Alfonso Grau, José María Corbín y Rafa Rubio. EP / EFE
Valencia La jueza de Azud deja al borde del juicio al cuñado de Rita Barberá, su vicealcalde y el exsubdelegado del GobiernoLa magistrada sigue el procedimiento contra un total de 38 personas, entre cargos del PP, del PSOE y funcionarios, por la trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.
Más información: La instrucción del 'caso Azud' llega a su fin tras 9 años con 15 sobreseimientos a empresarios, funcionarios o cargos del PSOE
Leer en CastellanoRosana Crespo Valencia Publicada 3 septiembre 2026 15:45h Actualizada 3 septiembre 2026 17:11hLa jueza del conocido como caso Azud ha incoado auto de procedimiento abreviado contra un total de 38 personas. Entre ellas, José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá; el que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau; o el exsubdelegado del Gobierno Rafa Rubio. Esto supone que quedan al borde del juicio.
La instrucción de esta causa, que llega a su fin casi nueve años después de que se iniciara en secreto la investigación y más de un lustro desde que estallaran las dos operaciones policiales que acabaron con todos ellos en prisión provisional, se ha centrado en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Ha salpicado a políticos del PP y del PSPV, además de empresarios.
Junto a los mencionados, la magistrada continúa el procedimiento contra más de una treintena de personas, como el constructor Jaime Febrer; el abogado vinculado al PSPV José Luis Vera; los empresarios Mónica Montoro, Federico Ferrando, Carlos Turró o Manuel Setién (exdirectivo del Banco de Valencia) ; el que fuera director de Relaciones Institucionales de Acuamed Joan Navarro; la alta funcionaria del Ayuntamiento de Valencia Esmeralda Orero; la exalcaldesa de Xixona Rosa Verdú; o el actual director general de Transparencia, Jorge Bellver.
La instrucción del 'caso Azud' llega a su fin tras 9 años con 15 sobreseimientos a empresarios, funcionarios o cargos del PSOEEn un auto de más de 300 páginas, la magistrada de la plaza 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, Pepa Tarodo, se centra en una exposición sucinta de hechos presuntamente delictivos, pero sin atribuir explícitamente los delitos a los investigados en el apartado de fundamentos jurídicos.
Una modalidad amparada por la Lecrim y por la que se limita a dar traslado a la Fiscalía y las acusaciones para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral -formulando escrito de acusación- o el sobreseimiento de la causa.
La investigación del caso Azud se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía en 2016, que a su vez había recibido información de la Agencia Tributaria sobre los ingresos del despacho de abogados de Corbín.
La mayoría de ellos provenían de empresas que habían sido adjudicatarias de contratos públicos entre 2007 y 2015 en el Ayuntamiento de Valencia, época en la que gobernaba Rita Barberá.
Pasado este último año y con la llegada de la izquierda, los citados ingresos pasaron de 1.223.311 euros en 2007 a 40.205 euros en 2015.
A lo largo de la instrucción, recuerda la jueza, se constató que la mercantil Corbín Abogados S.L. debía casi el 80% de sus ingresos a "pagos consistentes en comisiones ilícitas desembolsadas por grupos empresariales como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus entes públicos, principalmente en materia urbanística".
Empresas
Los grupos empresariales o empresas son Acciona, Grupo Cyes, Grupo Axis, Grupo Cleop, Grupo Secopsa y Grupo Cinal.
El total de comisiones cobradas por Corbín por las empresas adjudicatarias de contratación pública con el Ayuntamiento de Valencia son cuantificadas por la jueza en 3,6 millones de euros.
Aunque todo empezó con el cuñado de Barberá, las indagaciones a lo largo de estos años han llevado a más ramificaciones y protagonistas con presuntas mordidas de operaciones urbanísticas tanto en Valencia como en otros municipios con intereses cruzados y personas supuestamente implicadas.
La magistrada sostiene que la situación personal de Corbín, conocida por todos en el Ayuntamiento, le facilitaba reunirse con funcionarios públicos, concejales y alto funcionariado y “le permitían reuniones con empresarios que pretendían obras o adjudicaciones de servicios públicos, desvinculando formalmente de esa manera a su mujer y a su cuñada”.
Los ingresos percibidos por su mercantil, señala el auto, se realizaban de dos formas: o bien las empresas adjudicatarias de contratos en concurso público pagaban directamente a Corbín Abogados S.L., o bien dichas empresas pagaban a otra sociedad interpuesta que a su vez transfería dichos pagos, en todo o en parte, a Corbín Abogados S.L.
El cobro de comisiones
“El alto porcentaje de ingresos que se concentran en un número reducido de empresas adjudicatarias de contratos del Ayuntamiento de Valencia, la irrealidad de los trabajos efectuados y abonados a las mercantiles contratantes o la vinculación de los pagos con alguna obra en concreto, determinan que la mercantil Corbín Abogados S.L. fue el instrumento jurídico para materializar el cobro de comisiones ilícitas por parte de empresas adjudicatarias de contratos con el Ayuntamiento de Valencia. Éstos son disfrutados, entre otros, por su esposa, funcionaria pública, receptora real con su marido de tales prebendas”, señala la magistrada.
“Todo ello ha revelado que en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2005 y 2017, la citada mercantil declarará ingresos por un importe superior a los cinco millones de euros y, sin embargo, los gastos declarados ascendieron a 681.784,14 euros, pues pese a la ingente cantidad de los ingresos ha tenido a lo sumo tres o cuatro trabajadores en el citado período”, añade.
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