Nunca he sido un gran lector de ciencia ficción, pero reconozco cierta debilidad por la ucronía: ese juego de imaginar finales alternativos de la historia. Será por eso que disfruto leyendo el programa electoral del PSOE. Sobre todo cuando el Gobierno anuncia un nuevo «hito» de la legislatura. Porque lo importante, ya saben, no es que haya presupuestos, sino hitos. Y si no figuraban en el programa, mejor: así se conserva el efecto sorpresa. El cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, los indultos del procés o la ley de amnistía habrían perdido su encanto de haberse anunciado. No hay nada como las medidas que de la noche a la mañana se vuelven indispensables.
El último hito del Gobierno es la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes. La medida reabre una cuestión incómoda: su encaje con el mandato electoral del PSOE. En su programa, los socialistas defienden una «migración regular, segura y ordenada», basada en vías legales y procesos de integración progresiva. Una regularización masiva responde a otra lógica: no actúa sobre los flujos futuros, sino sobre una realidad ya consolidada; no ordena la entrada, sino que la corrige a posteriori.
No hay una contradicción frontal: convertir irregularidad en legalidad también puede entenderse como una forma de ordenar. Pero sí hay una tensión evidente. Cuando la regularización se convierte en el instrumento principal de la política migratoria, puede percibirse como una quiebra del principio de orden previo o incluso como una señal de incompetencia, cuando no de tolerancia hacia la irregularidad. En todo caso, a ver quién le dice a un Gobierno que lleva tres años sin aprobar unos presupuestos que carece de un mandato electoral específico para adoptar una medida tan trascendente. No estoy en contra de la regularización, sino de las chapuzas.
En el extremo opuesto, el acuerdo en Extremadura entre PP y Vox desplaza el debate hacia una lógica de exclusión. Frente a una regularización que suscita dudas legítimas, el pacto introduce la «prioridad nacional» y la restricción de derechos para inmigrantes irregulares, acercándose a un enfoque más identitario que funcional. Que el PP asuma este marco, tras defender históricamente posiciones más pragmáticas, refleja tanto la presión de sus socios como la carencia de un discurso propio.
A derecha e izquierda se percibe la falta de voluntad de alcanzar un mínimo consenso sobre la gestión de la inmigración. Tantos hitos después, tampoco vamos a sorprendernos: el consenso exige estabilidad, previsibilidad y coherencia. Sin ese terreno común, seguiremos a bandazos entre integración sin reglas y reglas sin integración.
No está de más recordar que quienes llegan no son amenazas abstractas, sino personas que buscan una vida mejor; tratarlas como sospechosos o meros consumidores de recursos es injusto. Pero la apelación moral no basta: los derechos, los servicios públicos y la convivencia exigen planificación, reglas claras y explicaciones honestas. Sin pedagogía política, incluso las decisiones bienintencionadas erosionan la confianza. Y conviene no olvidar que las fronteras de España son también las de Europa: un espacio que solo se sostiene si sus Estados actúan con responsabilidad y sentido de conjunto. Pero difícilmente podremos entendernos con Europa si ni siquiera somos capaces de hacerlo entre nosotros.