Fotomontaje con el rostro de la juez María Tardón. Arte EE
Tribunales La juez Tardón investigará si el Estado marroquí planificó el asalto a Ceuta como un 'método característico de guerra híbrida'La magistrada sitúa en la cúspide del asalto a "quienes se encargaron de la dirección" del "proceso", encuadrado en la "zona gris" entre la paz y la guerra.
También analizará con qué datos contaban las autoridades españolas sobre un posible acceso masivo a Ceuta.
Más información: La juez abre una causa sobre la invasión de Ceuta: "Vulneró la integridad territorial, como bien señaló el presidente (Sánchez)"
Javier Corbacho Publicada 8 septiembre 2026 06:30h Las claves SíguenosLas claves Generado con IA
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón investigará si "actores de relevancia" vinculados al Estado de Marruecos "planificaron" y "ejecutaron" el asalto de Ceuta, ocurrido los pasados 30 y 31 de julio.
Así lo avanza la magistrada en la resolución, fechada este lunes, con la que inició un procedimiento de investigación penal formal sobre este episodio.
Tardón tomó esta decisión tras analizar el informe de la Policía Nacional —avanzado por EL ESPAÑOL— que desveló la participación de "gendarmes marroquíes" y "agentes de paisano" de ese país en la invasión migratoria de Ceuta.
La juez abre una causa sobre la invasión de Ceuta: "Vulneró la integridad territorial, como bien señaló el presidente (Sánchez)"En su resolución de este lunes, la juez sitúa en la cúspide de la ejecución del asalto a "quien o quienes se encargaron de la dirección" de este "proceso", un episodio que la magistrada encuadra entre los "métodos característicos de la guerra híbrida".
Es decir, forma parte de las tácticas no convencionales y ajenas al terreno militar tradicional con las que una organización criminal o un Estado perjudican a un Estado rival.
La juez también emplea el término de "zona gris". Según explica la web del Ministerio de Defensa, se trata de un "espacio de confrontación ambiguo", en el que "actores estatales y no estatales persiguen sus objetivos estratégicos sin llegar a desencadenar una guerra convencional y declarada".
La cúspide
Por el momento, la juez desconoce quiénes formaron parte de la cúspide que ideó y planificó el asalto.
Pero sí señala que "nos encontramos ante un proceso planificado y ejecutado por medio de la coordinación" de "Fuerzas de Seguridad de Marruecos" y "agentes dinamizadores sobre el terreno".
Esto es, la resolución que da inicio a la investigación del caso Ceuta apunta directamente al Estado marroquí, como ya hiciera la Policía Nacional en su informe.
Tardón también subrayó este lunes que los organizadores de la invasión de Ceuta debieron gozar de "alta capacidad de influencia en redes sociales", además de sobre "personas vinculadas a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos" y sobre "personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso".
Sin embargo, por el momento, el Gobierno mantiene su discurso y trata de diluir la posible responsabilidad del Gobierno marroquí en este episodio.
"Con tales parámetros", explicó la juez en su resolución, "la investigación (...) exige (...) profundizar en la identificación de quienes pudieran integrarse en cualquiera de los niveles descritos".
"Esa distribución funcional de tareas, la permanencia temporal del fenómeno, la coordinación observada y la capacidad de movilización acreditada constituyen circunstancias que, al menos indiciariamente, justifican la investigación de una posible estructura criminal compleja", detalla.
Si bien, lo que tanto la Audiencia Nacional como la Policía descartan "es que nos encontremos ante la autoría directa de ninguna de las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes que operan [en el Estrecho], más allá del mero aprovechamiento oportunista por su parte de algunos de los efectos de la crisis sobrevenida".
"Carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones. Ni de movilizar (...) o convocar de forma efectiva e inmediata a tal inmenso volumen de personas", subraya la juez.
Tardón también avanza que investigará si fue correcta la "articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español", en relación con la "información" disponible antes del episodio y las "alertas de su posible acaecimiento".
