Política andaluza
La Junta acelera en El Algarrobico sin fecha de derribo y retrata los plazos fallidos del GobiernoEl Ejecutivo autonómico activa el expediente de restitución ambiental de Cabo de Gata y el Estado deberá asumir la factura de la piqueta
Regala esta noticia Añádenos en Google Una vista del hotel levantado irregularmente en el término de Carboneras. (Sur)Sevilla
30/09/2026 Actualizado a las 19:13h.El laberinto administrativo y judicial del hotel de El Algarrobico ha sumado un nuevo hito en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ... aunque aún no hay fecha para el final de la pesadilla. El Ejecutivo autonómico tomó conocimiento este miércoles de las actuaciones iniciadas por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio para avanzar en la recuperación del espacio que ocupa la mole de hormigón en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en Carboneras. El paso decisivo se produjo el pasado 9 de septiembre con la apertura formal del procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial, un trámite administrativo que sienta las bases para devolver los terrenos a su estado original previo a la construcción iniciada en 2003.
En febrero del año pasado, cuando aún era vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero aterrizó en la política andaluza abanderando la causa del derribo y prometiendo ver caer la estructura en cuestión de meses. Aquellos compromisos públicos que situaban la entrada de las máquinas «antes de finalizar el año» han terminado chocando con la cruda realidad de los tribunales. El anuncio tuvo el efecto de un bumerán para la credibilidad de la ahora secretaria general del PSOE de Andalucía. España no quiso caer en el mismo error y se resistió a poner fecha a la entrada de la piqueta que convertirá en escombros al mayor símbolo de la destrucción del patrimonio natural andaluz por el desenfreno del ladrillo.
Carolina España evitó poner fecha al comienzo de las obras de derribo e hizo una mención velada al compromiso incumplido de Montero
En el reparto de tareas y costes, la portavoz andaluza recordó que el presupuesto del derribo lo asumirá íntegramente el Estado, en el marco del expediente de expropiación tramitado por el Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que la Junta de Andalucía se encargará de la gestión y retirada de los residuos derivados de la demolición.
Escollo
Para llegar a esta nueva fase, la Junta ha tenido que superar dos escollos fundamentales. El primero consistió en personarse en la ejecución de las resoluciones judiciales para obligar al Ayuntamiento de Carboneras a adecuar su planeamiento y calificar definitivamente los suelos como no urbanizables de especial protección. El segundo frente atacó la propia licencia de obras concedida en 2003, cuya vigencia impedía actuar sobre el terreno. Tras el dictamen del Consejo Consultivo, el pleno municipal declaró nula la licencia el pasado 7 de julio, abriendo la puerta a la intervención autonómica, aunque la decisión ya ha sido recurrida por la promotora Azata del Sol ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El expediente de restitución iniciado por la Inspección de Ordenación del Territorio va más allá de derribar la estructura principal. Contempla el desmantelamiento de infraestructuras vinculadas, la demolición total y la regeneración ambiental del entorno. Como medida cautelar, el acuerdo decreta la suspensión inmediata de cualquier acto o uso en la zona. Con un plazo de caducidad de un año y 15 días para presentar alegaciones, la Junta inicia una cuenta atrás de doce meses para culminar la vía administrativa, consciente de que la última palabra volverá a estar en la mesa de los jueces.
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