La hemeroteca demuestra que desde la llegada de Sánchez al Gobierno, cada gran emergencia ha derivado en un cruce de acusaciones entre Moncloa y los gobiernos autonómicos del Partido Popular
Regala esta noticia Añádenos en Google El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el puesto de mando avanzado. (Efe) 26/07/2026 a las 08:38h.Las declaraciones políticas por el incendio en Madrid y Ávila parecían haber frenado el cruce de acusaciones habitual entre el PP y el Gobierno. Todos ... habían apelado a la colaboración entre administraciones hasta que el ministro de Transportes, Óscar Puente, entró en escena acusando a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de necesitar ahora el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ataca, por una reducción de la inversión autonómica en servicios públicos.
Fuego en Madrid y Ávila
La declaración de la emergencia de interés nacional a petición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, puso a la Unidad Militar de Emergencias (UME) al frente del operativo que lucha contra las llamas que afectan a la Comunidad de Madrid, ante el peligro de que pudiesen unirse a las que arrasan la provincia de Ávila. Y aunque tanto los líderes autonómicos del PP de cada comunidad y los dirigentes del Gobierno apelaron a la buena coordinación que se estaba desarrollando, la situación no ha estado exenta de polémica. Desde el Ministerio de Transportes, Óscar Puente cuestionó el modelo de prevención regional al afirmar que «tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta».
La réplica de Isabel Díaz Ayuso no se hizo esperar desde el puesto de mando avanzado, donde afeó las críticas señalando que «estamos ante una catástrofe y la única prioridad ahora mismo es salvar vidas. El primer mamarracho que se ponga de por medio a calentar el ambiente, allá él y su conciencia». Unas palabras que tampoco se quedaron sin contestación, puesto que el dirigente socialista volvió a publicar un mensaje en redes sociales, donde ha librado la mayor parte de las polémicas de las que ha sido protagonista desde su llegada al Gobierno. Aseguró que «la única mamarracha» era la presidenta madrileña.
La pandemia
El estado de alarma decretado en marzo de 2020 supuso el inicio del enfrentamiento, que ya se ha convertido en constante, entre Pedro Sánchez y Ayuso. La controversia por el «mando único», los cambios de fase durante la desescalada y la imposición del estado de alarma derivaron en una dura disputa política y competencial. En una de las denuncias expresadas por la presidenta madrileña, defendió que «a Madrid le han denegado el paso a la fase 1 por criterios políticos, no técnicos. Se nos juzga con una vara de medir distinta». Por su parte, el entonces ministro de Sanidad y ahora president de Cataluña, Salvador Illa, justificó las medidas estatales asegurando que «aquí no hay batalla política, hay criterios sanitarios». Y lo que persiste es el pulso, con causas abiertas en los tribunales que salpican al Ejecutivo de Ayuso, por las 7.291 muertes de personas mayores en residencias de la Comunidad de Madrid. Mientras que el equipo gubernamental apuntaba a que se tomaron decisiones teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y el colapso de los centros médicos, los partidos de la izquierda acusaron al PP madrileño de «asesinatos» al no haber permitido la derivación de algunos de los usuarios.
La borrasca Filomena
El colapso provocado por la nevada histórica de enero de 2021 desplazó la contienda al ámbito económico y patrimonial. Después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, valorase los desperfectos de la capital en casi 1.400 millones de euros, inició, junto a la Administración autonómica, una campaña de presión al Gobierno de Pedro Sánchez para obtener que declarasen la situación de zona catastrófica. El regidor del PP defendió que la petición era una «necesidad vital» para restituir los servicios básicos y permitir que los ciudadanos «recuperen su normalidad». Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Hacienda enfrió de inmediato las expectativas financieras de la capital: la ahora exministra María Jesús Montero reclamó rigor técnico frente a la tentación de realizar «estimaciones a vuelapluma» y recordó las limitaciones de la ley de protección civil, exigiendo evaluar «daños reales a las infraestructuras» sin pretender que las arcas públicas cubriesen conceptos como el «lucro cesante» del sector privado.
Volcán de La Palma
La erupción del volcán Tajogaite, en la isla de La Palma, en septiembre de 2021 arrancó con una exhibición de coordinación institucional que se desdibujó con el paso del tiempo y ante la ausencia de las ayudas estatales prometidas. Aunque, en las primeras semanas, Sánchez prometió que «los palmeros y palmeras tienen que tener la tranquilidad de que el Gobierno de España no los va a olvidar; la reconstrucción de La Palma será inmediata», el paso de los meses y los retrasos en la llegada de las indemnizaciones activaron unas críticas que todavía perduran en la actualidad, cinco años después de aquella catástrofe que arrasó pueblos enteros y obligó a miles de personas a rehacer sus vidas desde cero. Por ello, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado en numerosas ocasiones al Ejecutivo central que «Sánchez vino diez veces a La Palma a hacerse la foto mientras el volcán echaba lava, pero se olvidó de los palmeros en cuanto se apagaron los focos. La propaganda no paga las facturas».