Es decir, analizará con qué datos contaban las autoridades españolas sobre un posible acceso masivo a Ceuta, así como "la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva".
¿Estado de excepción? ¿De sitio?
¿Qué sucederá ahora en Ceuta? Por el momento, el Gobierno prevé mantener hasta el 31 de diciembre la "situación de interés para la seguridad nacional" sobre la ciudad autónoma, lo que ha conllevado la designación de un mando único bajo la figura del ministro Ángel Víctor Torres.
Ahora bien, en las páginas de EL ESPAÑOL, Javier Celaya Brey, diputado nacional del PP por Ceuta, ha abogado por implantar el estado de sitio.
La Fiscalía apoya que Tardón asuma el 'caso Ceuta' y cree que la "dirección estratégica" de la invasión ocurrió en MarruecosSe trata de la última ratio con la que, según la Constitución, cuenta el Gobierno central para situaciones de crisis graves provocadas por circunstancias extraordinarias que no pueden solucionarse mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes.
El estado de sitio puede declararse cuando se produzca una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España o su integridad territorial.
La juez Tardón, en efecto, señaló en su resolución de este lunes que eso es exactamente lo ocurrido en Ceuta.
Ahora bien, como explica a EL ESPAÑOL Yolanda Gómez Sánchez, doctora y exdirectora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el estado de sitio exige que la crisis "no pueda resolverse por otros medios" menos gravosos.
"La resolución de Tardón viene a confirmar, precisamente, que las instituciones de España funcionan y pueden aplicar el ordenamiento jurídico. Es imposible saber ahora cuál será el resultado de esta instrucción, pero sí que han funcionado las instancias judiciales", valora la prestigiosa jurista.
"Descartada, en mi opinión, la posibilidad, en el momento actual, de declarar el estado de sitio en Ceuta, podríamos preguntarnos si los hechos y la actual situación avalarían la declaración del estado de excepción", plantea Gómez.
¿Cuál es la diferencia? El estado de excepción "puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo".
La competencia para solicitar al Congreso de los Diputados la declaración del estado de excepción es del Gobierno. Y las restricciones de derechos que implica este escenario son menores a las del estado de sitio.
Entrada de miles de migrantes en Ceuta, el pasado 30 de julio. Efe EFE
En opinión de la jurista, el Gobierno debería echar mano del nuevo reglamento de la Unión Europea sobre migración y retorno, que contempla medidas excepcionales para situaciones de crisis.
Entre ellas, incluye las llegadas masivas de nacionales de terceros países que provoquen que el sistema de asilo y acogida deje de ser operativo.
El reglamento también define como "situación de instrumentalización" aquella en la que un tercer país o un agente no estatal hostil fomente o facilite el desplazamiento de nacionales de terceros países a las fronteras exteriores o a un Estado miembro de la UE, con el objetivo de desestabilizar a la Unión.
Por su parte, Ignacio Herce, doctor en Derecho Administrativo, subraya a este diario que "la defensa de la integridad territorial de Ceuta y del control de la misma es una obligación estatal". "No es una opción política, sino un deber constitucional del Estado", expresa el jurista.
"Por el momento, desde el punto de vista jurídico, no podemos imputar [la invasión de Ceuta] al Estado marroquí ni eso facultaría, per se, a la declaración del estado de sitio, pero la Audiencia tiene claro que fue algo más que una crisis migratoria", detalla Herce.
"Si se logra acreditar que la entrada masiva fue organizada por un tercer Estado para presionar a España, existirían razones para plantear el estado de sitio", plantea el jurista.
"Ahora bien, es necesario determinar qué fin se desea lograr y qué potestades extraordinarias son necesarias para ello. Y no podemos aplicar un estado de sitio si existen otros medios que nos permiten alcanzar la normalidad", señala Herce a EL ESPAÑOL.