Los profesores de la Comunidad Valenciana arrancaron este lunes la cuarta semana de huelga indefinida. Pero el de ayer fue el día en que el conflicto educativo entró en una nueva fase. Si el presidente de la Generalitat endureció su discurso para acusar directamente a los sindicatos convocantes de alentar los «actos vandálicos», su consejera de Educación denunció la filtración de sus datos personales y de su domicilio. Todo ello mientras los sindicatos a favor y en contra de la huelga se cruzaban duros ataques entre ellos y los de la Policía Nacional se enfrentaban a la delegada del Gobierno por las cargas contra docentes en la madrugada del domingo.
El pulso sindical al Gobierno valenciano -sin precedentes en los últimos años- no solo se ha mantenido vivo con protestas multitudinarias en las calles desde el pasado 11 de mayo. El choque entre la Consejería de Educación y los tres sindicatos mayoritarios se ha intensificado justamente en la semana que el alumnado valenciano se enfrenta a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), cuya celebración ha garantizado la Consejería. Es más, su boicot, según ha advertido el presidente Juanfran Pérez Llorca, es una «línea roja» para suspender todas las negociaciones.
Hasta la fecha, de nada ha servido el aumento salarial de 200 euros brutos al mes para 2028 que ha aprobado el Gobierno valenciano. Si el Ejecutivo autonómico esperaba apaciguar las aguas, lo que ha sucedido es todo lo contrario. El acuerdo salarial solo lo firmaron CSIF y ANPE -con el 30% de representación-, lo que motivó la ruptura de la unidad sindical y el desmarque de STEPV, CCOO y UGT. Estos tres sindicatos son los que siguen secundando la huelga para «sostener el conflicto el tiempo que sea necesario», según advirtieron fuentes sindicales. Y ello a pesar de que el seguimiento de la huelga lo cifró este lunes la Consejería de Educación en un 15,12%.
La negativa de la consejera de Educación, Carmen Ortí, a reabrir la negociación salarial enervó el domingo a los tres sindicatos, que amenazaron con encerrarse en una Consejería rodeada por cientos de profesores. Y si dentro CSIF denunciaba que sus representantes estaban siendo «retenidos en contra de su voluntad», en el exterior las cargas policiales dejaron una docente herida tras ser golpeada por la espalda por un agente.
De hecho, la Policía Nacional le abrió ayer un expediente disciplinario por una actuación que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tildó de «inaceptable». Sus palabras encontraron pronto respuesta en los sindicatos policiales, que la acusaron de querer «hacer política» a su costa y de «empañar» la imagen del cuerpo.
La escalada de tensión no se limitó a Valencia, pues las protestas docentes persiguieron a Llorca hasta Alicante. De hecho, el presidente pasó ayer al ataque. El argumento de la Generalitat no es ya que la huelga sea «política», sino que ha derivado en situaciones de «coacción».
Llorca, que acusó a los sindicatos mayoritarios de querer en realidad «agitar» la calle y no pactar, elevó aún más el tono contra ellos:«Ningún profesor se identifica con aquellos que secuestran a representantes sindicales o que cortan el tráfico sin tener autorización». «Si de verdad se quiere pactar, no tiene que haber ningún tipo de coacción», advirtió. Y mucho menos, insistió, «actos vandálicos».
En idénticos términos se expresó su consejera de Educación, uno de los pocos fichajes que introdujo Llorca en la remodelación del Consell que acometió tras la dimisión de Carlos Mazón. Tras suspender la mesa de negociación por inasistencia del STEPV, CCOO y UGT, Ortí habló abiertamente de «violencia» y de una Consejería «sitiada» por los sindicatos. Denunció, además, «presiones» a docentes que no quieren hacer huelga o quejas de familias cuyos hijos se pasan todo el día en el patio. Pero a estas alturas nadie se atreve a poner fecha al fin del conflicto.