Foto de archivo de Ana Millán, ejerciendo de vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, este año. Alberto Ortega Europa Press
Madrid Comunidad La juez archiva la causa para Ana Millán, número 3 de Ayuso: descarta "irregularidades" en contratos públicosLa juez Marta Hernández Lafuente ha archivado la causa de la actual vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid.
Más información: Abren diligencias contra Ana Millán, la 'número 3' de Ayuso, por un caso de prevaricación en Arroyomolinos.
Javier Corbacho Publicada 17 marzo 2026 10:49h Actualizada 17 marzo 2026 10:52hLas claves nuevo Generado con IA
La juez Marta Hernández Lafuente ha archivado la causa para Ana Millán, actual vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP madrileño.
Es decir, la número tres de Isabel Díaz Ayuso, pero, antes, concejal de Arroyomolinos (2005-2011) y exalcaldesa de la localidad madrileña.
Millán estaba investigada por supuesta corrupción en contratos municipales.
No obstante, en una resolución fechada el pasado lunes, la instructora señala que, "tras el análisis realizado por la UCO [Unidad Central Operativa] de dichos contratos no se constatan irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Belén Millán".
Tan solo consta, señala la juez, "como indicio de irregularidad", la declaración policial de la auxiliar administrativo de una Concejalía.
La juez rechaza, por excesiva y "prospectiva", la petición del PSOE de investigar las cuentas y negocios del novio de AyusoEsta mujer aseguró que Millán, cuando era regidora de Arroyomolinos, habría dado "un trato diferente, en la forma de interactuar a nivel personal, a la empresa Grupo Educativo".
Por ello, en sintonía con la Fiscalía, que en un reciente escrito solicitó archivar la causa para Millán, y con la defensa de la investigada, así lo hace ahora la instructora.
En su resolución, la juez también subraya que determinados ingresos que recibió la política de uno de los investigados se derivaban del alquiler de un domicilio.
Analiza la "conexión temporal de dichos ingresos", relata la juez, no consta "ningún elemento indiciario que indique alguna relación entre los ingresos percibidos y los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a las empresas de [el investigado] Francisco Roselló", dueño de Grupo Educativo.
La magistrada también concluye que no existe indicio "de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran de algún modo del hecho de que la investigada fuera concejal en ese momento".