Los expertos reclaman un replanteamiento de la fiscalidad verde basado en la neutralidad tecnológica, la simplificación administrativa y la seguridad jurídica para evitar la desindustrialización y salvaguardar la competitividad europea.
La Unión Europea avanza decidida hacia sus objetivos de descarbonización para el año 2050. Sin embargo, el diseño y la implementación de los tributos medioambientales han abierto un debate profundo sobre su impacto real en la competitividad de las empresas y la supervivencia del tejido industrial. La complejidad normativa y la falta de certidumbre a largo plazo amenazan con transformar las intenciones legislativas en una pérdida de inversión y empleo en el continente.
Así lo destacaron los especialistas en el Observatorio Fiscal Expansión, patrocinado por Santander, que en esta ocasión versó sobre Fiscalidad Verde y Sostenibilidad. Los expertos analizaron los desajustes entre la teoría legislativa y la práctica empresarial, proponiendo soluciones constructivas para que las políticas fiscales sirvan como un verdadero catalizador de la reindustrialización y no como un obstáculo para la actividad económica.
Luis Leis, profesor del IE Law School, pone el foco en el notable distanciamiento existente entre los desarrollos teóricos y la realidad del mercado. "Existe un distanciamiento de la fiscalidad con la realidad económica y empresarial", advirtió Leis, quien enfatizó que la complejidad de estas normas provoca que su aplicación práctica se realice, en ocasiones, de forma casi aproximada por la dificultad de verificación. Para el profesor, el avance en esta materia exige un equilibrio complejo. "Para avanzar adecuadamente se necesita equilibrio, autoconfianza y humildad". A su juicio, esta última se vuelve indispensable para reconocer que los marcos actuales no están funcionando según lo previsto y que es necesario un replanteamiento estructural.
Leis analizó los límites de la imposición ambiental y su impacto en la competitividad exterior. Explicó que este tipo de tributos operan bajo una lógica particular. "En estos impuestos, lo que se busca es no recaudar", pues el éxito de la norma consistiría en la erradicación del comportamiento contaminante. No obstante, advirtió sobre los efectos no deseados de este planteamiento, como la fuga de carbono hacia terceros países o la pérdida de cuota de mercado, un escenario donde "el carbono nos perjudica a todos, pero además estamos siendo menos competitivos". Luis Leis recurrió al ejemplo de las tasas locales de recogida de residuos para ilustrar cómo el principio de "quien contamina paga" a menudo se desvirtúa en su aplicación práctica a través de criterios planos como los valores catastrales. Ante esta situación, Leis abogó por un ejercicio de realismo político que involucre a todos los sectores. "Tengamos la humildad de decir que no está funcionando bien, reseteémonos y pensemos desde cero", señaló.
El enfoque industrial
Desde la perspectiva de la gran industria, Fernando Bonastre, director de Asuntos Fiscales Industrial, Litigios y Prácticas Especializadas de Repsol, defendió que la neutralidad tecnológica debe impregnar de forma decisiva la fiscalidad. "Se deben dar incentivos o tratamientos fiscales que fomenten la descarbonización, pero por los objetivos que consigan, sin primar una tecnología sobre otras", argumentó Bonastre. El especialista abogó por que los marcos impositivos actúen de manera abierta, evitando que la administración predetermine qué soluciones técnicas deben prevalecer y permitiendo que todas compitan en función de su eficacia real en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
"La fiscalidad debe fomentar la inversión necesaria para la transformación industrial que asegure el empleo de calidad, la seguridad de suministro y la asequibilidad de los productos", recalcó, señalando que la fiscalidad es un instrumento clave para recuperar el peso industrial perdido. Advirtió así que ignorar el fomento de la inversión compromete no solo la competitividad del sector productivo frente a terceros países, sino también la estabilidad del suministro energético y la accesibilidad de los consumidores a los bienes esenciales.
Bonastre destacó el camino iniciado por otros países del entorno que ya aplican con éxito las recomendaciones de la Unión Europea. Detalló que, por un lado, en el ámbito de la tributación indirecta, "han rebajado o eliminado el impuesto especial sobre los combustibles renovables más avanzados". Por otro lado, en materia de tributación directa, estos Estados vecinos "han eliminado las limitaciones que dificultan o imposibilitan el uso de los incentivos en el Impuesto sobre Sociedades a la inversión en I+D+i". Ante este escenario, aseguró que "España debería seguir esta senda para no perder competitividad".
El análisis del cumplimiento normativo y el impacto diario en la gestión corporativa fue abordado por Nicolás Bonilla, senior manager de bln palao abogados, quien destacó los desafíos operativos que enfrentan las organizaciones. "La fiscalidad verde o todos los impuestos que se están aprobando a nivel de la Unión Europea se caracterizan por una alta complejidad en la norma", manifestó Bonilla. Esta excesiva sofisticación genera una alta litigación y una notable inseguridad jurídica para las empresas importadoras y productoras en el mercado europeo. A su juicio, mecanismos como el CBAM o el controvertido impuesto al plástico trasladan obligaciones administrativas excesivas que terminan por encarecer el propio cumplimiento por encima del valor del tributo.
En particular, Bonilla describió el impuesto al plástico como un gravamen ineficaz respecto a su propósito original, ya que "es más caro el control administrativo que tiene que hacer la entidad que el propio tributo". Además, señaló que estos parches legislativos debilitan la posición exportadora de la industria comunitaria en los mercados internacionales frente a competidores que operan bajo estándares menos rigurosos. "Nos estamos convirtiendo no solo en importadores, sino que estamos perdiendo nuestros mercados exteriores porque el cliente ve que no eres competitivo en precio", alertó el abogado. Bonilla propuso la simplificación de las normas mediante la introducción de vías alternativas que eviten costes desproporcionados tanto para las empresas como para la propia administración fiscal. Concluyó señalando que cualquier regulación en esta materia debe partir de un diálogo estrecho con la industria para evaluar su viabilidad real. "Falta un poco de coherencia en lo que es la proporcionalidad del tributo y siempre hay que pensar en la viabilidad económica antes de su aplicación", afirmó.
La transición hacia una economía descarbonizada constituye uno de los desafíos más complejos de nuestra época. Los debates evidencian que el éxito de esta transformación no dependerá únicamente de la ambición de los objetivos climáticos, sino de la inteligencia y el pragmatismo con que se diseñen sus herramientas fiscales. El desarrollo de una imposición verde que proteja la competitividad del mercado y ofrezca certidumbre a la inversión privada se perfila como la única vía para conciliar la sostenibilidad medioambiental con la viabilidad económica y el empleo de calidad en Europa.
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