La consellera de Justicia, Nuria Martínez, en Les Corts. José Cuéllar / Corts
Comunitat La Generalitat cierra un acuerdo con los funcionarios de Justicia: tendrán una subida de sueldo de 10 millones este añoLa consellera Nuria Martínez comunica a los sindicatos que el incremento retributivo de 180 euros al mes será a partir de septiembre.
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Leer en CastellanoMarta Gozalbo Valencia Publicada 2 julio 2026 13:22h Actualizada 2 julio 2026 13:55hLa Generalitat y los sindicatos de Justicia han alcanzado un acuerdo para mejorar las retribuciones de estos 5.800 empleados públicos de la Comunitat Valenciana.
Tras la oferta de la Conselleria que dirige Nuria Martínez de revisar al alza el complemento específico que perciben, una reivindicación histórica del colectivo, este jueves ha habido pacto en la mesa sectorial, a la cual también han asistido representantes de la Conselleria de Hacienda.
Éste incluye un incremento retributivo del complemento específico de 10 millones de euros en cálculo global con efectos desde el 1 de septiembre de 2026. El cobro previsible se producirá en octubre, según informan fuentes sindicales. Esta cantidad se traduce, aproximadamente, en una subida de 180 euros al mes.
Esos 10 millones más para el Complemento Específico (CE) se unen al incremento de 5 millones que ya realizó el Ejecutivo Valenciano en 2025. Así, en dos años tendrán 15 millones de euros más para este concepto. Estas mejoras impactarán en los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, y auxilio judicial, comenta la Generalitat en un comunicado.
La 'consellera' de Justicia afirma que la jueza de la dana sólo ha reclamado dos de las cuatro funcionarias de refuerzoEl Gobierno valenciano dirigido por Juanfran Pérez Llorca recuerda que en la última legislatura del anterior Ejecutivo del Botànic de PSPV y Compromís únicamente destinó 780.000 euros al complemento específico.
La consellera Nuria Martínez ha destacado que durante esta legislatura han "realizado importantes avances para mejorar las condiciones retributivas de los funcionarios de Justicia. Hemos analizado el CE y hemos posibilitado su incremento en la medida que nos permite la realidad presupuestaria”.
Asimismo, este año la Conselleria de Justicia ha logrado aumentar de nuevo en 600.000 euros la cuantía destinada al Programa de Actuación de la Trayectoria Profesional, pasando de los 13.019.492 euros de 2025 a los 13.619.492 euros de 2026. Solo en esta legislatura la Generalitat ha incrementado la partida de este programa de trayectoria del personal de Justicia casi un 14%.
“Y todo ello pese a la infrafinanciación estructural que padecemos en la Comunitat Valenciana, y a los sobreesfuerzos que nos hemos visto obligados a realizar para reparar las infraestructuras judiciales dañadas por la dana, a lo que se suma todos los recursos adicionales que hemos tenido que dirigir para hacer frente a la implantación de la Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia, para la que el Gobierno no ha acompañado de medida financiera alguna”, ha señalado la consellera.
Acuerdo exprés
El acuerdo de la Generalitat en el ámbito de Justicia contrasta con el de Educación, donde no se ha alcanzado ningún entendimiento con los sindicatos durante los últimos meses. Las negociaciones han durado apenas tres semanas.
Una circunstancia a la que, lógicamente, contribuye también el hecho de que las reivindicaciones del colectivo son mucho menos costosas para la administración valenciana y, por tanto, más fáciles de cumplir.
A modo de ejemplo, tan solo la subida salarial a los docentes representa más de 200 millones de euros de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, frente a los 10 millones de Justicia. Acometer todas las mejoras educativas sobre la mesa, sin embargo, supondrían una inversión de 3.338 millones de euros para el Gobierno valenciano.
La consellera de Justicia, Nuria Martínez, junto a representantes sindicales este jueves. GVA
250€ menos que la media
El objetivo del Consell ahora era corregir el desfase retributivo que arrastran los funcionarios de justicia valencianosrespecto a otras comunidades autónomas y dar respuesta a una actualización salarial ligada a la carga de trabajo y a las nuevas funciones asumidas en los últimos años.
Los sindicatos llevaban tiempo denunciando que estos empleados cobran alrededor de 250 euros menos al mes en este complemento respecto a la media nacional.
