La juez de la Audiencia NacionalMaría Tardón acordó ayer emprender una investigación a fondo sobre la entrada masiva en Ceuta. Lo hizo en un auto en que declara su competencia sobre el caso y que respalda expresamente el informe policial que apunta a Marruecos como responsable de la oleada migratoria y que el Gobierno seguía ayer poniendo en duda.
La magistrada valora la calidad del informe que le remitió la semana pasada el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif). «La unidad policial informante como se desprende de su propia denominación [...] tiene una especial cualificación para analizar cualquiera de las dinámicas que puedan estar asociadas a los fenómenos y flujos migratorios», afirma la juez.
Añade que el examen del informe ha permitido, en primer lugar, «concretar» cómo se desarrollaron los hechos, además de evidenciar que estamos «ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea», sino ante un proceso planificado. Todo ello lo sustenta el Cenif «en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes» que le permiten «acreditar el modo en que se produjeron los hechos».
La instructora recoge en el auto la práctica totalidad del contenido del informe, sin mención al entregado también la semana pasada por la Guardia Civil, mucho más escueto y ceñido a la tesis del Gobierno de que no hubo aviso de lo que podía suceder en la frontera.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo ayer la tesis de que ningún informe constata quién es el «autor intelectual» de la crisis. «A día de hoy no existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual de la crisis de Ceuta», afirmó.
La juez, como el informe del Cenif, no va por ese camino: «Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos», dice en su resolución. Esa convicción llega por el «constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos: en la actitud que se advierte en los diferentes miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, profusamente documentadas en el informe mediante la incorporación de las imágenes (fotografías y vídeos)».
Tardón desarrolla esta idea con una frase que respalda de nuevo el criterio del informe denostado desde el Gobierno: «Una actitud que no sólo evidencia permisividad, sino que, paralelamente, y en una actitud que, en criterio que esta instructora comparte, en el informe se califica como de 'guiado activo', por cuanto se advierte cómo los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente».
En línea con la posición de la Fiscalía, la juez expone diversos motivos que sustentan la competencia de la Audiencia Nacional en este caso, entre ellos que la comisión de los presuntos delitos se habría producido, principalmente, al otro lado de la frontera. «Nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta».
La juez recurre también a una afirmación de Pedro Sánchez. «Del examen provisional de los hechos se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial, como bien señaló el Presidente del Gobierno [en] su visita a Ceuta».
Añade que a la Audiencia Nacional corresponde conocer de determinados delitos cuando los mismos atacan la «forma de Gobierno», algo que «sin duda» ha sucedido en este caso.
La magistrada detecta cuatro posibles delitos: delito que compromete la paz o la independencia del Estado, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes (los 84 fallecidos) y delito de pertenencia a una organización criminal.
Finalmente, la juez advierte de que la investigación que ha acordado abrir no se limitará a la localización de responsables en Marruecos. También indagará qué se hizo a este lado de la frontera, incluyendo la respuesta de las autoridades a la información de que pudieron disponer para evitar lo sucedido.
«Habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes, vulnerando la frontera española [...], tales como la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva».