad había sido reformada con fondos procedentes de la Unión Europea. «No podíamos mirar hacia otro lado», recalcan fuentes fiscales.
En primer lugar, la Fiscalía Europea puso en marcha el denominado proceso de verificación, es decir, la fase inicial consistente en recabar diversa documentación relacionada con el accidente. Tal y como avanzó este periódico el pasado viernes, antes de iniciar la investigación formal, los fiscales europeos se dirigieron al juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga los hechos, a Adif y a la Dirección General de Fondos Europeos.
El análisis preliminar de la información aportada en la fase de verificación permitió concluir que había indicios suficientes para iniciar una investigación formal, según indican las fuentes consultadas. El motivo: la principal hipótesis de la tragedia ferroviaria se centra en una soldadura defectuosa entre la vía del año 1989 y la de 2023, que pudo provocar el descarrilamiento del tren Iryo, y su posterior choque con el Alvia que venia de frente.
POSIBLE MALVERSACIÓN
Las sospechas de que se pudieron desviar fondos públicos en esas tareas de mantenimiento de la vía llevó al fiscal europeo a dictar un decreto de incoación de un procedimiento formal por los delitos, en principio, de malversación de caudales públicos y/o defraudación de ayudas europeas.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, trató el pasado viernes de restar valor y rebajar el impacto de la investigación del organismo comunitario señalando en la red social X que la Fiscalía Europea investiga «en todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos». Tal afirmación es rotundamente falsa.
En todas sus investigaciones, el fiscal europeo sigue un mismo modelo de actuación. En la primera fase de verificación, recaba información sobre el uso de fondos públicos de la Unión en los hechos objeto de investigación penal, y sólo si al analizar la documentación obtenida observa indicios de la comisión de algún delito es cuando este órgano decide incoar un procedimiento, tal y como ha sucedido ahora con la tragedia de Adamuz.
Así lo establece el artículo 40 del Reglamento Interno de la Fiscalía comunitaria, donde se recoge, textualmente, que «la verificación para la apertura de una investigación evaluará si la conducta denunciada constituye un delito que entra dentro del ámbito de competencia material, territorial, personal y temporal de la Fiscalía Europea, y si existen motivos fundados, con arreglo a la legislación nacional vigente, para considerar que se está cometiendo o se ha cometido un delito».
«Hay decenas de procesos de verificación que se archivan, no dando lugar a ninguna investigación formal», indican fuentes del departamento comunitario, refutando la tesis del titular de Transportes.
Por su parte, la causa abierta por la presunta malversación de ayudas europeas se centra, en la actualidad, en analizar la multitud de expedientes de contratos que fueron reclamados al gestor ferroviario Adif, y aportados por este a la Fiscalía Europea. Dichos contratos detallan los fondos empleados en las obras llevadas a cabo para el mantenimiento del tramo de vía donde tuvo lugar el siniestro en la línea de alta velocidad entre Madrid-Sevilla. Adif ha admitido ya que hasta 36 metros de vías del tramo donde tuvo lugar el accidente no tenían «certificado de calidad». Los fiscales Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas han sido asignados a esta causa.
Por otro lado, este segundo procedimiento abierto por el accidente de Adamuz ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, donde el magistrado José Luis Calama tendrá que actuar como juez de garantías. La causa de la Fiscalía Europea transcurre de forma paralela a la del juzgado de Montoro.