El sueldo de todos ellos consta de tres conceptos: salario base, antigüedad y otros complementos. Entre ellos destaca elespecífico, cuya cuantía fijan las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y que remunera aspectos como la responsabilidad, la dificultad, la dedicación o la penosidad del puesto.
El perjuicio que denunciaban sufrir tiene dos derivadas. El primero, el pacto que alcanzó el Gobierno con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en 2023 por el que se incrementó en 195 euros mensuales el plus para este grupo.
Poco después, el ministro Félix Bolaños firmó un acuerdo con UGT y CSIF para el resto de cuerpos de Justicia, ligado a las leyes de eficiencia organizativa. Un acuerdo que contemplaba una subida progresivadel complemento específico durante 2024 y 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
Estas mejoras, sin embargo, beneficiaron directamente al personal dependiente del Ministerio de Justicia. Pero no a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas, como ocurre en la Comunitat Valenciana.
Por ello, cada territorio con competencias propias abrió negociaciones con los ejecutivos regionales para poder actualizar estas retribuciones: en Madrid, por ejemplo, se acordó una subida de 170 euros en 2024 en el cuerpo de gestión, en Canarias 103 euros o en Aragón 102 euros.
En el caso de Comunitat Valenciana existían compromisos previos a dicho acuerdo nacional. El Consell prometió actualizar este complemento en mayo de 2016 y diciembre de 2023para equipararse a la media nacional.
Con estos mimbres, la subida no llegó a ejecutarse hasta julio de 2025 para los funcionarios de justicia valencianos. El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció una inversión de 5 millones de euros para subirles este complemento.
El anuncio, beneficiaría a 5.774 empleados públicosde Justicia y, en palabras de Mazón, revertiría "la situación de injusticia existente desde hace años, ya que la última vez que vieron incrementado este concepto retributivo fue en 2016".
Pero pese a los aumentos, que oscilaron desde los 58 hasta los 65 euros al mes, permanecieron por debajo de la media nacional.
A modo de ejemplo, un funcionario del cuerpo de gestión procesal percibe un complemento de 741,09 euros, el penúltimo del ranking, solo por encima de Galicia. La media se sitúa en 941,96 euros, más de 200 euros más de lo que cobra un empleado valenciano.
Por encima de la media se encuentran País Vasco, Canarias, Madrid, Aragón, Asturias, Cataluña y Cantabria. De este modo, los sindicatos exigían que se equiparara los funcionarios de Justicia de la Comunitat Valenciana a la media.
El 'trueque' por los acuerdos estatales
Pero también reclamaban otra subida que no llegó a ejecutarse: los procedentes del acuerdo marco del Gobierno central con UGT y CCOO para la Administración del Siglo XXI y por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía.
Aquel pacto supuso unasubida adicional del 0,5% ligada a la inflación acumulada del período 2022-2024 y una subida general del 2,5% para 2025, abonada por la Generalitat Valenciana en febrero de 2026.
UGT denunció en declaraciones a este diario que ninguna de estas dos subidas se aplicó al complemento específico del personal de Justiciade la Comunitat Valenciana, ni tampoco al complemento autonómico transitorio. Y exigieron al Consell que lo hiciera, dado que se trataba de retribuciones complementarias estructurales, fijas y periódicas.
La administración autonómica, sin embargo, justificó su exclusión en el aumento anunciado por Mazón. "Alegan que las nuevas cuantías aprobadas ya suponían una actualización retributiva propia", exponían los sindicatos.
En este sentido, estos subrayaban que se trataba de dos incrementos distintos: el ejecutado por Mazón es la adaptación a lo que realizó el Ministerio en 2023, mientras los dos acuerdos marco firmados entre el Estado y los sindicatos serían cosa aparte.
El hecho de que la Generalitat entienda que con el primero quedaría compensado (y saldado) el segundo, supone en la práctica que estos empleados públicos "hayan dejado de cobrar de media 253 euros al mes", según estimaban UGT y CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios reclamó a la Generalitat "cumplir los acuerdos firmados", dado que además la carga de trabajo que asumen se halla entre las más altas de España, con hasta un índice del 55% de sobrecarga de sus órganos judiciales, por encima del 40% de la media estatal.