La magistrada Beatriz Biedma ha tomado la decisión de judicializar el seguimiento personal y profesional que realizó la denominada cloaca del PSOE durante la instrucción que realizó al frente del Juzgado nº 3 de Badajoz contra David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, en su proceso de obtención de una plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz, y por la cual ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
La juez considera que se podrían haber cometido contra ella hasta seis delitos, entre ellos el de obstrucción a la Justicia; contra la integridad moral; amenazas y/o coacciones; de descubrimiento y revelación de secretos; acusación o denuncia falsa y el de organización criminal o grupo criminal.
Por ello, la juez ha presentado hoy un escrito ante el Tribunal Central de Instancia de la Sección de Instrucción Plaza nº 5 de Madrid, que sigue el caso de la cloaca, en calidad de acusación particular por resultar "directamente perjudicada por los hechos objetos de investigación". La magistrada cordobesa asegura que ha tomado la decisión de judicializar su caso "en una doble dimensión", tanto en el plano "estrictamente personal y profesional" y también "en el plano institucional".
Como adelantó en exclusiva EL MUNDO, la magistrada fue objeto de seguimiento en el transcurso de la instrucción, también a su familia, para recabar datos sobre ella con el fin de desprestigiarla y acabar con la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. Así lo refleja en el escrito, donde señala que ha sido objeto, "según los indicios actualmente existentes, de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".
En el lado que ella denomina "institucional", asegura que dichas actuaciones "aparecen directamente conectadas con su condición de magistrada instructora de la causa seguida contra David Sánchez Pérez-Castejón, habiendo tenido por finalidad, según los indicios publicados como obrantes en las actuaciones, neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada, afectando con ello al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, a la independencia judicial garantizada por el artículo 117 de la Constitución y al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva a través de los tribunales libres de injerencias externas", detalla.
Biedma detalla que las diligencias que están siguiendo tiene como fin investigar una "presunta organización integrada por diversas personas que habrían desarrollado actuaciones dirigidas a interferir en las investigaciones judiciales y policiales de especial relevancia pública" mediante la obtención de información reservada, captación de colaboradores, la promoción de actuaciones procesales y la articulación de estrategias orientadas a desacreditar, neutralizar o destruir procedimientos judiciales en curso.
De forma paralela, la juez cordobesa se basa a su vez en el informe de la UCO, del pasado 11 de junio, en el que se apuntaba a "otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma Riojano". El grupo, se detalla, estaría integrado por Leire Díez (la conocida como fontanera), Javier Pérez Dolset (empresario), Luis José Sáenz de Tejada (ex juez expulsado de la carrera profesional) y Joaquín Parra (ex presidente del Badajoz de fútbol). En este sentido, hace referencia a las declaraciones de Parra, quien reconoció que Leire Díez le contactó para que le transmitiera información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la magistrada. Todo ello en un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y Viajes'. El ex magistrado expulsado de la carrera profesional aseguraba por entonces en sus redes sociales que llevaba más de una década investigación la corrupción que a su entender existía en el entorno judicial de Badajoz.
En aquellas anotaciones intervenidas por la UCO también se confirmó que este grupo mantuvo reuniones en Madrid donde se abordó expresamente que Saénz de Tejada asumiera la defensa letrada del hermano del presidente del Gobierno con la intención de "promover la recusación de esta magistrada y conseguir apartarla del procedimiento".