Las lluvias en Madrid
En septiembre de 2023, la activación del sistema de alerta masiva a teléfonos móviles (Es-Alert) en Madrid abrió un debate inédito sobre el impacto de las previsiones meteorológicas. Fue la primera vez que se emitía este aviso. Tras registrarse precipitaciones menores de las esperadas en el área metropolitana, Isabel Díaz Ayuso arremetió contra la AEMET señalando que «una agencia pública no puede paralizar una región entera ni arruinar a comerciantes y hoteleros por un pronóstico que luego no se cumple. La AEMET tiene que afinar sus predicciones». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió con dureza en defensa de los técnicos afirmando que «ponernos a cuestionar la rigurosidad y el profesionalismo de la AEMET es una enorme irresponsabilidad. La prevención salva vidas [...]. La ciencia no se politiza». Sin embargo, la realidad es que aquellas lluvias, aunque no afectaron de manera significativa a la capital, sí que dejaron grandes daños, materiales, pero también humanos -murieron tres personas-, en algunas de las localidades que ahora se están viendo afectadas por los incendios (Aldea del Fresno o Villamanta, entre ellas).
Los pellets en Galicia
La llegada masiva de microplásticos a las costas gallegas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, poco tiempo antes de las elecciones autonómicas que volvieron a otorgar la mayoría absoluta al PP, esta vez con Alfonso Rueda al frente, transformó un vertido marítimo en un cruce de reproches sobre las fronteras competenciales de la contaminación. La Xunta de Galicia centró sus críticas en la falta de intervención en alta mar, donde la responsabilidad recae en Salvamento Marítimo, achacando al Gobierno de Sánchez el supuestamente haber tenido constancia de la pérdida de contenedores desde diciembre sin actuar en el medio marino, para pretender después que la Administración autonómica se limitase a «limpiar los granos de plástico en la arena».
El Ministerio de Transportes rechazó tajantemente las acusaciones escudándose en el procedimiento administrativo: Óscar Puente recordó que el Estado no puede desplegar medios en tierra sin que la comunidad eleve formalmente la emergencia al Nivel 2, acusando a la Xunta de haber reprimido la activación del protocolo autonómico durante un mes exclusivamente para «no dar mala imagen» ante las urnas. También señaló al Gobierno regional por, según su punto de vista, haber «ocultado» este vertido que, en varias ocasiones, llegó a compararse con la gran catástrofe medioambiental que sufrió la costa gallega en el año 2002: el vertido del 'Prestige'.
La dana en Valencia
La dana del 29 de octubre de 2024 que afectó a la Comunidad Valenciana, con más de 220 fallecidos, es la mayor crisis institucional reciente. La tardanza en las alertas a la población, el choque de versiones sobre los caudales del barranco del Poyo y la decisión de mantener la emergencia en nivel 2 marcaron una gestión salpicada por las contradicciones. Carlos Mazón, entonces presidente de la región, rehusó solicitar la emergencia nacional, evitando, así, tener que admitir la incapacidad de la Generalitat y no cediendo, con ello, la jefatura del operativo al Ministerio del Interior, pese a que el líder de su partido a nivel nacional así se lo había recomendado. En plena crisis, Pedro Sánchez, que fue abucheado durante su primera visita a la zona afectada, insistió en que el Gobierno estaba listo para colaborar, recordando que si la administración autonómica requería más medios «lo único que tiene que hacer es pedirlo».
Esta posición de auxilio condicionado provocó una oleada de indignación. Feijóo acusó a Moncloa de escudarse en la burocracia para eludir sus deberes, sosteniendo que remitirse a la petición formal de un mandatario autonómico implicaba «abdicar de sus responsabilidades» y que el Estado tenía la obligación legal de declarar la emergencia nacional de oficio desde el primer minuto.
El apagón eléctrico
La caída masiva de la red eléctrica en abril del año pasado llevó al Ministerio del Interior a activar por primera vez la emergencia de interés nacional. Una vez el suministro fue restablecido -tras cerca de 10 horas sin que este hubiese estado en funcionamiento-, la controversia viró hacia la transición ecológica y las energías renovables. Feijóo aprovechó la caída del sistema para arremeter contra la planificación energética del Gobierno, atribuyendo el colapso a una política «ideologizada» que aceleró la penetración renovable y el desmantelamiento de las nucleares sacrificando «la seguridad del suministro en el altar de la propaganda». Sánchez replicó al líder de la oposición acusando al PP de actuar con imprudencia al utilizar una avería técnica fortuita de dimensión europea para desgastar la imagen de la transición ecológica, defendiendo que las energías limpias representan la verdadera «soberanía nacional» frente al modelo basado en combustibles fósiles y nucleares.
El accidente ferroviario de Adamuz
El descarrilamiento mortal, con 46 víctimas, registrado este enero en la localidad cordobesa intensificó un debate y unas críticas que ya se estaban vertiendo contra el Ministerio de Transportes desde hacía tiempo por el mal funcionamiento y los retrasos casi diarios de los trenes, tanto en a nivel de cada autonomía como en la red estatal. Mientras el ministro Puente defendía que las condiciones de la vía eran óptimas y que era imposible que hubiese daños en esta debido a que se había llevado a cabo una renovación de la infraestructura hacía poco tiempo, la oposición convirtió el siniestro en una enmienda a la totalidad de la gestión del departamento. Feijóo acusó al Ejecutivo de opacidad al afirmar que «el Gobierno no ha aclarado nada ni ha dado explicaciones creíbles sobre lo ocurrido en Adamuz. No es un problema aislado de una vía, es el reflejo del abandono generalizado de las infraestructuras». A día de hoy, sigue siendo un tema que continúa en investigación tanto en sede judicial como en una comisión parlamentaria en el Senado.
comentarios Reportar un error