El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL La impotencia política de Sánchez aflora cuando más aprieta el bolsillo Publicada 21 marzo 2026 03:02hEl primer gran examen de Pedro Sánchez ante la guerra de Irán ha llegado por donde más duele a los ciudadanos: el bolsillo.
El resultado es un paquete de ochenta medidas y 5.000 millones de euros que el Gobierno presenta como un escudo contra la inflación energética, pero que nace marcado por dos debilidades estructurales: es fiscalmente cicatero y políticamente impotente.
La puesta en escena del Consejo de Ministros, con Sumar en rebeldía y el plan troceado en dos decretos, ha evidenciado que el problema no es tanto la falta de recursos del Estado como la ausencia de instrumentos políticos y parlamentarios para usarlos de forma eficaz y transparente.
En el plano estrictamente financiero, el plan tiene mucho de operación cosmética.
Hacienda lleva tiempo trabajando con la previsión de un aumento de la recaudación del orden de 25.000 millones de euros entre ejercicios gracias al tirón del empleo, al fin de las ayudas temporales y al mantenimiento de una presión fiscal récord.
Frente a esa cifra, Sánchez moviliza ahora 5.000 millones.
La aritmética es demoledora: si el Estado te quita cinco y te devuelve uno, no te está protegiendo, te está cobrando un peaje por la crisis.
El Gobierno convierte en "ayuda" una pequeña parte de lo que ya sabe que va a ingresar de más; el resto, en un contexto de precios disparados de carburantes y energía, se convierte de facto en un sobreimpuesto inflacionario soportado por familias y empresas.
No es casual que, mientras los conductores pagan un diésel un 31 % más caro y las gasolineras encadenan subidas, el propio Ministerio de Hacienda se vaya a embolsar "casi 300 millones extra en marzo" sólo por la guerra.
La narrativa oficial habla de esfuerzo presupuestario, pero la realidad es que el Estado está ganando más con la crisis de lo que devuelve. Y el plan de 5.000 millones no corrige ese sesgo, lo consolida.
Sin Presupuestos nuevos y con las reglas fiscales europeas de vuelta, la prioridad de Moncloa es cuidar el déficit por la puerta de atrás, no el poder adquisitivo de los contribuyentes.
El resultado es un "escudo" que amortigua algunas aristas, pero no cuestiona el dato central: el Gobierno hace caja con la inflación y luego publicita como solidaridad un pequeño reembolso.
La impotencia se revela también en la arquitectura jurídica elegida. Sánchez vuelve a gobernar un problema estructural a golpe de decreto ley porque no tiene Presupuestos para 2026 ni mayoría solvente para tramitarlos.
Aun en el improbable caso de que el paquete fuera virtuoso desde el punto de vista económico, su naturaleza es la de un apaño coyuntural: gasto extraordinario sujeto a una aritmética volátil, sin el respaldo de unas cuentas anuales debatidas y pactadas en el Parlamento.
Se impone la lógica del parche sobre la lógica presupuestaria.
Y así, el Gobierno, que se presenta como garante del Estado social, se comporta como un gestor en funciones de sí mismo.
La dimensión política del episodio es todavía más elocuente. El plante de los ministros de Sumar (incluido el de esa ministra de Trabajo que acaba de aterrizar desde Hollywood, donde asistió a los Oscar) negándose a entrar en el Consejo de Ministros hasta arrancar concesiones expuso en directo que la coalición ya no puede aportar nada más a los españoles que teatro.
La solución improvisada fue dividir el plan en dos decretos: uno "bueno", con el grueso fiscal y energético que puede sumar apoyos transversales, y otro "tóxico", centrado en vivienda, prórrogas de alquileres y escudo antidesahucios, condenado a una negociación incierta y a un posible naufragio parlamentario.
Este troceo no responde a un diseño técnico, sino a un reconocimiento implícito: el Estado no carece de dinero, carece de mayorías democráticas claras para decidir cómo usarlo.
La vivienda se ha convertido en el símbolo perfecto de esa impotencia. Sumar, ERC, Bildu y Podemos exigen congelaciones, prórrogas y suspensiones de desahucios; Junts avisa de que tumbará cualquier decreto que ataque la seguridad jurídica de los propietarios.
El Gobierno termina prometiendo mucho a todos, sabiendo que no puede cumplir con ninguno.
El fondo de la cuestión es que Sánchez no tiene una mayoría de gobierno; tiene una mayoría de bloqueo. Una constelación de socios cuya prioridad compartida es impedir la alternancia, no construir políticas estables. Los mismos votos que blindan la legislatura para que el PP no gobierne no alcanzan para aprobar un Presupuesto, una reforma de calado o un plan de crisis sin sobreactuaciones ni chantajes cruzados.
El relato del "no a la guerra" y de la defensa del bolsillo de los ciudadanos se ha visto así desmentido por la propia mecánica de decisión. El resultado es un paquete que nace viejo: financieramente insuficiente para compensar la factura de la inflación y políticamente incapaz de proyectar seguridad y estabilidad.