La jueza del caso Mediador ha decretado la apertura de juicio oral por la pieza principal de la trama contra 14 personas, entre las cuales se encuentran el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni; su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias; el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
En su escrito de acusación, presentado en junio de este año, la Fiscalía pedía ocho años de prisión para Tito Berni por cohecho continuado y pertenencia a un grupo criminal; 11 años de cárcel para su sobrino, al que le añaden el delito de estafa y una pena de 13 años de cárcel -la pena más elevada- para quien ejercía de mediador con los empresarios contactados, Marco Antonio Navarro Tacoronte: un total de 13 años.
Según el Ministerio Público, desde 2021, el ex diputado, su sobrino y el mediador "idearon un plan criminal en virtud del cual, previa concertación entre ellos y con una distribución de funciones claramente definida, proponían a empresarios fundamentalmente del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico y a cambio del pago de regalos, dádivas y comisiones, importantes negocios en el sector privado, así como la celebración de contratos, percepción de subvenciones y otros ilícitos beneficios en el ámbito público, todo ello localizado geográficamente en el archipiélago canario".
Así, el auto de la titular del juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo, abarca los delitos de cohecho, estafa, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, falsedad, pertenencia a grupo criminal, tráfico de influencias y otros como el delito de blanqueo.
El juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, también afecta al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para el que la Fiscalía pide dos años por colaborar con la trama, a la que servía para dar una apariencia de seriedad en las ofertas.
A los ocho empresarios crédulos que aceptaron pagar a la trama también los sienta la magistrada en el banquillo, aunque Miguel Ángel Robayna concurre con la atenuante de colaboración con la justicia.
Además, la lista de acusados incluye a dos cargos públicos para los que se piden altas penas de inhabilitación, aunque no de prisión. Se trata de Álvaro de la Bárcena Argany, que ejercía como Viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, y de Estefanía Margarita González Núñez, que ocupaba el cargo de Jefa de Servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador.