La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra Asier Arzalluz Goñi, condenado en 2024 por el asesinato del colaborador de EL MUNDO José Luis López de Lacalle.
La propuesta del Departamento de Justicia vasco llega tras la decisión de otorgar un régimen muy similar al ex jefe de comandos de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina,Txeroki. El Ministerio Público no se ha pronunciado sobre este caso, dado que aún no ha sido informado de la aplicación al terrorista del artículo 100.2, semejante al tercer grado.
El escrito del fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria, Carlos García Berro, sostiene que resulta prematuro el tercer grado para Asier Aralluz Goñi, que terminará de cumplir sus condenas en 2030. Además de la muerte del periodista en 2000, la Audiencia Nacional le ha condenado por los asesinatos del funcionario de prisiones Máximo Casado y los de dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca). También por el intento de asesinato del socialista Eduardo Madina.
El Ministerio Público indica que la ley "permite adaptar el segundo grado", en referencia al régimen común en que el preso cumple condena en el centro penitenciario, pero añade que "su eficacia se evalúa en función de un uso sostenido, vinculado siempre a un programa de tratamiento". "La doctrina penitenciaria muestra que su aplicación requiere periodos prolongados de observación para constatar resultados reales", añade.
Prosigue indicando que la jurisprudencia del Supremo "exige que la evolución tratamental tenga consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente". Frente a ello, "un periodo tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad, no muestra evolución prolongada, no permite verificar cambios consolidados y no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves".
El recurso considera elementos favorables que exista una "petición de perdón a las víctimas", así como "su posicionamiento hacia la reparación del daño, aceptando su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA". Pero no resulta suficiente para compensar el resto de circunstancias, considera la Fiscalía.