Me extrañó que la única preocupación de Sánchez al verse con Macron en París por la celebración del 14 de Julio fuera trasladarle, muy compungido él, sus excusas por el comentario racista de Rajoy sobre los jugadores de la selección francesa. Y me extrañó, digo, porque hacía escasos minutos que su ministro Puente, que tanto se esfuerza en ser el portavoz del sanchismo más primario, había denunciado la existencia de una operación golpista dirigida a «derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas».
Ante esta anómala situación en la Europa del siglo XXI, que Puente sacó a la luz tras conocer la sentencia sobre el hermano del presidente, el comportamiento que cabría esperar -si la denuncia fuera sincera- es que el Gobierno tomara urgentemente todas las medidas legales necesarias a su alcance para abortar el golpe antidemocrático, deteniendo a sus protagonistas, mientras denuncia ante la UE el peligro en el que se encuentra, esperando el apoyo de sus aliados. Nada de eso ha ocurrido, lógicamente, porque la acusación no busca activar mecanismo legal alguno, sino alimentar el relato de que es un pobre Gobierno asediado por poderes fácticos.
La desmesurada reacción del socialismo ante la suave sentencia respecto a la prevaricación del hermano, continuando la lógica de la denuncia del Lawfare -ese concepto que el sanchismo asume en 2023 como concesión a Junts en el pacto de la Amnistía pero que enseguida incorpora a su cuerpo ideológico, lo naturaliza y le da uso-, anticipa una estrategia electoral muy clara y peligrosa: la fractura social y política para convertir las próximas generales en un plebiscito constituyente entre una izquierda democrática y una derecha iliberal que, apoyada por jueces, empresarios y curas, ha intentado un golpe de Estado posmoderno, sin armas ni Tejeros, pero con otras vías de destrucción democrática.
Esta fractura que fomenta el Gobierno, ahondando en la dicotomía de las dos Españas, no trata tanto de blindar al Ejecutivo frente a las sentencias judiciales que están por venir -aunque ayudará a Sánchez-, sino de crear un clima político y social que permita al frente popular tener opciones de revalidar su mayoría para que Sánchez conserve el poder. Y, en el probable caso de no sumar, que facilite el retorno del líder socialista al Gobierno en un plazo breve de tiempo.
Repasando las reacciones de los ministros y de los opinadores del sanchismo a la sentencia del hermano, queda bastante definida la filosofía kirchnerista del plan electoral de Moncloa: el líder del PSOE se está enfrentando a un Estado profundo, encastado con los mandarines del franquismo, que obliga a una unidad entre la izquierda y el nacionalismo. Una nueva mayoría parlamentaria progresista para la auto defensa frente al «ataque de los jueces y tricornios» y el inicio de «reformas» en el poder judicial para -tras purgarlo- dotarlo de independencia y acabar con «el sistema corporativo de siempre».
Junto a la movilización electoral de la izquierda, la llamada a la defensa democrática, que será cada vez más clara y contundente en el discurso del PSOE a medida que se acerquen las urnas, tiene un propósito que puede ser más decisivo para la suerte de Sánchez: deslegitimar una victoria electoral de Feijóo, presentándola como la consecuencia del golpe blando de la derecha, y crear así un clima insoportable de conflicto social y choque institucional que asfixie al nuevo Ejecutivo español, con la izquierda, los nacionalistas y los sindicatos en la calle, y Vox de Pepito Grillo.
Un Gobierno del PP breve y un clima guerra civilista será la oportunidad de Sánchez para concurrir de nuevo a las elecciones, pero esta vez con Abascal como rival en el choque de las «dos España» irreconciliables.