El borrador de Acuerdo entre sindicatos y Función Pública para aprobar la jornada de 35 horas semanales en toda la Administración General del Estado (AGE) ya ha recibido el visto bueno sindical y tras incorporar algunas mejoras, finalmente se aprobará previsiblemente este viernes.
UGT, uno de los sindicatos firmantes del acuerdo marco con el que el Gobierno negocia las condiciones salariales y laborales de las plantillas públicas de la Administración Central, junto a CCOO y CSIF, "valora positivamente el borrador de acuerdo propuesto para la implantación de la jornada de 35 horas en toda la AGE, que no excluye a nadie, aunque consideramos que se pueden introducir algunas mejoras", señala en un comunicado.
El sindicato asegura que el nuevo borrador de la administración con las mejoras propuestas se presentará hoy en una nueva reunión para la inminente firma del acuerdo, previsiblemente el próximo viernes. Asegura, asímismo, que ha pedido incluir una cláusula para que "se mantengan los pactos internos vigentes en materia de jornada, horarios y/o calendarios (flexibilidad o cortesías) en muchos ámbitos, -entre los que están algunos "chiquititos" como la Agencia Tributaria (2003) o la Seguridad Social (2004)-".
La comisión permanente de negociación de la Administración General del Estado (COPENAGE) ya había elevado la puesta en marcha de la jornada laboral de 35 horas semanales al calendario de reuniones de la mesa general con el objetivo de que la resolución, que requiere modificar la instrucción de jornada y horarios de la AGE, fuera publicada antes de que terminase marzo.
No obstante, CCOO y CSTI Unión Profesional, que no forma parte de la negociación, aseguraban que Función Pública estaba bloqueando la puesta en marcha de medida, que se había previsto que entrara en vigor este mes salvo para los funcionarios de prisiones, docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, a quienes les llegaría en abril, con lo que habían valorado emprender movilizaciones.
UGT confiaba en que se aprobaría inmediatamente después de acordarse el texto con los sindicatos, con lo que la medida, para la que no está previsto incrementar la contratación, se aplicaría a todo el personal del sector público estatal salvo para estos dos últimos colectivos, ya que requiere, explicó, una instrucción específica y negociar pactos anuales, con los que les llegaría un mes después, en abril, explicaron la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el secretario de la AGE de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez.
La COPENAGE, la mesa de encuentros de negociación entre la Administración General del Estado y las principales organizaciones sindicales de funcionarios y empleados públicos que forma parte del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía suscrito por CSIF, UGT y CCOO. donde se negocian las condiciones laborales de las plantillas de adinistraciones, organismos y empresas públicas dependientes del Estado, en la que se abordan fundamentalmente sueldos, jornada laboral, jubilación parcial y empleo público (ofertas públicas de empleo, estabilización, traslados, etcétera).
En las últimas reuniones celebradas en 2025-2026 los asuntos clave han sido el desbloqueo de la jubilación parcial para personal laboral, las subidas salariales pendientes ligadas a inflación, la reducción de temporalidad en la administración y las mejoras en condiciones laborales (teletrabajo, jornada, conciliación) entre las que se contempla la implantación de las 35 horas.
El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública inició en enero los trámites del procedimiento para reimplantarla de forma definitiva tras el acuerdo alcanzado en materia salarial, la subida de los sueldos públicos del 11,4% en tres años. Aunque la Administración no ha confirmado todavía una fecha exacta para su entrada en vigor, los sindicatos ya adelantaron antes de las fechas navideñas que sería por estas fechas.
La mayoría de las administraciones públicas autonómicas y locales ya recuperaron esta jornada máxima de 35 horas que tras las crisis de 2008 se amplió a 37,5 horas entre otras políticas de austeridad, pero su puesta en marcha en la Administración Central se había aparcado desde entonces.
El Acuerdo Marco anterior al ahora vigente y que venció en diciembre de 2024 ya contemplaba con carácter general la implantación o recuperación de la jornada de 35 horas semanales, aunque cada Administración Pública, en el ejercicio de sus competencias de autoorganización, debe negociar su aplicación.
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