Pablo Sánchez Molina, profesor de Derecho Constitucional en la UMA
«La inteligencia artificial exige que el Derecho no vaya siempre un paso por detrás»«La toma de decisiones en los juzgados debe seguir siendo estrictamente humana», asevera
Regala esta noticia Añádenos en Google Pablo Sánchez, en el plató de Diario SUR, antes de afrontar la entrevista. (Salvador Salas) 16/06/2026 a las 23:49h.Pablo Sánchez Molina (Málaga, 1987) es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga (UMA). Su trayectoria combina formación en la UMA y la ... Universidad de Sevilla con estancias en Heidelberg y Berkeley. Actualmente participa en el proyecto europeo Innoguard, una iniciativa pionera que integra el marco jurídico en el diseño de sistemas tecnológicos avanzados. En esta entrevista, aborda el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito legal, los riesgos de la pérdida de control humano en la justicia y la transformación de la docencia.
–Cursé el bachillerato científico y mi objetivo natural eran ingenierías como Informática o Telecomunicaciones. Siempre se me dieron bien la Historia y la Filosofía, pero en Matemáticas era más de aprobados y notables. Es fundamental reconocer las propias potencialidades y limitaciones.
–Se suele decir que «el derecho está en todo». ¿Es una realidad tangible?
–El Derecho es una herramienta que la humanidad ha inventado para regular la convivencia social. Por ser una creación humana, tiene defectos. Es cierto que está en casi todo, aunque existen parcelas que deben quedar dentro de la esfera privada; el Derecho no debe decidir qué camiseta te pones.
–Entonces, sin ese marco regulatorio común, ¿caeríamos en la ley del más fuerte?
–Rotundamente sí. Esto conecta con el Derecho Constitucional. Cuando un grupo de personas comparte un territorio, se generan de forma inevitable relaciones de poder.
–Si trazamos una línea desde el Derecho Romano hasta la IA, ¿cómo ha evolucionado la disciplina?
–La ciudadanía se enfrenta constantemente a nuevos retos. El Derecho Romano supuso un pilar fundamental, especialmente para el Derecho Civil español, que bebe de sus fuentes para regular las relaciones comerciales y particulares. Con el tiempo se expandieron otras ramas.
–¿Podría sintetizar en qué consiste la iniciativa europea Innoguard?
–Es un proyecto de investigación europeo financiado por la convocatoria Horizon de la Comisión Europea. Lo extraordinario es su carácter transversal. Participan seis universidades europeas de países como Italia, Países Bajos, Suiza y Noruega. Los integrantes son, en su inmensa mayoría, ingenieros informáticos y de sostenibilidad. Desde la Universidad de Málaga asumimos en exclusiva la vertiente jurídica; somos los únicos juristas del equipo.
–Se achaca a la UE haber apostado con demasiada firmeza por la regulación frente a EE. UU. o China. ¿Es un freno a la innovación?
–Es una crítica frecuente. Europa se ha convertido en la primera región del mundo en aprobar un Reglamento de IA, mientras que en EE. UU. o China se permite un desarrollo vertiginoso y libre de controles.
–¿Le preocupa el enorme poder que están concentrando unas pocas corporaciones tecnológicas?
–Es un asunto sumamente preocupante por la enorme capacidad de influencia que otorgan estas tecnologías. Recientemente vimos cómo Estados Unidos restringió el uso de la última actualización de Claude a usuarios no estadounidenses por motivos de seguridad nacional.
–¿Estamos ante una evolución progresiva del Derecho o ante una auténtica ruptura?
–Para mí es una ruptura, un cambio de era. Se ha generado un escenario complejo: los propios ingenieros informáticos se enfrentan a lo que denominan «cajas negras», situaciones donde se conoce la información que se introduce en el sistema y el resultado, pero no se llega a descifrar qué procesos lógicos ocurren dentro del algoritmo.
–Ante este panorama, ¿ha perdido el abogado el monopolio del conocimiento?
–No lo creo. Primero hay que recordar que los datos que ofrecen estos sistemas no son fiables al cien por cien. Cuando aparecieron las enciclopedias digitales en CD-ROM como Encarta, la gente se preguntaba si aquello acabaría con el saber tradicional. La respuesta es no; lo relevante sigue siendo la capacidad de procesar e interpretar la información. La IA es una herramienta excelente para facilitar el acceso a los datos, pero exige que el profesional conozca las fuentes originales y verifique el contenido.
–El escenario parece más delicado en el ámbito judicial.
–Totalmente. En la judicatura el riesgo es crítico. La decisión de privar de libertad a una persona o dictar una sentencia no puede delegarse en un algoritmo. Una IA aprende igual que un bebé: procesa la información que se le suministra y, por tanto, hereda y perpetúa nuestros sesgos sociales. Tenemos el precedente real del caso Loomis en EE. UU., donde se demostró que el software utilizado para evaluar la reincidencia criminal amplificaba los sesgos raciales.
Riesgos
«Una IA aprende igual que un bebé: hereda y perpetúa nuestros sesgos sociales»
–¿Cómo está viviendo el uso de la IA por parte de los estudiantes? ¿Dónde fija la línea roja?
–El panorama académico ha cambiado de manera radical. El esfuerzo tradicional de acudir a las fuentes, investigar y redactar notas a pie de página está desapareciendo porque la máquina puede automatizarlo. Yo insisto a mis alumnos en que utilicen la IA como un asistente: para estructurar un índice, revisar el estilo de un texto propio o buscar orientación bibliográfica previa verificación. El problema surge cuando introducen un enunciado y pretenden que la máquina les redacte el Trabajo de Fin de Grado (TFG) por completo.
–¿Cómo se combate eso desde la docencia?
–Obligándonos a cambiar los métodos de evaluación de forma drástica. En los TFG, la clave ahora está en la exposición y defensa oral; ahí es donde no hay trampa ni cartón, el alumno demuestra si realmente domina la materia. En los exámenes escritos estoy regresando firmemente a las preguntas de desarrollo largo.
–¿Cómo se perfila la relación entre la propiedad intelectual y la IA?
–Es uno de los grandes desafíos actuales. Se está estudiando la aplicación de sistemas de compliance específicos para vigilar que el entrenamiento de las IA respete las leyes de propiedad intelectual.
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