El Ministerio Público reclama 13 años para Navarro Tacoronte, el 'mediador', y 11 para Taishet Fuentes, sobrino del exdiputado socialista
Regala esta noticia Añádenos en Google 'Tito Berni' en una foto de archivo. (Efe) 24/06/2026 Actualizado a las 12:16h.La Fiscalía solicita ocho años de prisión para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el exdiputado del PSOE conocido como 'Tito Berni', por un delito continuado ... de cohecho y pertenencia a grupo criminal en la pieza principal del caso Mediador. El Ministerio Público sostiene que el antiguo parlamentario se valió de su condición de diputado en el Congreso para dar apariencia de solvencia a una red que ofrecía a empresarios contactos, gestiones y supuestos favores administrativos a cambio de pagos, regalos y comisiones.
Fuentes Curbelo seis años de cárcel por cohecho continuado y otros dos por pertenencia a grupo criminal. También pide para él multa de veinte meses y doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.La acusación pública reclama además 13 años de prisión para Marco Antonio Navarro Tacoronte, el llamado 'mediador', por cohecho, pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias. Para Taishet Fuentes Gutiérrez, sobrino de Fuentes Curbelo y exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, solicita 11 años de cárcel por cohecho continuado, pertenencia a grupo criminal y estafa.
El fiscal describe visitas al Congreso, cuentas bancarias vinculadas a empresarios captados por la trama canaria entre 2020 y 2021
El escrito sitúa a los tres en el núcleo inicial de la trama. Según la Fiscalía, actuaron «guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico» y diseñaron un «plan criminal» con una «distribución de funciones claramente definida». El objetivo, siempre según la acusación, era captar empresarios, sobre todo de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables, para ofrecerles negocios privados, contratos, subvenciones u otros beneficios públicos en Canarias a cambio de «regalos, dádivas y comisiones».
El Ministerio Público atribuye a Navarro Tacoronte la captación de empresarios, pero subraya que la intervención de los cargos públicos resultaba «indispensable» para el éxito de los negocios propuestos. Fuentes Curbelo y su sobrino, según el fiscal, hacían «uso indebido» de sus responsabilidades públicas y se servían de sus cargos «de enorme relevancia» para identificar posibles empresarios, aportar contactos y reforzar la credibilidad de las propuestas.
La Fiscalía describe esa puesta en escena como una parte central del mecanismo. Sostiene que era «absolutamente fundamental para doblegar o corromper la voluntad» de los empresarios ofrecer una «imagen de seriedad y viabilidad» de los proyectos. En ese punto, añade, entraban el diputado nacional, el director general de Ganadería e incluso un general de la Guardia Civil investigado en otra derivada, porque aportaban «su imagen y la relevancia de los cargos públicos que ostentaban».
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